Los partidos piden un ‘plan B’ al estado de alarma y Sánchez dice que las comunidades tienen «herramientas» suficientes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este martes que no prevé prorrogar el estado de alarma una vez que concluya el próximo 9 de mayo al existir «herramientas jurídicas suficientes» para seguir actuando, si bien el grueso de los partidos ha reclamado pactar una alternativa jurídica antes de que decaiga.

Sánchez ha asegurado que la aceleración del proceso de vacunación y la cogobernanza, que tiene como epicentro el Consejo Interterritorial, han generado «un escenario completamente distinto» respecto a hace unos meses que permite suavizar las medidas vigentes desde finales del pasado mes de octubre, como el toque de queda o los confinamientos de las comunidades autónomas.

«El Gobierno tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención. El Gobierno quiere que no haya más prórrogas», ha zanjado el presidente en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa después de que vayas autonomías se hayan inclinado por prolongar la alarma.

Sánchez ha subrayado que el Consejo Interterritorial, donde participan el Ejecutivo y las comunidades autónomas, tiene capacidad de dictar medidas de «obligado cumplimiento», como han establecido los tribunales superiores de Justicia. Por ello, ha abogado por proseguir con los mecanismos de cogobernanza sin necesidad de renovar el estado de alarma.

«Tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia, que hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar en las próximas semanas», ha argumentado Sánchez, quien el miércoles comparecerá en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la pandemia.

Compromís, Bildu y Más País abogan por un decreto pactado

Algunos de los socios de investidura de Sánchez, como Compromís, Bildu y Más País, han abogado por un decreto pactado con las comunidades autónomas para crear un «paraguas jurídico» y evitar que los tribunales puedan revocar las decisiones que adopte un territorio. Para la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, es «jurídicamente posible» y evitaría que el 10 de mayo fuese «la ley de la selva».

El diputado de Compromís Joan Baldoví se ha sumado a la petición de que Sánchez convoque a los presidentes autonómicos para consensuar medidas que no puedan echar atrás los jueces, mientras el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha confiado en que Sánchez exponga el miércoles una «alternativa» común para todas las autonomías para evitar «una guerra de guerrillas» entre ellas. «No somos muy partidarios de entrar en una especie de mercado persa y de acuerdos uno a uno», ha comentado Errejón.

El País Vasco es una de las regiones que se inclina por renovar el mecanismo excepcional que prevé la Constitución. No obstante, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en declaraciones a Onda Cero, ha propuesto buscar una solución política a través de una «legislación puente» que sirva de escudo ante las acciones que se puedan tomar en el próximo trimestre.

La Generalitat no ha pedido explícitamente a Sánchez que prolongue la alarma, aunque su consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha dado a entender que si los datos epidemiológicos siguen siendo preocupantes, hará falta un mecanismo «excepcional» para mantener determinadas restricciones.

Para Budó, ha sido «prematuro» anunciar ya el fin del estado de alarma, al tiempo que ha instado a Sánchez a no supeditar su decisión a los «intereses electorales» del PSOE en las elecciones madrileñas.

Aragón, gobernada por la izquierda, ha restado importancia al fin del estado de alarma al recordar su consejera de Sanidad, Sira Repollés, que las autonomías cuentan con una ley que permite los confinamientos de unidades territoriales diferentes a los regionales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este martes que las próximas semanas serán «complicadas, como consecuencia de los efectos de la Semana Santa», pero ha asegurado que gracias a la aceleración de la vacunación que prevé y al marco jurídico con el que cuentan las comunidades autónomas será posible levantar el 9 de mayo el estado de alarma.

RTVE

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