Los juristas españoles cuestionan la legalidad de la ‘patada en la puerta’ para detener las fiestas ilegales: «Es desproporcionada»

La irrupción de la Policía el pasado fin de semana en un domicilio particular en Madrid donde se celebraba una fiesta privada que contravenía las medidas sanitarias ha puesto el foco en la legalidad de estas actuaciones, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, argumentara que el derribo de la puerta por parte de los agentes se ajustó al marco legal, ya que un piso turístico no es “morada” y por tanto no está sujetos al artículo 18 de la Constitución Española (CE), que reconoce la inviolabilidad de los domicilios.

Se trata de una postura que posteriormente refrendó la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, quien también negó que el Ministerio del Interior o la Policía Nacional dictara alguna orden para que los agentes entren en domicilios sin mandato judicial, pero con la que los juristas consultados por RTVE.es discrepan.

“Igual que un inquilino alquila una casa por un periodo indefinido, una persona que alquila un apartamento turístico es también un inquilino por muy poco tiempo que esté. Y mientras que esté, tiene los mismos derechos que el que habita una morada”, señala Borja Adsuara, profesor, abogado y experto en Derecho Digital.

Aunque en un principio se pensaba que la vivienda desalojada era un piso turístico, el contrato de arrendamiento, al que ha tenido acceso La Hora de la 1 de TVE, revela que el inmueble está destinado al uso “personal y vivienda habitual». El propio Marlaska ha matizado este miércoles sus palabras, asegurando que un inmueble utilizado «únicamente y exclusivamente» para la realización de fiestas ilegales no puede ser considerado morada. «No es un concepto formal sino material. Un piso o una habitación de hotel es morada, pero puede no serlo si no se utiliza para ese fin sino para fiestas ilegales», ha zanjado el ministro.

Si bien, para Adsuara “el concepto de morada o de domicilio tiene que ver con el que ha alquilado el domicilio, no con el uso concreto que se le dé: si va a hacer una fiesta o va a dormir”.

Los agentes señalan que se estaba cometiendo un “delito flagrante”

Los agentes, por su parte, se ampararon en la orden dictada por la Comunidad de Madrid por la que se faculta a las policías locales a poder inspeccionar este tipo de alojamientos sin necesidad de tener una orden judicial para perseguir las fiestas ilegales. Llamaron varias veces al timbre sin ningún éxito, se identificaron como policías, pidieron a los asistentes que se identificaran y avisaron a la Policía Municipal de Madrid para que realizaran una inspección del piso.

Tras varios minutos de espera los policías advirtieron que se estaba produciendo un «delito flagrante de desobediencia grave o resistencia» al negarse a identificarse, lo cual posibilitaría la entrada de los mismos por la autoridad, tal como establece el artículo 18 de la Constitución y el 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una vez en el interior, localizaron a 14 personas, todas ellas sin mascarilla y alguna de ellas fumando y sin mantener la distancia de seguridad. Pero, ¿realmente se estaba cometiendo un “delito flagrante”? ¿Es un caso de desobediencia grave?

Según el profesor de Derecho Penal de la UNED, Sergio Cámara, la irrupción en una vivienda por la fuerza al celebrarse una fiesta ilegal es una medida “como poco desproporcionada”, al entender que hay “serias dudas” de que verdaderamente se esté cumpliendo con las exigencias de la ley de Enjuiciamiento Criminal para considerar un delito como “flagrante”. Dichas exigencias son la urgencia y necesidad para evitar los efectos del delito.

“Si estamos hablando del delito de desobediencia, se entiende como consumado en el momento en el que se produce la negativa de las personas que se encuentran en el piso a identificarse. Y, por tanto, el delito estaría plenamente consumado. Ya no hay urgencia y necesidad de evitar otros posibles daños”, recalca el jurista. Cámara también pone en duda el calificar esa desobediencia como “grave” ya que las notas del Supremo dicen que tiene que dicha desobediencia “debe ser reiterada y contumaz, y por lo menos socialmente relevante”.

Mientras, el profesor titular de Derecho Constitucional de la UDIMA, Juan Manuel Herreros López, recuerda que el derecho a la inviolabilidad del domicilio sólo puede suspenderse cuando se decrete el estado de excepción o de sitio, pero no en el estado de alarma, por lo que en estos momentos goza de pleno derecho. “En principio lo más ajustado a la Constitución es entrar en el inmueble con autorización judicial. De esa forma se estaría actuando de forma impecable», recalca.

Unidas Podemos, su socio de coalición en el Gobierno, ha expresado sus discrepancias con la opinión de Marlaska en torno a la polémica y ha recalcado que el Tribunal Constitucional establece que los pisos turísticos también es un domicilio, por lo decir lo contrario es ignorar el «alcance del derecho a la intimidad». «Una habitación de hotel o una tienda de campaña es domicilio. Un piso turístico también. Quien diga lo contrario ignora el alcance del derecho a la intimidad», ha apuntado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens.

RTVE

About ELCOMUNISTA.NET (74200 Articles)
Síguenos en Twitter @elcomunistanet Síguenos en Facebook grupo: el comunista prensa roja mundo hispano Nuestro e mail: elcomunistaprensa@yahoo.com

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: