Oposición nicaragüense, sin unidad y bajo la espada de Damocles de la justicia

A la imposibilidad de cuajar una plataforma unitaria, primer hándicap que debía salvar oposición nicaragüense en el camino hacia las urnas, se le suma ahora el hecho de que cuatro de sus presidenciables están sujetos a procesos judiciales en los cuales deberán responder por presuntos delitos de lavado de dinero y lesión a la soberanía nacional, entre otros.

Por Gonzalo Becerra*

Entre las bases del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) expresada a través de las redes sociales prima la demanda de justicia para quienes consideran responsables de los actos de violencia y crímenes de odio en el contexto de lo que el gobierno definió como intento de golpe de Estado en abril-julio de 2018.

Desde las trincheras mediáticas de la oposición, en lo fundamental financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), defienden la idea de que las detenciones forman parte de una estrategia gubernamental para llegar a la cita con las urnas, el 7 de noviembre, sin competidores con posibilidades de interrumpir un período de 15 años del sandinismo en el poder.

FUNDACIÓN VIOLETA CHAMORRO

La ofensiva judicial comenzó el 20 de mayo cuando el Ministerio de Gobernación (Migob) citó a declarar a Cristiana Chamorro, quien fuera representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), la cual cesó operaciones por propia voluntad el 5 de febrero de 2021.

A principios de año, Chamorro había lanzado su candidatura presidencial, a pesar de no contar con el soporte de un partido político.

El Migob alegó que la hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) era convocada junto a dos ex funcionarios de la Fundación a fin de responder sobre inconsistencias encontradas en los reportes financieros del período 2015-2019.

«La Fundación Violeta Barrios de Chamorro incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador (de personas sin ánimo de lucro) y del análisis a los estados financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Migob ha informado al Ministerio Público (Fiscalía) para la investigación correspondiente», explicó en su momento esa cartera del gabinete.

El 27 de mayo, la Fiscalía informó que había recibido del sistema financiero nacional la información requerida, inmovilización de cuentas y levantamiento del sigilo bancario, de personas investigadas pertenecientes a la FVBCH.

El 2 de junio, la jueza Karen Chavarría, del Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, emitió la orden de allanamiento y detención en contra de Cristiana Chamorro, con medida cautelar de prisión preventiva.

«Una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le ejecutará la respectiva audiencia», indicó la magistrada.

Desde entonces, Chamorro permanece en régimen de reclusión domiciliaria, al igual que Violeta Granera, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (organización opositora sin personería jurídica), arrestada en la noche del martes.

LEY 1055

Codificada con el número 1055 y titulada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, la legislación aprobada en sesión extraordinaria por la Asamblea Nacional (parlamento), el 22 de diciembre de 2021, respalda la detención de tres de los precandidatos opositores con aspiraciones a la lucir la banda presidencial para el período 2022-2027.

En su único y extenso artículo conceptual, el texto jurídico define como «traidores a la Patria» a los nicaragüenses «que encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, fomenten o insten a actos terroristas, realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación».

En consecuencia esas personas no podrán optar a cargos de elección popular, «sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los actos de traición y los delitos que comprometen la paz y contravengan la Constitución Política.

El artículo de marras también establece como acciones punibles la incitación a la injerencia extranjera en los asuntos internos, la solicitud de intervención militar, la organización con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización.

También estarán sujetos a proceso judicial quienes «propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos».

Lo preceptuado en ese texto jurídico consta en el argumento del Ministerio Público para detener a los precandidatos opositores Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, quienes se habían registrado en el mecanismo de selección de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL).

En el caso de Cruz, la detención fue realizada en el 5 de junio en el aeropuerto capitalino Augusto C. Sandino a su arribo en un vuelo procedente de estados Unidos.

En un video que circula en las redes sociales el propio Cruz, quien fuera embajador (2007-2009) del gobierno sandinista en Washington, asegura que en la capital estadounidense cabildeó a favor de la aplicación a Nicaragua de la iniciativa parlamentaria Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en inglés), introducida ante el Congreso el 30 de abril de 2021.

Según su patrocinador, el congresista de origen cubano Albio Sires (demócrata por el estado de New Jersey), la Ley Renacer exigirá «sanciones específicas (contra Nicaragua) para lograr avances en las elecciones previstas para noviembre de 2021, coordinar sanciones con Canadá y la Unión Europea (…) y ampliar los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de las instituciones financieras internacionales».

La lista de opositores detenidos en las últimas horas engrosó con los nombres de José Adán Aguerri, ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (gremial de la cúpula empresarial), y José Pallais, integrante de la Coalición Nacional, un intento de plataforma opositora concebida en enero de 2020 que no llegó a consolidarse.

*Sputnik

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