La polémica impunidad de militares británicos en operaciones internacionales

El Gobierno británico cedió finalmente ante la presión de parlamentarios de distintos partidos y excluyó los crímenes de guerra de un polémico proyecto de ley, que persigue blindar a las tropas contra enjuiciamientos cinco años después de la comisión de un delito fuera del Reino Unido.

Por Lourdes Gómez*

La última capitulación del Gobierno de Boris Johnson en el proyecto de ley de Operaciones en Ultramar (personal de servicio y veteranos) se anunció en la Cámara Alta del Parlamento de Westminster. La baronesa Annabel Goldie, portavoz de Defensa en los Lores, aceptó levantar la guillotina temporal cuando un soldado o exmilitar se enfrente a acusaciones de haber cometido un crimen de guerra en el extranjero.

CORO DE CRÍTICAS

El borrador original solo excluía la violación sexual entre los delitos sujetos a un plazo de prescripción de cinco años, que no se contempla en el ámbito civil. Pero el «coro de críticas» que generó la propuesta legislativa -según lo describió el exministro laborista de Defensa y exjefe de la OTAN, lord Robertson- forzó al Ejecutivo conservador a añadir a las excepciones cualquier imputación de tortura, tratamiento cruel y, finalmente, el abanico completo de crímenes de guerra.

«El Gobierno ha reconocido el fuerte nivel de inquietud de que, excluyendo únicamente los delitos sexuales, el proyecto de ley arriesga no sólo la reputación del Reino Unido en el respeto de la legislación internacional humanitaria y de derechos humanos, sino también la reputación de las Fuerzas Armadas», admitió la baronesa Goldie.

La repulsa saltó de las bancadas gubernamentales a la oposición parlamentaria, del foro nacional al internacional. El diputado conservador, David Davies, indicó que los soldados quedarían a merced de la Corte Penal Internacional (CPI) si «obstaculizamos el procesamiento de crímenes de guerra». «Las tropas del Reino Unido correrían el riesgo de ser imputadas ante la CPI», coincidió el laborista Stephen Timms en un debate en los Comunes.

RESPONSABILIDAD LEGAL

A su vez, la Alta Comisionada de la ONU en Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió al gobierno de Johnson a «asegurar que la ley continúe siendo completamente inequívoca» en lo referente a la responsabilidad de crímenes internacionales «sin consideraciones de cuándo, dónde o quién los haya cometido».

Hasta esta semana, el Ejecutivo argumentaba que extender las excepciones a los crímenes de guerra «debilitaría innecesariamente la seguridad del personal de servicio y de los veteranos». En su último manifiesto electoral, los conservadores prometieron «lidiar con las denuncias judiciales perniciosas que socaban a nuestras Fuerzas Armadas».

Las guerras de Irak y Afganistán dieron pie a miles de denuncias por muerte injustificada y tratos inhumanos de civiles a manos de soldados británicos. La mayoría resultaron infundadas o se archivaron por falta de pruebas. Un abogado inglés, que presentó gran parte de las reclamaciones, perdió su licencia en 2017 acusado de mala conducta profesional. El Gobierno está desde entonces determinado a combatir la «guerra legal» contra los militares.

BLINDADOS DE LA JUSTICIA

Mientras, los lores siguen ganando enmiendas y batallando por reformar el proyecto de ley en sus momentos finales de tramitación parlamentaria. Piden ahora garantías legales de que soldados y veteranos involucrados en investigaciones o litigios por acciones en el extranjero serán debidamente atendidos a nivel «legal, pastoral y en salud mental», entre otros aspectos.

El proyecto de ley, por lo pronto, ofrece a soldados y exmilitares la «presunción» de que no serán juzgados por crímenes cometidos hace cinco o más años durante su despliegue fuera del país. Únicamente se presentarán cargos en casos «excepcionales», con el consentimiento del abogado general del Estado y una vez sopesados el «esfuerzo, exigencia y estrés» de una operación en ultramar.

VETERANOS DEL ULSTER

La nueva ley excluye a las tropas británicas que fueron movilizadas a Irlanda del Norte contra el sectarismo unionista y la «guerra» del Ejército Republicano Irlandés (IRA). Bautizada Operación Banner, se desarrolló desde 1969 a 2007 y fue el más prolongado despliegue de las Fuerzas Armadas del Reino Unido.

El Gobierno se ha comprometido a publicar en breve una propuesta legislativa que ampare judicialmente a este grupo de veteranos y «aborde el legado del conflicto irlandés» simultáneamente.

Son asignaturas pendientes del proceso de paz, apuntalado en el Acuerdo de Viernes Santo, de 1998. Pero la legislación llegará tarde para dos veteranos del regimiento de Paracaídas -identificados como soldado A y soldado C- que comparten banquillo de los acusados en el Tribunal Penal de Belfast desde principios de semana.

Les acusan de la muerte «ilícita e injustificada» del activista republicano Joe McCann, en abril de 1952. Dispararon al miembro del IRA Oficial, de 24 años y conocido como el «Che Guevara irlandés», cuando huía de espaldas de un control policial en la capital de Irlanda del Norte. «El nivel de fuerza utilizado fue irrazonable desde todas las perspectivas de los hechos», argumentó el abogado fiscal.

Los septuagenarios exsoldados niegan las imputaciones sobre un tiroteo de hace medio siglo. Protagonizan el primero de varios juicios de militares veteranos que han surgido en el proceso de revisión de crímenes controvertidos durante más de tres décadas de los llamados «Troubles».

*Sputnik

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