El Gobierno español prorrogará tres meses la suspensión de desahucios y la moratoria de alquiler

El Gobierno ampliará tres meses la moratoria del alquiler y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables, medidas aprobadas con motivo de la irrupción de coronavirus y que decaían con el fin del estado de alarma, un mecanismo que el Ejecutivo pretende que se acabe el 9 de mayo pese a la presión de gobiernos autonómicos y grupos políticos que reclaman que se amplíe para tener margen para luchar contra la pandemia hasta la inmunización de la población.

Así lo ha anunciado este miércoles el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Congreso de los Diputados para presentar el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que captará los 140.000 millones de euros provenientes de la Unión Europea (UE), un nuevo «hito» en la historia que a su juicio contribuirá a hacer de España «un gran país», como así lo hicieron, ha dicho, la proclamación de la II República en 1931, la Constitución de 1978 y la entrada en la UE en el año 1986. «España no va a desaprovechar esta oportunidad», ha enfatizado el presidente.

En su intervención, Sánchez ha subrayado que la intención del Gobierno es «no prorrogar el estado de alarma», si bien ha recalcado que continuará trabajando en su compromiso de «no dejar a nadie atrás». «El Gobierno de coalición está comprometido con la Constitución y con el ejercicio del derecho constitucional a una vida digna», ha señalado el jefe del Ejecutivo, para a continuación anunciar la prórroga de las medidas incluidas en los reales decretos en esta materia.

En concreto, se ampliará durante tres meses la posibilidad de solicitar una moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, así como los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses en los mismos términos que se venía haciendo. Hasta finales de marzo, ha detallado Sánchez, se habían concedido 225.000 moratorias de deudas hipotecarias, 373.000 suspensiones de créditos no hipotecarios y más de 843.000 moratorias sectoriales para deudores no vulnerables.

Asimismo, el presidente ha anunciado que también se prorrogará por el mismo tiempo la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos a aquellos hogares sin contrato cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores a cargo, si así lo considera un juzgado. «Se trata de medidas urgentes que se complementan con el paquete de medidas que se están llevando a cabo para garantizar el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada», ha recalcado Sánchez, y a las cuales se sumará «dentro de poco» la primera Ley estatal de vivienda, ha añadido.

El Gobierno «trabaja» en una nueva prórroga de los ERTE

A estas medidas se sumarán los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) que, según señaló la pasada semana la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se alargarán más allá del 31 de mayo, que es la última prórroga que se pactó en el marco del diálogo social.

El propio Sánchez ha confirmado que se está «trabajando en una nueva prórroga» y que el coste de este mecanismo ha sido de «casi 30.000 millones de euros». Para financiarlo, España recibirá 21.325 millones del fondo SURE contra el desempleo, un mecanismo acordado en el seno de la UE tras la irrupción de la pandemia como parte de la triple red de seguridad por valor de 540.000 millones de euros para trabajadores, empresas y países. España es el segundo país que más dinero recibirá de este mecanismo, tan solo por detrás de Italia.

Precisamente en materia de empleo, el presidente del Gobierno ha insistido que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destinará en los próximos tres años un total de 70.000 millones de euros en torno a 20 principales ejes de inversión, tiene entre sus prioridades mejorar el funcionamiento del mercado laboral, lo que pasa por apostar por la educación y, en concreto, por la formación profesional. Así, Sánchez ha anunciado que en los próximos meses se aprobará una ley que unificará la formación profesional del sistema educativo con la formación profesional para el empleo, con el objetivo de que constituya una «palanca para el crecimiento económico».

Durante su presentación en la Moncloa este martes, Sánchez anunció que esta partida recibirá un 10,5 % del total de inversiones en esta primera fase y, entre otras medidas, que se simplificarán a tres los tipos de contratos de trabajo: estable, temporal y de formación. «No es un plan de Gobierno, es un plan de España, de país», ha destacado el jefe del Ejecutivo, el «plan más ambicioso de transformación económica a lo largo de toda la historia», que se mandará a Bruselas en «las próximas semanas».

No obstante, y a la espera de que lleguen estos fondos a las cuentas españolas, cuyo retraso ha provocado una rebaja de las previsiones económicas de crecimiento hasta el 6,5 % del PIB para este año, Sánchez ha considerado que la mejora de la situación ya empieza a palparse en el empleo, aunque ha reconocido que los datos aún son «insuficientes». «El número de trabajadores está muy cerca de situarse en los 19 millones, sin contar aún con la recuperación de un sector tan importante para España en el empleo como el turismo», ha señalado el presidente, al tiempo que ha celebrado que el desempleo haya descendido en marzo en 16 comunidades autónomas.

Garantiza que se cumplirá el calendario de vacunación

A pesar de los problemas con la vacuna de AstraZeneca y la paralización de la llegada de Janssen a la UE, el jefe del Ejecutivo ha garantizado que España cumplirá el objetivo de vacunación que se ha propuesto, que implica tener vacunados a finales de agosto a 33 millones de españoles. «El próximo escenario será recibir entre abril y junio 38 millones de dosis», ha asegurado Sánchez, que ha recordado que suponen 3,5 millones más que en el trimestre anterior.

El presidente ha recordado que la estrategia de vacunación «no es un procedimiento cerrado», sino que tiene que ser «un procedimiento vivo». «Seguimos cada día, a cada hora, la evolución de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y los escenarios, a veces cambiantes. Tenemos un objetivo: vacunar, vacunar y vacunar con total garantía y seguridad”, ha sentenciado.

RTVE

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