Áñez irá a juicio internacional si no prospera proceso en Bolivia, advierte activista

La Asamblea de Derechos Humanos de la ciudad boliviana de El Alto (organización social autónoma) advirtió el jueves que promoverá un proceso penal internacional contra la expresidenta Jeanine Áñez si el parlamento nacional no aprueba un juicio de responsabilidades contra ella por genocidio en el sistema judicial local.

«Queremos que se la enjuicie aquí, pero si la Asamblea (Legislativa Plurinacional) no lo aprueba por falta de los dos tercios de votos necesarios, nos va a oportunidad de que acudamos a la justicia internacional», dijo a Sputnik el representante de la asamblea alteña, David Inca.

Inca hizo la declaración mientras el Ministerio de Justicia anunciaba que estaba a punto de presentar a la Fiscalía General una proposición acusatoria para que Áñez, actualmente en detención preventiva, sea sometida a juicio especial por las masacres de opositores en el inicio de su gobierno, en noviembre de 2019.

La organización alteña representa a las víctimas de una de esas matanzas, que se produjo en torno a una planta de almacenamiento de combustibles en el barrio de Senkata, de El Alto, y dejó al menos 10 fallecidos y decenas de heridos

JUICIO PRINCIPAL

Inca dijo que el proceso por todas las masacres, que dejaron al menos 37 muertos en total entre opositores al golpe de 2019, que instaló a Áñez en el poder, será planteado independientemente de los cuatro juicios de responsabilidades por otros casos que la Fiscalía tramita ante denuncias del Gobierno y sectores sociales.

En Bolivia, los juicios de responsabilidades contra exgobernantes deben desarrollarse en el Tribunal Supremo de Justicia previa autorización del parlamento, por dos tercios de votos, lo que significa que el mayoritario y hoy gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), que apoya el enjuiciamiento de Áñez, debe sumar apoyos de la oposición.

El representante de derechos humanos de El Alto dijo que el juicio por las masacres será «sin duda el más importante» y podría ser planteado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

«Para avanzar en ese sentido, necesitamos que el parlamento resuelva no autorizar el juicio en el territorio boliviano, lo cual es posible porque el MAS no tiene dos tercios», apuntó Inca.

Los votos que le faltan al oficialismo para la eventual autorización parlamentaria del juicio están en manos de la neoliberal Comunidad Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), y de la alianza ultraderechista Creemos, del exlíder cívico Luis Fernando Camacho.

Inca reveló que las bases de la acusación de su organización serán el informe preliminar sobre las masacres que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2019 y otro que redacta actualmente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

«El informe del GIEI es muy importante; esperamos que confirme el informe preliminar de la CIDH de que hubo delitos de lesa humanidad, genocidio, para plantear el juicio de responsabilidades contra la expresidenta de facto», aseveró.

Añadió que los mismos informes servirían para impulsar juicios penales ordinarios contra exministros y exjefes militares y policiales responsables de las masacres.

Además de las demandas de juicios de responsabilidades, Áñez enfrenta una acusación por la forma en que se autoproclamó presidenta transitoria tras la caída del presidente Evo Morales (2066-2019), caso por el cual está en detención preventiva desde hace un mes.

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