La incertidumbre se instala en la negociación para vender Alcoa San Cibrao

La incertidumbre parece estar de vuelta en las negociaciones para el proceso de venta de la fábrica de aluminio primario de San Cibrao, en Cervo (Lugo), la única que en la actualidad queda en España.

La dirección de Alcoa ha reconocido públicamente que todavía no obtenido «una respuesta» ni «comentarios» por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) a su «propuesta de condiciones generales», mientras que el Gobierno ha informado a los trabajadores de que no hay uno, sino varios compradores interesados.

Después de la reunión mantenida esta misma semana con representantes del Gobierno de España y de la Xunta de Galicia, el comité de empresa informó en una comparecencia de que el propio Ministerio de Industria admitió en ese encuentro la existencia de «varios potenciales compradores interesados» en la compra de la factoría gallega.

Sin embargo, este órgano apuntó también, y como matiz, que los representantes del Ministerio de Industria no concretaron en esa convocatoria si esos posibles compradores «pertenecen al sector industrial».

A la vez, mediante un comunicado remitido a la plantilla, la dirección de Alcoa precisa que le envió a la Sepi la propuesta de condiciones generales (termsheet) para la venta el pasado 4 de febrero, con el objetivo de cumplir el compromiso de firmar el traspaso antes del 30 de abril, pero todavía está «esperando» por «una respuesta y comentarios sobre dicha propuesta».

La dirección de la empresa precisa que «Alcoa acordó negociar la venta de la planta de aluminio a la Sepi, conforme a la propuesta del Gobierno de España y a la solicitud de los representantes de los trabajadores».

De ese modo, recuerda la multinacional, una vez que se complete el acuerdo de venta con la Sepi, será este organismo público el que decida cualquier acción posterior relativa a la planta de aluminio.

De hecho, si la Sepi requiere que un tercero negocie en su nombre con Alcoa, la multinacional asegura que ya le ha transmitido que está abierta «a esa alternativa».

En relación con la conocida como cláusula de responsabilidad, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, cuestiona abiertamente en declaraciones a Efe la exigencia de «inmunidad» que plantea Alcoa frente a posibles «denuncias presentes y futuras» en relación con la actividad del complejo industrial de San Cibrao.

En ese sentido, precisa que «habrá cosas de las que tendrá que hacerse cargo el que entre», cuando asuma la dirección de la factoría, pero otras están relacionadas con la gestión que hizo del complejo Alcoa en los últimos años, por lo que sería «descabellado» imputárselas a un nuevo gestor.

Sin embargo, la empresa recuerda que es completamente habitual en este tipo de operaciones acordar las limitaciones de responsabilidades del vendedor, un asunto que es «aún más relevante sabiendo que la Sepi prevé, posteriormente, vender esta planta a un tercero».

«Además, en esta posible operación, Alcoa ha ofrecido, no solo vender la planta por 1 euro, sino también transferir una suma muy importante de efectivo a la Sepi. Es decir, se trata de una transacción en la que el vendedor es quien paga y el comprador no se compromete a aportar ninguna cantidad por la compra de la planta».

Por ello, la empresa entiende que la contribución económica aportada por Alcoa compensaría las responsabilidades y obligaciones generadas por la planta de aluminio hasta su venta, además de recordar que la Sepi, por su parte, tendrá la oportunidad de evaluar esas responsabilidades a través del proceso de diligencia debida (due-diligence).

Como nuevo comprador, la Sepi «asumiría la gestión y las responsabilidades generadas a partir del momento en que se complete la venta», aclara Alcoa en la comunicación firmada por el presidente en España, Álvaro Dorado, y dirigida a sus empleados.

«Estamos convencidos de la legalidad de estas condiciones de acuerdo a la regulación española y de la UE y, en cualquier caso, esta cláusula que Alcoa ha propuesto el 4 de febrero es similar a la que se compartió con la Sepi en las negociaciones de 2020 y que Sepi no rechazó entonces», afirma la dirección de la multinacional.

De hecho, estipula este directivo que «Alcoa no puede acceder a aportar una gran cantidad de efectivo para esta transacción y, a la vez, aceptar que se mantenga la posibilidad de reclamar a la compañía en el futuro».

En cuanto al interés del grupo Liberty por la adquisición de la planta, una vez que quede completado el traspaso a la Sepi, el comité informa de que el Gobierno está pendiente de una reunión con representantes de la multinacional para «concretar la solvencia y el estado financiero del grupo».

La reunión con Liberty se plantea para confirmar si puede «continuar como potencial comprador», puntualiza el comité, porque los representantes del Gobierno también se abrieron a buscar «otras soluciones si esta falla».

Con este panorama, el comité pide a la Sepi, al Ministerio de Industria y a la Xunta que avancen en el proceso de venta, para asegurar la «continuidad del complejo» y en el «plazo establecido».

Asimismo, avisan de que la «ciudadanía» no entendería que fuesen ahora las administraciones las que «retrasasen la solución al conflicto».

El vicepresidente económico de la Xunta y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, solicita a Alcoa y al Gobierno de España que «den la máxima agilidad posible a las negociaciones en curso para cerrar cuanto antes un acuerdo».

«Le trasladamos al Gobierno la necesidad de dotar de agilidad a este proceso de negociación», reclama Conde, así como de que «haya un compromiso de transparencia por parte de Alcoa y de la Sepi para concretar un acuerdo de venta y trasladar certeza a los trabajadores antes del 30 de abril», que es cuando finaliza el plazo establecido para llevar a buen puerto esas conversaciones.

Ya por último, la multinacional asegura que «Alcoa ha ofrecido condiciones con la intención de vender la planta de aluminio de una manera responsable para todas las partes: está dispuesta a venderla por un euro, a aportar una suma muy significativa de efectivo y, a cambio, a requerir garantías por parte de la Sepi de que la venta será definitiva una vez se complete».

EFE

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