La Policía de Cali confirma la muerte de dos civiles en el municipio de Yumbo

Los enfrentamientos en esta localidad se han extendido desde la noche del domingo hasta las primeras horas del martes.

El Comité Nacional de Paro pide garantías para los manifestantes de cara a la cuarta jornada de huelga general.

El coronel Édgar Vega, comandante operativo de la Policía de Cali, ha informado que los disturbios en el municipio colombiano de Yumbo -Valle del Cauca- han dejado «dos personas fallecidas» y 48 heridos, nueve de ellos policías. El Consejero de Paz de la región, por su parte, reporta tres fallecidos. Los enfrentamientos en esta localidad se han extendido desde la noche del domingo hasta las primeras horas del martes.

Las hostilidades comenzaron, según las autoridades locales, cuando algunas personas atacaron una estación policial, lo que provocó enfrentamientos entre ciudadanos y derivó en la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), al que se acusa de responder con violencia excesiva. Durante los disturbios se produjo una explosión cerca de la sede de la petrolera estatal Ecopetrol, que dejó al menos 8 heridos.

Este anuncio provoca una tensa calma en vísperas de la cuarta jornada de paro nacional contra el Gobierno, unido a la orden del presidente Iván Duque de levantar los bloqueos de vías con los que los manifestantes impiden el abastecimiento en varias regiones del país.

Los manifestantes piden garantías en las protestas

Las garantías de protección que el Comité Nacional de Paro (CNP) exige al Gobierno para los manifestantes se ha convertido en el principal escollo para que las partes instalen una mesa de negociaciones con el fin de buscar salidas a una crisis que se arrastra por más de 20 días.

«La gran movilización de este miércoles ya estaba programada, pero el Gobierno sigue empeñado en no garantizar la protección a la manifestación pacífica y manda al Ejército a reprimirlas», dijo a Efe el secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.

Orjuela se refiere a la orden de Iván Duque hacia la fuerza pública de desplegar su «máxima capacidad operacional» para desbloquear las vías taponadas por los manifestantes. El dirigente sindical alega que las señales que envía Duque son equivocadas, porque supuestamente ordena la salida del Ejército a las calles y no menciona «para nada» que durante las protestas han «muerto personas, hay numerosos heridos, mutilados y abusos sexuales». La ONG Temblores achaca 43 homicidios «presuntamente por parte de la Policía».

La juventud pide acceso al diálogo

Pese a las supuestas señales equivocadas del Gobierno, el Comité de Paro dice que persistirán en dialogar y negociar con el Ejecutivo. Unas negociaciones en las que quiere participar la gran masa joven que cada día copa las multitudinarias protestas por todo el país.

En esa dirección, Orjuela asegura que aunque el Gobierno está «lanzando petardos» a la instalación de la mesa de diálogo y negociación «asistiremos a cuanta reunión haya que ir» porque dicen estar seguros de que la salida a la situación es «hablar» y «negociar». «Nuestras convocatorias siempre han sido y serán pacíficas, coloridas, con las medidas de bioseguridad por la pandemia», insiste Orjuela.

El próximo encuentro entre las partes está pactado para el jueves, un día después del nuevo «Paro Nacional», el cuarto que se realiza en las protestas. Hasta el momento las partes han tenido dos encuentros, pero no ha habido fumata blanca para instalar la mesa de negociación.

Con el paso de los días, los manifestantes pasaron de exigir la retirada de la ya anulada reforma fiscal del Gobierno a pedir el cese de la brutalidad policial. Claman, igualmente, por el retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones; el fortalecimiento de una vacunación masiva y una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.

El alcalde de Cali pide la renuncia de su gabinete

Desde su cuenta en Twitter, Jorge Iván Ospina ha pedido este martes la renuncia de los integrantes de todo su gabinete porque según él «son momentos que demandan transformaciones reales, ampliación de capacidades y recuperación de confianzas» y consideró que «el mayor reto» es dar «una solución nacional a demandas con garantías».

El alcalde de Cali, ciudad donde se han presentado la mayor cantidad de acciones violentas en las tres semanas de protestas en Colombia, ha estado en el ojo del huracán por cuenta de lo que la ciudadanía considera malos manejos de la pandemia y derroche innecesario de dinero en actividades con poca participación social. Y en las últimas semanas las manifestaciones y los bloqueos le han desbordado a él y a su gabinete, como reconoció en una entrevista con TVE.

Durante los primeros tres días de las protestas violentas, el Gobierno nacional envió 4.000 integrantes de la fuerza pública y a los ministros de Defensa, Diego Molano, e Interior, Daniel Palacios, para que dirigieran desde la ciudad más importante del Pacífico colombiano. El resultado, para muchos, fue el uso desproporcionado de la fuerza pública para intentar mantener el control de la tercera ciudad en importancia del país que estuvo bajo la lupa internacional por las violaciones de derechos humanos denunciadas por varias organizaciones.

Las tres semanas de protestas históricas en Cali han dejado pérdidas de 2,1 billones de pesos (más de 468 millones de euros), especialmente, en el sector del comercio, el agro y el transporte de carga, según reveló la Cámara de Comercio, una organización que reúne dueños de pequeños, medianos y grandes comercios.

El mandatario de la ciudad ha anunciado que cambiará las prioridades de sus inversiones económicas y ya no hará la reestructuración de una de las vías míticas de la ciudad, sino que destinará esos 60.000 millones de pesos (unos 13,3 millones de euros) en empleo, deporte y cultura para los jóvenes.

Para Fabio Cardozo, promotor de paz en el Pacífico, la decisión es apropiada, pero no suficiente en una ciudad con índices de pobreza que la ubican en el cuarto lugar a nivel nacional entre más de 1.100 localidades. «Se necesita mayor conexión y empatía con el movimiento que hay en la calle, con el movimiento social y político», advirtió.

RTVE

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