España enciende el interruptor verde

El Congreso de los Diputados español aprobó este jueves definitivamente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la primera norma española que pretende abordar de manera integral la emergencia climática.

Por Jon Cordero*

«Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir a más, nunca a menos. Con esta ley se abordan retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad», dijo Teresa Ribera, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ribera ocupa además una de las vicepresidencias -la cuarta- del Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo que da una idea de la importancia que quiso dar a esta área el presidente del Gobierno al diseñar su Gabinete.

La ley establece el marco normativo para cumplir los Acuerdos de París, cuatro años después de que lo firmara España, junto con otros 194 países.

A grandes rasgos, persigue una reducción de los gases de efecto invernadero que se emiten desde el país y adaptar el territorio a los perjuicios que el cambio climático ya está generando.

El texto de la ministra Ribera, convertido este jueves en Ley, está repleto de objetivos vinculados a fechas, donde destacan dos en lo referente a emisiones de gases de efecto invernadero: 2030, cuando España deberá reducir un 23 por ciento las emisiones respecto a 1990; y 2050, fecha establecida para la neutralidad climática, es decir cuando lo que se emita deberá ser solo lo que se pueda absorber por la naturaleza.

RECORTE A LA GENERACIÓN

El principal recorte está previsto en la generación de energía, donde se concentra el 75 por ciento del total de estas emisiones, según el último inventario nacional del Ministerio de Transición Ecológica.

En concreto se pretende que para 2030 la presencia de las energías renovables en la generación eléctrica sea del 74 por ciento y que para 2050 toda la creación de este tipo de energía sea de origen renovable.

Y por lo que respecta al consumo final, el de los hogares y empresas, también hay objetivos: para 2040, el 35 por ciento del consumo final de la energía deberá proceder de fuentes limpias.

En este sentido, están en marcha ya iniciativas de envergadura para la industria, como la del corredor vasco del hidrógeno, que impulsa el área industrial de Bilbao Petronor, la filial vasca de la petrolera Repsol, que está adaptando su negocio original al futuro que viene.

CAMBIOS PALPABLES

Pero aparte de los grandes números, también llegarán modificaciones que afectarán la vida cotidiana de los españoles, muchas de ellas relacionadas con la automoción.

Así, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán que tener una zona de bajas emisiones para el año 2023, algo que en la actualidad en España solo se cumple en unas pocas capitales de provincia, aparte de en Madrid y Barcelona, y que ahora pasará a ser obligatorio en 149 municipios con estas características.

Con respecto a los vehículos, para 2040 deberán estar fuera del mercado de venta todos aquellos que no sean de cero emisiones y diez años después se les prohibirá circular.

Para los hogares también hay novedades: se subvencionará la rehabilitación de viviendas para aumentar los aislamientos que eviten que se escape el calor de las calefacciones, y por otra parte se fomentará el autoconsumo a través de renovables, lo que indica que en los próximos años florecerán en el país las placas fotovoltaicas, dada la gran cantidad de horas de sol anuales que registra el territorio español.

BIEN CON MATICES

Esta ley climática salió adelante con el apoyo de todos los grupos, excepto el Partido Popular y Más País, que se abstuvieron, y los ultraderechistas de Vox, que votaron en contra.

Los grupos ecologistas recibieron favorablemente el texto, aunque matizaron que llega tarde y que es poco ambicioso. Los responsables de Ecologistas en Acción, por ejemplo, en un comunicado lamentaron aspectos como «la falta de concreción de algunas de las propuestas» o que posponga para «normativas posteriores objetivos fundamentales».

La ley pretende también combatir en un futuro los estragos cada vez más frecuentes del cambio climático en la costa española, donde se concentra la mayoría de la población: a partir de ahora los planes urbanísticos en el litoral deberán incluir los efectos del cambio climático en su planificación.

En definitiva, una ley integral que pretende convertir a España en un país menos contaminante y menos expuesto a los desastres naturales, cada vez más frecuentes y violentos dadas las características del país. También cambiará muchos hábitos en los próximos años, una mirada de frente al futuro para abordar la emergencia climática.

*Sputnik

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