Enrique Santiago considera preocupante la decisión del CGPJ de validar el ataque público contra el PCE del magistrado José Luis Concepción

Enrique Santiago considera “ilustrativa, además de preocupante” la decisión del CGPJ de validar el ataque público contra el PCE del magistrado José Luis Concepción.

El responsable federal de Justicia, Interior y Modelo de Estado de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España traslada “nuestra total consideración y respeto” a la vocal del Consejo General del Poder Judicial María Concepción Sáez y al Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas y Red de Abogados Demócratas, autores de las denuncias que el máximo órgano de gobierno de la judicatura desestima.

El responsable federal de Justicia, Interior y Modelo de Estado de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, considera “ilustrativa, además de preocupante” la decisión hecha pública a última hora de la mañana de hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de validar las manifestaciones que realizó el pasado febrero en una entrevista el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción. El magistrado aseguró en una emisora de televisión que ‘la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno’.

El CGPJ, a través de su Servicio del Promotor de la Acción Disciplinaria, vuelve a eludir así aplicar cualquier tipo de sanción a este polémico magistrado. El año pasado, en los meses iniciales de la pandemia, cargó también contra el conjunto del Gobierno de coalición por sus medidas frente al Covid-19, todas ellas refrendadas también por el Poder Legislativo desde el Congreso de los Diputados.

El archivo de la diligencia informativa abierta al magistrado José Luis Concepción se produce después de las denuncias que presentaron por separado hace poco más de dos meses ante el CGPJ la vocal de este mismo órgano de gobierno de la judicatura María Concepción Sáez y el Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas y Red de Abogados Demócratas (FAI-RADE). Ambas partes consideran que las manifestaciones del magistrado cuestionando el talante democrático de los miembros del Gobierno que pertenecen al PCE vulneran gravemente la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ésta establece como falta grave que los/as miembros de la judicatura dirijan ‘a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición’.

Enrique Santiago traslada, en primer lugar, “nuestra total consideración y respeto” a la vocal Sáez y a FAI-RADE “por la actuación que decidieron llevar a cabo”, siguiendo escrupulosamente los cauces establecidos por el propio CGPJ.

“Lamentamos -añade el dirigente federal de IU y máximo responsable del PCE- que sus razonados y legítimos argumentos no se hayan tenido en cuenta. Un órgano como el CGPJ, que ha dado sobradas muestras de una férrea defensa de la separación de poderes, parece que no esté muy de acuerdo en hacerla respetar de la misma forma por todos los actores implicados”.

Valora que “no es aceptable” que desempeñe “una función judicial que constitucionalmente exige neutralidad e imparcialidad” una persona que “ataca y discrimina en declaraciones públicas como representante de un alto tribunal a una fuerza política que participó en la redacción de la Constitución, además de ser probablemente la que más esfuerzos hizo junto a la ciudadanía para devolver la democracia a España”.

Para Santiago, “en momentos especialmente delicados, cuando fuerzas políticas como el PCE, IU o Unidas Podemos soportan ataques a sus instalaciones o miembros de las mismas son objeto de un continuo acoso y amenazas, decisiones como la conocida hoy no ayudan a aumentar la confianza de la ciudadanía en destacados órganos de nuestros sistema democrático que se suponen ponderados y neutrales por naturaleza”.

Sobre este punto, constata la “especial gravedad” de las amenazas de muerte por escrito, con balas incluidas, recibidas ayer tanto por el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, como por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El también diputado en el Congreso señala que “quienes militamos y participamos en formaciones políticas que ya mucho antes de recuperarse la democracia defendían la división de poderes y la libertad de expresión en nuestro país, esperamos que nadie trate ahora de apropiarse de unos principios y derechos fundamentales para aplicarlos en una sola dirección y ampararlos en función de la relevancia y proximidad de quien los utiliza”.

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