El desafío de vacunar a las personas «sin techo», «sin papeles» y a quienes no tienen acceso a la sanidad pública en España

El reto para las administraciones es detectar a estas personas, ya que no figuran en ningún registro.

«Todos los residentes en España serán vacunados», sentencia sobre papel la Estrategia Nacional de vacunación frente a la COVID-19 elaborada por el Ministerio de Sanidad. Han pasado más de cuatro meses desde la puesta en marcha del plan para inmunizar a la población, una maquinaria que se atasca cuando se trata de personas sin techo, en situación administrativa irregular o con residencia legal pero excluidas de la sanidad publica. El reto para garantizar la inmunidad comunitaria sería que las administraciones detectaran esas situaciones, puesto que esas personas no figuran en ningún registro.

Sanidad responde a Rtve.es que «son las comunidades autónomas las encargadas del proceso de vacunación porque son las que tienen las competencias en esa materia». Eso se traduce en realidades distintas. En Asturias se han enviado instrucciones a todos los centros de salud para dar alta y enviar la información a las unidades de vacunación sobre estas personas, a las que se pide solamente un documento identificativo. En Madrid se exige un empadronamiento de al menos 90 días como requisito obligatorio; en Castilla y León se está pidiendo el DNI o NIE para las vacunaciones masivas y así hasta 17 formas de acceder a la vacuna según las 17 consejerías de sanidad. 

Ni en los centros tienen claras las instrucciones ni las personas afectadas tienen la información, incluso pueden tener miedo de preguntar por el temor a ser identificados. «No va a ser sencillo localizar a los que viven en la calle o a los que se encuentran en una situación irregular. Tenemos que trabajar en la no deportación y trasmitir que la vacuna es segura. Necesitamos dejarles claro que el registro de sus datos no va a utilizarse para otros fines. Hay que adaptar los mensajes y ver como se hace», explica, a Rtve.es, Nieves Turienzo Rio presidenta de Médicos del Mundo. Uno de los principales escollos es la exigencia del empadronamiento como única prueba de que la persona lleva más de 90 días en España y «esto sigue siendo una barrera en el acceso a la atención sanitaria y también a la vacunación», recalca Turienzo.

Desde Hogar Sí, una entidad que trabaja con personas sin hogar, exigen al Gobierno que incorpore una guía a seguir por las comunidades autónomas y que sea un asunto a tratar en el Consejo Interterritorial. Además, piden «que el sinhogarismo se considere como grupo prioritario», explica a Rtve.es José Manuel Caballol, director general de la organización. Según una investigación realizada en Canadá por parte de Canadian Medical Association las personas que viven en la calle tienen más posibilidades de contagiarse por COVID-19 y, en caso de hacerlo, tienen diez veces más probabilidades de necesitar cuidados intensivos y cinco veces más riesgos de morir por coronavirus. «Está demostrado que tienen 20 años menos de media de vida que el resto de la población. De las 1.000 que nosotros acogemos en centros solo se ha vacunado a 12 en Córdoba», recuerda Caballol.

Según Médicos del Mundo, las comunidades autónomas han habilitado varios sistemas para localización de estos perfiles, que son básicamente tres: líneas de teléfono a las que pueden llamar las personas sin tarjeta sanitaria para asuntos relacionados con la pandemia y específicamente, con la vacunación; acudir a mostradores de centros de salud; o gestionarlo a través las ONG, para que faciliten nombres de personas que atienden y que están dispuestas a dar su contacto y ser vacunadas.

«Nunca he ido al médico. Tengo asumido que moriré en la calle»

Alejandro siempre esta en un mismo rincón de la misma calle todos los días. Tiene un vasito por si los transeúntes quieren echar alguna moneda. Vive en está situación desde hace 5 años y nació hace 46 en Rumanía. En 2009 logró llegar a España tras de vivir en Francia e Italia. Cuando nos acercamos se pone bien la mascarilla «es por vuestro bien, no por el mío», dice sonriendo.

Habla un español perfecto, escucha música de su país y bebe una litrona de cerveza. «Yo no sé muy bien lo que ha pasado. La información que tengo es la que me cuentan mis amigos de las tiendas o algún vecino. Sé que ha habido una enfermedad, pero yo solo he estado mal un día», confiesa. El pasado mes de diciembre le trasladaron a urgencias en una ambulancia por una subida de tensión. «Soy comunitario», abre una riñonera para enseñar su documentación, pero carece de carnet de identidad o tarjeta sanitaria. «¿Qué vacuna? No sé lo qué es esto».

El Gobierno calcula que diez millones de personas viven en España por debajo del umbral de la pobreza. Se estima que hay al menos 33.000 personas sin hogar según el último dato recogido por la Estrategia Estatal de Personas Sin Hogar y es una cifra que corresponde a 2012. Hogar Sí quiere señalar que son personas que «o no acuden o no tienen plaza en un centro y viven en la calle donde sufren unos niveles de exclusión muy elevados, lo que supone importantes retos a la hora de hacer el seguimiento de estas personas e inocularles segundas dosis, en caso de ser necesario». Tienen la esperanza depositada en una vacuna de una sola dosis como la de Johnson & Johnson aunque ahora se ha paralizado su suministro. 

«No tengo papeles y cuido a una mujer de 93»

Nura vino a España hace un año y medio huyendo de la violencia de Honduras. «No tengo papeles y no sé cómo se hacen». Trabaja cuidando a una mujer de 93 años, que ya ha sido vacunada. Es consciente de que por edad aún no le toca, aunque quizás sí por cuidadora de gran dependiente. No está tranquila y teme que cuando le llegue el turno no cumpla con los requisitos de vacunación. Tiene miedo de perder el trabajo. «Me han dicho unas amigas que en Madrid se exige un padrón de tres meses», nos explica. Estaba empadronada en otra provincia.  


Esta mujer ha dejado atrás a sus dos hijas y a toda su familia. «Quiero los papeles para poder regresar de vacaciones a mi país y también para no tener problemas con la vacuna. Nadie me ha preguntado nada. Fui al centro de salud para pedir apuntarme y no pude hacerlo. No saben decirme lo que tengo que hacer y mi nombre no les aparece en ningún sitio», dice.

«Muchas trabajadoras están en el régimen de interna, viviendo en sus puestos de trabajo pero empadronadas en otro lugar y esto va dificultar su traslado para acceder a la vacuna. Muchas no figuran en los registros sanitarios por no contar con el empadronamiento», argumenta Edith Espínola, portavoz de la Asociación para la Defensa de los y las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (SEDOAC). 

El último informe de Fundación Por Causa en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid hablaba de entre 390.000 y 470.000 personas en situación administrativa irregular a finales del 2019. Médicos del Mundo trabaja en 14 comunidades autónomas: «Vamos a colaborar en todos los aspectos para llevar la vacuna a estas personas», asegura la presidenta de la ONG. También apunta que han detectado ya muchos problemas como que «en un principio no se estaban incluyendo a mujeres embarazadas, a personas mayores que cumplen con el requisito de la edad, pero que no están en el sistema nacional de salud. Se trata de personas que han venido por reagrupación familiar, tienen su documentación en regla y no tienen acceso a la sanidad gratuita».  

«No existo para el sistema nacional de salud»

«Solo quería estar en una lista de espera. Según las noticias todo el mundo puede vacunarse y no entendía muy bien por qué yo no existo para el sistema nacional de salud si mi residencia es legal», explica Magda Hussein media hora antes de romper el ayuno de Ramadán. Tiene 70 años y sufre una enfermedad autoinmune. Vino hace un año de Egipto por reagrupación familiar y ahora vive en Madrid con su hija. Para legalizar su situación en España se le exigía tener un seguro privado, las normas de la Seguridad Social solo permiten que puedan ser beneficiarios hijos o cónyuges, en ningún caso un pariente ascendente.

Hace unos días Magda acudió al centro de salud y le dijeron: «Para nosotros no existes y no podemos vacunarte». «Estoy asustada, esperaba con muchas ganas los papeles y tengo pocas defensas», añade. Dice que su hija se ha estado informando, llamando a la Consejería de Sanidad repetidamente y, al fin, le han confirmado que podrá vacunarse si está empadronada. «Si lo llego a saber la empadronaba hace unos meses. Para hacer sus papeles no me pedían este documento y entonces no lo hice. Ahora aunque la avisen tiene que esperar 90 días más», interrumpe su hija Bassant.

¿Qué establecen los demás países?

Según un informe publicado por la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM) a nivel de Europa solo España y Holanda citan textualmente en su estrategia de vacunación a las personas en situación irregular. El gobierno portugués ha lanzado una plataforma online en la que las personas indocumentadas puedan registrarse para acceder a la vacuna sin necesidad de un número de seguridad social. El Ministerio de Salud francés aclara que las vacunas serán gratuitas para todas las personas y que no se pedirá ni la documentación ni seguro médico. Italia hasta febrero no se posicionó con que la vacuna iba a ser inyectada a todas las personas que residen en el territorio.

Polonia es uno de los pocos países europeos que de momento no tiene previsto vacunar a las personas en situación irregular y así lo explican en la web del ministerio de sanidad: “Los extranjeros con derecho a permanecer son vacunados en las mismas condiciones que los ciudadanos polacos.

La guía del gobierno en el Reino Unido establece que las vacunas estarán disponibles de forma gratuita para los inmigrantes indocumentados y no se llevará a cabo ningún control migratorio. En Estados Unidos la administración de Joe Biden ha llamado a la vacunación de las personas indocumentadas, el problema es que hay mucho miedo a que las autoridades aduaneras accedan a esta información.

Estos dos últimos países son los que han destacado al trazar una hoja de ruta para las personas sin hogar. El gobierno británico ha puesto a este grupo como prioritario. Un colectivo que, por cuarto año consecutivo, aumenta en Estados Unidos. Se estima que hay unas 600.000 personas que viven en la calle. Las autoridades han establecido un sistema específico que incluye la inyección de la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis, actualmente también paralizada en Estados Unidos.

RTVE

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