EDITORIAL.- Multinacionales y ciudadanos

A pesar del daño que la ausencia de control público sobre la economía está produciendo en nuestra  sociedad, algunos políticos apuestan y apoyan la privatización de las prestaciones ciudadanas,  sin azoramiento alguno.

Imagínense un núcleo familiar en el que los padres deciden privatizar (poner en manos extrañas e interesadas en obtener beneficios) la educación de sus hijos, su salud, su alimentación, etc. Esto, a gran escala, es lo que los políticos neoliberales intentan practicar aprovechando el contexto de una crisis, fraguada por ellos mismos. Esta receta de capitalismo salvaje está  dibujando en nuestro país un mapa con enormes bolsas  de pobreza y peligrosas  e insalvables desigualdades de todo tipo. El resultado de esta “terapia de mercado” está desestructurando las familias y la sociedad en general. Se intenta desprestigiar lo público con el único fin de obtener la privatización en todos los sectores, es decir, el reparto de más trozos del pastel, para una minoría voraz.

Las características de estos señores del reino, son la avaricia, el egoísmo y la cultura individualista, lejanas de todo fin de provecho colectivo. No importa si la Constitución Española contiene un modelo alternativo que muchos teóricos y pensadores consideran el apropiado en estos tiempos de injusticias sociales, porque la lectura que le dan a la Carta Magna, los sectores económicos dominantes, es interesada  y proviene de los centros de poder del imperio en el que vivimos. El resultado de entregar los servicios esenciales de la comunidad a manos privadas, es el abuso continuo de las grandes corporaciones sobre los derechos de los ciudadanos.

Y es en este contexto donde se hace imprescindible ilustrar acerca de lo dispuesto en el   artículo 51 de la CE, por el  que los poderes públicos deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, proteger, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Promover su información y educación, fomentar sus organizaciones y  oírlas en las cuestiones que les puedan afectar. Sin embargo, los monopolios, motivados, no por el  interés de la sociedad, precisamente,  sino el particular, se llenan los bolsillos en una vorágine de pingues beneficios que los poderes públicos permiten y a veces promueven, con la gestión y explotación de  algún bien o servicio de primera necesidad: en el campo energético, las telecomunicaciones, la sanidad, educación y prestaciones sociales de todo tipo.  La práctica de estas grandes empresas consiste en la centralización de la atención al público, donde interese a efectos fiscales, sin perjuicio de aquellas asistencias o funciones que convenga subcontratar en la vía de la externalización, por comunidades, provincias y municipios; prolongando aún más la privatización de todo el sector público haciendo entrar a éste en una decadencia de calidad y rentabilidad social. De esta manera el sector privado está absorbiendo al sector público sin que las astronómicas ganancias que ello le está reportando, reviertan en el ciudadano, quien, en un estado de total indefensión, muchas veces para formular sus reclamaciones, directamente a la entidad en cuestión, disponen tan sólo de un número de teléfono “inteligente” y costoso, que tras una larga espera, responde una máquina o una persona. Lejos de dar solución al problema, se obliga al usuario a reiterados intentos desesperados, convirtiéndose en una misión imposible. Y es que el temor a verse perjudicado o en ocasiones, sufrir, por ejemplo, el corte de los suministros de agua, luz, calefacción y teléfono, fuerza al ciudadano a desembolsar, abusivos importes de dinero que supera con creces la cantidad y la calidad del propio servicio, reportando enormes rentabilidades económicas para estos gigantescos emporios. Resultado: es el propio Estado y los pilares sociales los que se están externalizando, en beneficio de unos pocos y contra los intereses de la mayoría de la población.

La dinámica hacia la que vamos es el control que las grandes multinacionales adquieren en la economía, la misma influencia y poder político que antiguamente poseían los propietarios del capital que, otrora, oprimían al proletariado. Hoy, como escribiera el economista John K. Galbraith, las grandes empresas capitalistas someten a todos los habitantes, en sus roles de trabajadores, consumidores, accionistas y, crecientemente, como ciudadanos.

¿Por qué a los responsables políticos de este país no se les ocurre poner en manos de cooperativas, pymes o autónomos los sectores públicos para el desarrollo de los servicios esenciales de la comunidad, generando así empleo y calidad de vida? ¿Por qué mientras se redacta un proyecto de ley de economía social se tiende, paralela y antagónicamente, a la privatización de todo lo público? Decía Séneca: “Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto va».

A pesar del daño que la ausencia de control público sobre la economía está produciendo en nuestra  sociedad, algunos políticos apuestan y apoyan la privatización de las prestaciones ciudadanas,  sin azoramiento alguno.

Imagínense un núcleo familiar en el que los padres deciden privatizar (poner en manos extrañas e interesadas en obtener beneficios) la educación de sus hijos, su salud, su alimentación, etc. Esto, a gran escala, es lo que los políticos neoliberales intentan practicar aprovechando el contexto de una crisis, fraguada por ellos mismos y agravada por una pandemia de gran impacto sanitario y económico.

Esta receta de capitalismo salvaje está  dibujando en los países donde se aplica un mapa con enormes bolsas de pobreza y peligrosas  e insalvables desigualdades de todo tipo. El resultado de esta “terapia de mercado” está desestructurando las familias y la sociedad en general. Se intenta desprestigiar lo público con el único fin de obtener la privatización en todos los sectores, es decir, el reparto de más trozos del pastel, para una minoría voraz.

Las características del neoliberalismo son la avaricia, el egoísmo y la cultura individualista, lejanas de todo fin de provecho colectivo. No importa si la Constitución de cada país contiene un modelo alternativo, porque la lectura que le dan los sectores económicos dominantes, es interesada  y proviene de los centros de poder del imperio en el que vivimos. El resultado de entregar los servicios esenciales de la comunidad a manos privadas, es el abuso continuo de las grandes corporaciones sobre los derechos de los ciudadanos.

Los poderes públicos deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, proteger, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Promover su información y educación, fomentar sus organizaciones y  oírlas en las cuestiones que les puedan afectar. Sin embargo, los monopolios, motivados, no por el  interés de la sociedad, precisamente,  sino el particular, se llenan los bolsillos en una vorágine de pingues beneficios que los poderes públicos permiten y a veces promueven, con la gestión y explotación de  algún bien o servicio de primera necesidad: en el campo energético, las telecomunicaciones, la sanidad, la educación y prestaciones sociales de todo tipo. 

La práctica de estas grandes empresas consiste en la centralización de la atención al público, donde interese a efectos fiscales, sin perjuicio de aquellas asistencias o funciones que convenga subcontratar en la vía de la externalización, prolongando aún más la privatización de todo el sector público haciendo entrar a éste en una decadencia de calidad y rentabilidad social. De esta manera el sector privado está absorbiendo al sector público.

La dinámica hacia la que vamos es el control que las grandes multinacionales adquieren en la economía, la misma influencia y poder político que antiguamente poseían los propietarios del capital que, otrora, oprimían al proletariado. Hoy, como escribiera el economista John K. Galbraith, las grandes empresas capitalistas someten a todos los habitantes, en sus roles de trabajadores, consumidores, accionistas y, crecientemente, como ciudadanos. por la vía del consumo de las necesidades básicas esenciales y la especulación con la deuda púbica de los Estados.

¿Por qué a los responsables políticos no se les ocurre poner en manos de cooperativas, pymes o autónomos los sectores públicos para el desarrollo de los servicios esenciales de la comunidad, generando así empleo y calidad de vida? ¿Por qué se tiende, antagónicamente, a la privatización de todo lo público? Decía Séneca: “Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto va».

Los pueblos no deben respaldar, ni con el voto ni con nada, a las políticas neoliberales, las que están diseñadas contra sus propios intereses. La única alternativa que responde al bienestar popular es el socialismo.

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