Clima electoral se respira en parlamento de Nicaragua

Los comicios generales (quinquenales) están convocadas para el 7 de noviembre en Nicaragua, pero desde mediados de abril en la Asamblea Nacional (parlamento) comenzó a respirarse el clima electoral.

Por Gonzalo Becerra*

El día 12, el Legislativo libró mediante resolución la convocatoria para la propuesta de candidatos con miras a la elección de los siete magistrados propietarios y tres suplentes que conformarán el nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE).

En esa misma fecha, los diputados de la bancada del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) presentaron la iniciativa de reforma y adición a la Ley Electoral vigente codificada con el número 331, aprobada el 26 de mayo de 2012.

LISTAS DE CANDIDATOS A MAGISTRADOS

El presidente de la República, Daniel Ortega, y los diputados a la Asamblea Nacional, los únicos facultados para ejercer esa función, presentarán sus listados de candidatos a integrar la nueva versión del CSE.

La Comisión Especial de Carácter Constitucional para Temas Electorales, creada por el Legislativo, tendrá el encargo de recepcionar ambas listas.

El 28 de abril será la fecha límite para realizar las propuestas, las cuales deben estar acompañadas por la documentación requerida al efecto.

De manera que para mayo el Legislativo tendrá el encargo de elegir a los jueces electorales que dirigirán todo el proceso que culminará en las urnas el primer domingo de noviembre, tal como mandata la ley.

EL DILEMA DE LA OPOSCIÓN

Cuando estalló la crisis de violencia en abril de 2018 que el Gobierno calificó como intento fallido de golpe de estado, la oposición se creyó en condiciones de probar fuerzas y pidió la salida del presidente Daniel Ortega, quien apenas cumplía los primeros 15 meses de un mandato constitucional de cinco años.

Una vez controlada la situación por el Ejecutivo las fuerzas opositoras insistieron en un adelanto de las elecciones.

Desde febrero de 2017 el Gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA) habían adelantado un proyecto de reforma electoral, que las circunstancias del año siguiente dejaron engavetado.

El 22 octubre de 2020 y como parte de una escalada de presiones hacia Managua, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución que daba plazo hasta mayo próximo para que Nicaragua aprobara unas reformas electorales, a su gusto y al de la oposición, por supuesto.

En aquel foro el representante del país centroamericano, Luis Alvarado, rechazó de plano el documento al que tildó de injerencista, inaceptable e inadmisible, además de carecer de efecto a vinculante para el gobierno nica.

«Por el contrario transgrede los principios de la Carta de Naciones Unidas, así como los fundamentos y propósitos de la carta de la OEA y los principios del derecho internacional», sostuvo el diplomático.

La oposición, hasta ahora fragmentada y con cerca de una decena de presidenciables, tiene por delante la disyuntiva de participar o no, pero las elecciones serán en la fecha fijada por la ley.

LA REFORMA ELECTORAL

A más tardar a principios de mayo la Asamblea Nacional debe trabajar en la aprobación de la reforma y adición a la Ley Electoral, la cual debatirá con los partidos representados en el foro parlamentario.

Como paso previo, desde el 21 de abril se dio el proceso de consulta de la iniciativa legal, realizada por la Comisión Especial con los 19 partidos que tienen personería política en Nicaragua.

A juicio de la diputada Auxiliadora Martínez, quien preside ese grupo de trabajo parlamentario, varias de esas organizaciones respaldaron las modificaciones a la Ley Electoral, plantearon sus inquietudes y afirmaron estar listos para participar en los comicios de noviembre próximo.

El proyecto de reforma y adición a la Ley Electoral incorpora al texto jurídico preceptos contenidos en dos leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en el último trimestre pasado año, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (de 19 de octubre de 2020) y de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (22 de diciembre del propio año).

Quienes hayan sido incapacitados por el incumplimiento de lo dispuesto en esas normas jurídicas y los que tengan impedimentos, según principios establecidos en la Constitución Política dela república (1987) no podrán inscribirse como candidatos a cargos de elección popular.

Un punto esencial de la propuesta se refiere a incorporar al texto reformado de la actual Ley 331 la prohibición a partidos políticos, alianzas entre ellos y candidatos recibir financiamiento directo o indirecto del exterior, de ninguna índole, bajo ningún concepto y fin.

La nueva legislación considerará como delito electoral la intervención personal, o mediante terceros, de extranjeros residentes o de tránsito en el país en los asuntos políticos de Nicaragua.

*Sputnik

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