Colombia sigue en tensión dos semanas después y sin solución a la vista

Colombia completó el viernes 17 días de represión a la protesta social que han dejado hasta el momento 52 personas asesinadas, 18 casos de violencia sexual, más de 500 desaparecidos y al menos 2.500 agresiones por parte de la fuerza pública.

Por Andrés Pachón*

«Lo que hemos visto con preocupación es que el Gobierno actual y las fuerzas militares y policiales han intentado acabar con este derecho y han reprimido las protestas sociales para impedir que la ciudadanía, que está bastante indignada, salga a las calles a protestar», dijo a Sputnik Sebastián Lanz, de la organización no gubernamental colombiana Temblores.

Dicha organización registró en dos semanas al menos 2.110 casos de violencia policial, dentro de los cuales hay 39 homicidios cometidos por miembros de la fuerza pública en contra de civiles.

Al respecto, el coordinador de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Oscar Daza, denunció a esta agencia que el Estado está ejecutando gente en el marco de las protestas sociales.

«Históricamente nosotros hemos vivido en situaciones muy difíciles, en cuestiones militares, de falsos positivos (ejecuciones de civiles perpetradas por el Ejército presentadas como resultado de combates con guerrilleros) y en diferentes acciones que siempre han estado perjudicando los derechos humanos, pero lo que pasó y lo que está pasando aquí es una cuestión mucho más compleja y grave, estamos en una situación difícil donde el mismo Estado se encarga de ejecutar», afirmó.

Daza también destacó la necesidad de una reestructuración de la fuerza pública de Colombia.

«Merece una reestructuración y un análisis sobre el rol de los policías y los militares en una sociedad como Colombia», dijo.

LLAMADO INTERNACIONAL

Ante los hechos, el coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Jorge Sánchez, dijo a Sputnik que la comunidad internacional debe prestar atención a lo que está sucediendo en Colombia para evitar una mascare de la movilización social.

«Pedimos a la comunidad internacional colocarle la atención a Colombia porque (la situación) puede terminar en una masacre de la movilización social, porque el Gobierno lo que ha dicho es que ahí hay terrorismo, y con esa palabra lo que hace es un señalamiento directo a los movimientos sociales», dijo Sánchez.

Para el sociólogo y especialista en políticas públicas Diego Pinto Millán la situación de violencia en el país impide sentarse a dialogar.

«Es muy difícil generar un espacio de negociación con el Gobierno en medio de la represión estatal, es como sentarse a un diálogo de sordos donde el Gobierno no tiene intención de cambiar nada; a este paro no lo conduce un solo sector político o social, sino que lo hace el grueso de la ciudadanía», manifestó el experto.

Para Pinto Millán, la protesta que inició para manifestarse contra la reforma tributaria impulsada por administración del presidente Iván Duque se transformó «de una reivindicación a un objetivo político, que hoy claramente tiene que ver con derrotar al sector mafioso y paramilitar que está en el Gobierno».

En ese contexto, el senador de izquierda Iván Cepeda, que integra el Polo Democrático Alternativo, advirtió que las movilizaciones continuarán hasta que la ciudadanía obtenga los cambios que reclama, que entre otras cosas incluye la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

«La crisis social y económica del país ha llegado a un punto en el que se produce un cambio o entraremos en una situación que puede deteriorarse y profundizarse más, porque sectores de la población han tomado la decisión de movilizarse hasta obtener un cambio», explicó.

Pese a la aguda situación, Cepeda consideró que «se pueda alcanzar una solución política», ya que hay condiciones, entre ellas la firma del Acuerdo de Paz, «que permiten que esta crisis tenga una solución política».

Asimismo, subrayó que «el régimen uribista ya llegó a su ocaso político, se convirtió en inviable porque el mismo (Álvaro) Uribe ha entrado en un ocaso de su popularidad; lo que está ocurriendo es demostrativo de que la protesta se ha transformado en una movilización por un cambio».

NEOLIBERALISMO AGOTADO

En esa línea, el vicepresidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia, Jorge Iván Díez, dijo a Sputnik que «el modelo de desarrollo económico del país está totalmente agotado. El neoliberalismo ha fracasado, es un modelo que amplió mucho más las desigualdades, la inequidad».

Díez destacó que son siete los puntos que la CGT y otras organizaciones de trabajadores pusieron sobre la mesa del presidente colombiano para que sean atendidas en el marco de las reuniones que comenzarán el domingo entre el Ejecutivo y el Comité Nacional del Paro (CNP), integrado por sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes.

Entre tales puntos destaca la disposición de una renta básica de, por lo menos, un salario mínimo legal mensual para 30 millones de personas en condición de pobreza y afectadas por la crisis.

Una encuesta publicada el viernes por la firma colombiana Cifras & Conceptos mostró que los jóvenes colombianos constituyen el grueso de los manifestantes debido a la falta de empleo, la pobreza, el descontento con el Gobierno y la desconfianza en la Policía y en las Fuerzas Militares.

Según ese estudio, los «principales problemas que afectan al país» y por los cuales los jóvenes se manifiestan son, en su orden, «la falta de empleo, 74 por ciento, la pobreza, 53 por ciento, y los hechos de corrupción, 48 por ciento».

*Sputnik

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