El Gobierno español impulsa un nuevo modelo de cuidados con mayores en sus casas y empleo digno

El nuevo modelo contará con 730,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos y que se repartirán entre las comunidades.

Más de la mitad se destinará a fomentar un modelo de atención a las personas dependientes que les permita vivir en sus casas.

El Gobierno ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, una inversión de 730,8 millones de los fondos europeos y que se repartirán entre las comuniades autonómas, para impulsar un nuevo modelo del sistema de cuidados que prioriza la atención domiciliaria de los mayores frente a la residencial y pretende crear empleo de calidad en un sector altamente precarizado y feminizado.

En su primera intervención en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha señalado que esta medida es consecuencia de uno de los «aprendizajes» que la pandemia de coronavirus ha reportado durante el año 2020, que es la «necesidad de una transformación profunda» de los cuidados, tanto a las personas mayores como a aquellas dependientes.

En este sentido, la ministra ha considerado que la pandemia ha evidenciado que «las residencias han mostrado sus dificultades» y que los mayores «no han sido atendidos adecuadamente, ni de acuerdo con sus deseos», que son permanecer el mayor tiempo posible en sus casas.

«Otra lección y vuelta de tuerca es que cuando las políticas públicas no atienden los cuidados, son las mujeres las que se hacen cargo», en el ámbito familiar o con empleos precarios.

Por ello, Belarra ha destacado que el Gobierno ha pisado el acelerador y ha puesto «la primera piedra en la necesaria transición social» con la aprobación de estos fondos para que las comunidades autónomas «los tengan disponibles cuanto antes», cuyo reparto se hará próximamente en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Priorizar los cuidados domiciliarios

La mayor parte de los fondos, 482,4 millones de euros, van destinados a fomentar un modelo de atención a las personas dependientes que les permita vivir en sus casas, dándoles la atención necesaria para ello. Además, se quiere que los centros residenciales se constituyan como entornos similares a los domésticos.

«Queremos la transformación de un modelo residencial en modelo de atención a domicilio» para que puedan atenderles en sus casas el mayor tiempo posible, y cuando no se pueda, que esos centros «parezcan hogares».

Se trata, según ha explicado Belarra, de lograr «un modelo centrado en la persona» y que esta sea atendida en su domicilio mientras sea posible y que las residencias sean «lo más parecido a un domicilio posible», es decir, «más pequeñas» y con «un personal más estable». «Lo contrario al modelo actual», ha indicado la ministra.

Empleo de calidad

Según Belarra, con estos fondos España se parecerá más a Europa, «donde la inversión en cuidados de larga duración está muy por encima de la media española».

Además, la ministra ha puesto en valor los beneficios de esta inversión, que ha calificado de «positiva», por el hecho de impulsar un sector que está altamente feminizados y por el empleo «de calidad» que supondrá.

«Además de aumentar el bienestar de la población, activará la economía de los cuidados y generará empleos de calidad», ha sostenido la titular de Derechos Sociales.

Sobre esto, ha declarado que son empleos que «fijarán a la población», ya que los trabajadores deberán atender a los mayores o dependientes en sus domicilios. Esto aumentará el trabajo en pueblos y ciudades pequeñas, además de atender a las necesidades de las zonas rurales y la España vaciada, ha indicado Belarra.

Modernizar los servicios sociales

Otros 216,9 millones deberán ser invertidos en modernizar los servicios sociales para hacerlos «mas accesibles» y «eficientes» y para impulsar una reforma del sistema de atención a la infancia.

Mientras que los 31,5 millones restantes se destinarán al Plan España Accesible, para eliminar las barreras con las que las personas con diversidad funcional se enfrentan en su relación con las administraciones.

La titular de Derechos Sociales ha indicado, en este sentido, que no se trata solo de la accesibilidad física, la más conocida, sino también en lo que se refiere a la accesibilidad cognitiva que afecta, por ejemplo, a las personas con Trastorno del Espectro Autista. 

RTVE

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