Departamento de Cauca pide seguridad para líderes sociales señalados de vínculo con ex FARC

El gobernador del departamento colombiano del Cauca (suroeste), Elías Larrahondo, pidió este domingo al ministro de Defensa, Diego Molano, que rectifique las declaraciones que hizo el sábado y en los que señaló a líderes sociales de tener vínculos con las disidencias de las FARC y ser responsables de los actos de vandalismo en la ciudad de Popayán el viernes.

«La ciudadanía caucana ha expresado rechazo frente a las declaraciones realizadas por el señor ministro por mencionar algunos alias como presuntos autores de los hechos vandálicos. Solicitamos que se aclare el comunicado referido, como quiera que los alias mencionados coinciden con seudónimos que corresponden a líderes sociales reconocidos por las organizaciones», dijo Larrahondo a la prensa local.

Popayán, capital del Cauca, fue objeto el viernes de fuertes disturbios que dejaron un estudiante universitario muerto por la explosión de una granada de aturdición disparada por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, así como la destrucción total de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y de Medicina Legal.

Asimismo, se presentaron otros actos vandálicos contra sedes policiales y monumentos de la ciudad, mientras que nueve vehículos y seis motocicletas fueron incinerados.

El sábado, tras un consejo extraordinario de seguridad en esa ciudad, Molano hizo declaraciones a la prensa en las que ofreció una recompensa por quien dé información sobre los responsables del ataque a la ciudad.

«La primera hipótesis apunta a que integrantes de las disidencias de las FARC estarían detrás de este ataque con unos delincuentes ubicados en las comunas (sectores) 5 y 6, por ello en Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas por estos actos vandálicos como alias ‘Andrés’, alias ‘Cheto’, alias ‘Maíz’ y alias ‘Caleño’, se ofrece una recompensa», dijo el ministro.

Sin embargo, en la noche del sábado, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) alertó de que Molano señaló como responsables de acciones terroristas contra la URI «a cuatro jóvenes a quienes acusó de responder a planes de grupos armados criminales», y agregó que «estas acusaciones son realizadas por encima de procedimientos del debido proceso poniendo en peligro la integridad y la vida de las personas señaladas».

Según Indepaz, «el señalamiento de estos jóvenes como objetivos de alto valor equivale a autorizar su captura y su ejecución como se acostumbra con objetivos de guerra de las llamadas disidencias de las FARC».

El instituto precisó que los líderes señalados son José Daniel Gallego, estudiante de filosofía de la estatal Universidad del Cauca, miembro del colectivo Arando Semillas para la paz; Andrés Maíz Sánchez, comunero indígena Nasa del Resguardo de Julumito, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y Andrés Duque, líder social que realiza trabajos de organización y solidaridad en los barrios de la ciudad.

«No se ha aclarado por parte de las autoridades cuál es la identidad del cuarto de los mencionados por el ministro Molano», precisó Indepaz.

Por su parte, Larrahondo especificó que el ofrecimiento de recompensa que anunció Molano «no fue considerado en la agenda del consejo de seguridad», y precisó que en ese encuentro, por el contrario, se pidió «que se observen todas las garantías de protección para los líderes sociales».

Colombia cumplió el domingo 19 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.

Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.

En el marco de esas movilizaciones han sido documentados abusos de la Fuerza Pública, algunos de cuyos integrantes han disparado armas de fuego contra personas y reprimido con violencia a manifestantes.

Ante tales abusos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.

Sputnik

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