El 97% de la vacuna de AstraZeneca fue financiada con dinero público

Una investigación sobre el origen de los fondos que han financiado las vacunas contra la Covid ha revelado que la desarrollada por la universidad de Oxford y AstraZeneca fue pagada, casi en su totalidad, con dinero público.

El 97% de los fondos que permitieron crear este inmunógeno provienen de contribuyentes o fideicomisos. Tal y como ha revelado The Guardian, los investigadores pudieron identificar la fuente de cientos de millones de libras de subvenciones de investigación científica desde el año 2000.

Tal y como han publicado, la industria farmacéutica soportó menos del 3% de los 120 millones de euros que se invirtieron en la investigación de la vacuna Vaxzevria. La mayor parte de esta cantidad, sobre todo en las primeras fases de investigación, provino de departamentos gubernamentales del Reino Unido (45 millones) y de la Comisión Europea (30 millones). Los otros 45 millones llegaron de institutos científicos británicos y estadounidenses financiados con fondos públicos a y organizaciones benéficas como Wellcome Trust.

La inversión pública en compuestos como el de AstraZeneca y la pírrica inversión privada ponen en jaque no solo afirmaciones como la del premier británico, Boris Johnson, que apuntó que su desarrollo había sido posible “por el capitalismo”, sino que también abren el debate sobre la necesidad de liberar las patentes.

Pese a haber invertido solo el 2% de lo necesario para financiar la vacuna, la farmacéutica tiene en propiedad su patente

Las farmacéuticas pedían seguir manteniendo el control de dichas patentes, advirtiendo que renunciar a ellas ponían en peligro los derechos de propiedad y la capacidad de generar ganancias como impulso clave de la innovación en vacunas.

“Nuestro estudio muestra que es todo lo contrario: la inversión pública y la colaboración internacional nos dieron las vacunas Covid-19”, dijo en un comunicado el equipo de investigadores del grupo de defensa Universities Allied for Essential Medicines UK.

Hasta 240 organizaciones internacionales, entre las que se encuentra Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras, se oponen a la nueva propuesta realizada por un grupo de países a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que plantea acuerdos voluntarios entre las compañías propietarias de las patentes y otras farmacéuticas como solución para aumentar la producción de vacunas.

Estos acuerdos, recuerdan, ya se vienen alcanzando y no son transparentes ni aseguran que pueda cubrirse la demanda mundial porque vuelven a dejar el control del suministro en manos de las compañías bajo acuerdos muy restrictivos.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) sigue debatiendo estos días la propuesta que India y Sudáfrica presentaron en octubre para solicitar una suspensión temporal de las patentes durante la pandemia que permita aumentar la producción de vacunas y otras tecnologías sanitarias para luchar contra la Covid-19. A pesar de que la apoyan 103 de los 162 países que conforman la OMC, los Estados más ricos -entre ellos, los de la UE- siguen bloqueando esta iniciativa.

Las organizaciones han enviado una carta a la nueva directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, para mostrar su preocupación por este nuevo giro que, lejos de ser una verdadera propuesta alternativa, sigue dejando el control del suministro de vacunas en manos de la industria farmacéutica. Una industria, advierten, “que se ha mostrado incapaz de hacer frente a la respuesta que necesita la pandemia y cuya capacidad de producción es, a todas luces, insuficiente”.

Las organizaciones denuncian que estos acuerdos no son ninguna novedad y la experiencia evidencia que son, en su mayoría, “poco transparentes, contienen términos y condiciones restrictivas que refuerzan el control vertical de los holdings tecnológicos y limitan artificialmente la producción y el suministro para restringir las opciones de abastecimiento mundial”.

Uno de los ejemplos más claros, aseguran, es el caso de AstraZeneca, que concedió una licencia de fabricación al Serum Institute de India para suministrar su vacuna a 92 países a través de la iniciativa COVAX. Estos países suman la mitad del mundo, es decir, casi 4.000 millones de personas, por lo que un tercio de la humanidad depende ahora, principalmente, del suministro de vacunas de una única empresa de la India.

Asimismo, recuerdan que en la mayoría de estos acuerdos bilaterales, “la compañía propietaria de la patente mantiene el control total sobre el uso de su tecnología y el reparto de vacunas”. Eso quiere decir que, aunque las empresas que se incorporaran a la producción “pueden ayudar a aliviar cierta presión a corto plazo”, las compañías que ostentan la patente no están obligadas a compartir todos los componentes de las vacunas.

https://www.lavanguardia.com

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