El juicio por la presunta «caja B» del Partido Popular español queda visto para sentencia

El juicio por la presunta existencia de una contabilidad paralela en el Partido Popular (PP) de España, la conocida como «caja B», quedó visto para sentencia este miércoles tras tres meses de sesiones en la Audiencia Nacional.

«Desde el año 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos», dijo el extesorero del PP, Luis Bárcenas, en una confesión remitida a la Fiscalía Anticorrupción en las jornadas previas a la apertura del juicio.

Estas palabras resumen grosso modo lo que sería el posterior devenir del juicio, en el que Bárcenas enfrentó su relato y sus anotaciones contables con los testimonios de las principales figuras históricas de la formación conservadora.

El foco de la causa se centra en ver si la reforma en 2006 de la sede del Partido Popular, las famosas oficinas de la calle Génova 13, en el centro de Madrid, fueron pagadas con más de un millón de euros procedentes de esa presunta caja paralela.

Pese a que el juicio trata sobre la presunta «caja B» del Partido Popular, ningún responsable político se sentó en el banquillo de los acusados, donde sí estuvieron Bárcenas, su segundo, y el arquitecto que presuntamente cobró el dinero negro por las obras.

En su confesión, Bárcenas no solo afirmó que existía una «caja B» en el Partido Popular, sino que llegó a señalar que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era conocedor de esta financiación ilegal y que incluso destruyó pruebas de la misma en su presencia.

El propio Rajoy negó estas acusaciones durante el juicio, donde compareció como testigo, asegurando que en su trayectoria de más de 40 años dentro del partido jamás escuchó una sola palabra sobre la existencia ninguna «caja B».

La ilustre lista de testigos incluyó también a otro expresidente del Gobierno, José María Aznar, y de varios ministros, como Rodrigo Rato –exvicepresidente económico, condenado por corrupción en otras causas– o la extitular de Defensa, María Dolores de Cospedal, entre muchos otros.

Todos ellos se plegaron a la posición oficial del Partido Popular: el encargado de las cuentas era Luis Bárcenas y, de haberse cometido alguna irregularidad, él es el único responsable.

Por su parte, la versión del extesorero es que la formación conservadora se financió a través de donaciones a cambio de la concesión de obra pública, lo que nutría una contabilidad paralela que habría servido para sufragar diferentes gastos e incluso para repartir sobresueldos entre líderes políticos.

Las conclusiones expuestas por la Fiscalía al término afirman que los llamados «papeles de Bárcenas» –los documentos en los que se reflejan estas supuestas irregularidades– son «reales» porque «recogen al menos en parte ciertas anotaciones de información veraz».

Por ello, el Ministerio Público mantiene que Bárcenas debe ser condenado a cinco años de prisión por las irregularidades contables, pero también añade que el Partido Popular «se benefició de los pagos en b y debe responder».

Sputnik

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