El Gobierno español da luz verde a la ‘Ley Rider’: las plataformas tendrán hasta agosto para contratar a los repartidores

La iniciativa, que afectará a 16.000 trabajadores, tiene como objetivo «proteger» a un colectivo «vulnerable» como el de los jóvenes.

También obliga a las empresas que trabajen con algoritmos a ceder la información relacionada con las condiciones de trabajo.

El Gobierno ha dado ‘luz verde’ este martes a la nueva regulación que obligará a las plataformas digitales a contratar a sus repartidores como asalariados en un plazo máximo de tres meses, la conocida como ‘Ley Rider’, una iniciativa que tiene como objetivo «proteger» a un colectivo «vulnerable» como el de los jóvenes y que cuenta con el rechazo de las principales plataformas de comida a domicilio en España como Deliveroo, Glovo o Uber Eats.

«No hay ningún país del mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia (…) Por primera vez el mundo está mirando a España», ha señalado al término del Consejo de Ministros la titular de Trabajo y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, quien ha ha subrayado que los cambios tecnológicos son «imparables» y que el Gobierno «no les tiene miedo», pero que debe cuidar y proteger los derechos de las personas.

Esta nueva normativa, que entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pone fin al modelo de falso autónomo y obliga a las empresas a contratar como asalariados a sus trabajadores, con los derechos laborales que ello supone. «El Gobierno ha puesto empeño en esta norma porque protege a los más vulnerables ya que [es una situación que] afecta a los jóvenes de este país, personas que carecen de protección social», ha destacado.

En este sentido, Díaz ha insistido en que «un joven que va en una bicicleta no es un emprendedor», en línea con la sentencia del Tribunal Supremo que estableció en septiembre de 2020 que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. El propio ministerio, junto a los sindicatos CC.OO. y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme alcanzaron un acuerdo el pasado mes de marzo para regular la situación de estos trabajadores. 

Según los datos aportados por la ministra, la Inspección de Trabajo ha laboralizado más de 16.000 relaciones laborales, con un impacto económico que ha cifrado en 29 millones de euros.

Control de los sistemas de inteligencia artificial

Precisamente, la ministra ha aprovechado su intervención para anunciar la creación de un comité de expertos para asesorar al Gobierno y estudiar con «tranquilidad» el buen uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales en España. «Todas las mercantiles hoy hacen uso de la inteligencia artificial; por tanto, es clave que seamos valientes y gobernemos el cambio», ha recalcado.

A su juicio, existen «certezas» de determinados «sesgos en el desempeño de las relaciones laborales». Por ello, y a través de un cambio en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas deberán informar a los trabajadores de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

Con esta medida la ministra ha querido mandar un mensaje de «optimismo». «Ahora los algoritmos van a ponerse al servicio de la mayoría social. Esto define a un gobierno progresista, que está al servicio de la gente», ha recalcado.

Los repartidores convocan manifestaciones

Coincidiendo con la aprobación de la nueva normativa, las organizaciones Repartidores Unidos y APRA han convocado manifestaciones para este martes en nueve ciudades españolas al entender que esta medida supone un «paso más» para «dejar a más de 15.000 repartidores sin empleo». Ambas asociaciones han hecho un llamamiento a los diputados del Congreso para que voten en contra de la norma. «Necesitamos su ‘no’ a la ‘Ley Rider’. Esta ley no puede ser un Decreto sin participación de nadie», han subrayado.

En la misma línea, la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS) que engloba a las principales plataformas de ‘food delivery’ en España, Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, han lamentado la aprobación del Real Decreto-ley por la vía de urgencia y sin debate parlamentario.

En su opinión, la norma «pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español y que ha sido elaborado sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, a los propios repartidores», ha señalado.

RTVE

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