La nueva ley española de residuos incluye dos nuevos impuestos y limita el uso de plásticos de un solo uso

El Gobierno remite el proyecto de ley a las Cortes para adaptarse a las directivas europeas sobre Economía Circular.

La norma marca objetivos ambiciosos de reciclaje y recogida selectiva de residuos para los ayuntamientos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para impulsar una economía circular, que restringe los plásticos de un solo uso, grava su utilización, e incorpora dos nuevos impuestos dirigidos a «prevenir» la generación de residuos.

La norma, que será remitida al Congreso para su tramitación, incluye que los productores den más información a los consumidores, aumenta los objetivos de reciclaje e incorpora la obligación de recogida separada para diferentes residuos municipales como el textil o los biológicos con un calendario de implantación.

El proyecto consta de 118 artículos entre los que se incorpora un impuesto al vertido y a la incineración, para «reducir al máximo» estos tratamientos y apostar por la prevención, la reutilización y el reciclado, según ha destacado la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Economía Circular

La futura ley sustituirá a la actual ley de residuos y suelos contaminados de 2011 y transpone a la legislación española las últimas directivas de la Unión Europea en materia de residuos, del Paquete de Economía Circular y de la directiva de plásticos de un solo uso.

«Es una ley largamente esperada y actualiza una norma e incorpora la última legislación europea al ordenamiento. Con el texto, vamos a dar respuesta a uno de los mayores desafíos del medio ambiente para contribuir a la sostenibilidad y la salud humana», ha manifestado.

Montero ha calificado el proyecto como la «clave de bóveda» del paquete normativo sobre economía circular y como «una de las reformas estructurales más relevantes incluidas en la componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España ha presentado a la Comisión».

Impuesto a los envases plásticos no reutilizables

La propuesta recoge las limitaciones a los plásticos de un solo uso e incluye un nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables para «avanzar en la prevención», que se fija en 0,45 euros el kilo.

Entre estos productos están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50 % en 2026 con respecto a 2022 y un 70 % para 2030. Los agentes implicados en la comercialización deberán fomentar el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico.

A partir del 1 de enero de 2023 se prohíbe la distribución gratuita y se deberá cobrar por cada producto de plástico que se entregue al consumidor, reflejando el precio en el ticket de venta. La ley también introduce medidas para otros artículos de plástico no compostable (artículos monodosis, anillas de plástico y palitos de plástico de sujeción) para avanzar en su reducción y sustitución por otros materiales.

Con la entrada en vigor de la norma, queda prohibido introducir en el mercado otros productos de plástico como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, cualquier producto hecho con plástico oxodegradable así como las microesferas de plástico de menos de 5 milímetros.

Diseño y material reciclado

Asimismo, el proyecto recoge requisitos de diseño (por ejemplo, tapas y tapones han de permanecer unidos al recipiente o las botellas PET han de contener un 25 % de plástico reciclado a partir de 2025 y todas las botellas de bebidas, incluidas las de PET, un 30 % en 2030).

Además, para las botellas de plástico, el texto establece objetivos de recogida separada en dos horizontes temporales: en 2025 se deben recoger separadamente el 77 % en peso respecto al introducido en el mercado, aumentando al 90 % en 2029.

Por otro lado, incluye obligaciones de marcado para toallitas o los productos de higiene femenina el desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor, así como medidas de concienciación para informar a los consumidores de su impacto negativo en el medio ambiente.

Reducir el volumen de plástico

Los residuos producidos deberán pesar un 13 % menos en 2025 y un 15 % en 2025 respecto a los generados en 2010, que se añaden al objetivo actualmente vigente del 10 % de reducción a partir de 2020.

Además, el texto contempla actuaciones contra el despilfarro de alimentos, con el fin de reducir a la mitad los alimentos desechados per cápita en los hogares, distribución minorista y en el sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), y rebajar un 20 % las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, en línea con los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030.

Cuando la ley sea aprobada definitivamente, quedará prohibida también la destrucción de excedentes de productos no perecederos no vendidos, tales como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos deban destruirse conforme a otra normativa debiendo destinarse preferentemente a reutilización, así como la liberación intencionada de globos.

Recogida diferenciada

Incorpora un calendario de nuevas recogidas separadas de residuos, además de la ya existente para el papel, los metales, el plástico y el vidrio. En concreto, los municipios de más de 5.000 habitantes deberán recoger los biorresiduos domésticos a partir de 2022 y a partir de 2024 el resto de municipios. Los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos a partir de 2025.

Los residuos de construcción y demolición deberán clasificarse por materiales, preferentemente en el origen a partir de 2022 y la demolición deberá ser selectiva a partir de 2024.

Asimismo, fija objetivos más ambiciosos para reutilizar y reciclar residuos municipales: un incremento del 5 % cada cinco años hasta alcanzar el 65 % en 2035, y fija porcentajes específicos de preparación para la reutilización, dentro de cada uno de esos objetivos siendo del 15 % en 2035.

Por otro lado, los bares y restaurantes tendrán que ofrecer «siempre» a los clientes y usuarios la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.

Tasas a la incineración y los vertederos

El texto incluye nuevos impuestos a la incineración, coincineración y al depósito de residuos en vertedero, así como la obligación para las entidades locales en el plazo de 2 años de desarrollar una tasa o prestación patrimonial de carácter pública no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria asociada a los servicios de gestión de residuos que prestan.

La propuesta normativa revisa la regulación sobre la responsabilidad ampliada del productor del residuo, explicita las obligaciones que se les pueden imponer mediante Real Decreto, entre las que se encontraría el sistema de depósito, devolución y retorno, y define las partidas de gestión de residuos que deben financiar los productores y los mecanismos de control para los sistemas individuales y colectivos que se creen.

En cuanto a los suelos contaminados, el proyecto de ley incluye la creación del Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos.

«Es una herramienta más para pasar de la economía lineal a la circular. El cambio va a movilizar muchos recursos de la UE y, según cálculos de la comisión, estas inversiones van a requerir 2.500 millones de euros de aquí a 2035», ha concluido la ministra portavoz.

RTVE

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