Crímenes de lesa humanidad en Argentina: en 14 años han sido condenados 1.030 represores

Las autoridades actualizaron los datos de procesos históricos que otorgan justicia a las víctimas.

La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad de Argentina reveló que, hasta el pasado 10 de junio, han sido condenadas 1.030 personas que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

De acuerdo con el reporte, actualmente hay 280 causas más en trámite, con 595 imputados, 44 indagados y 625 procesados que están acusados de delitos que no prescriben, a pesar del tiempo transcurrido desde que fueron cometidos, y que incluyen secuestro, desaparición forzada, tortura, asesinatos y apropiación de menores de edad.

Estos son los principales datos actualizados por el área especializada a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos, que también detalla que 71 causas ya se encuentran con elevación a juicio, es decir, que su inicio es inminente, en tanto que otros 24 ya están en marcha.

Con respecto a la situación procesal de las 3.493 personas que están o estuvieron vinculadas a las investigaciones, el reporte señala que 159 quedaron absueltas, a 168 se les dictó la falta de mérito, 101 fueron sobreseídas, 29 están prófugas y 742 fallecieron, lo que se explica en gran parte debido a la avanzada edad de los acusados.

Por otra parte, solo 164 personas se encuentran bajo la modalidad de arresto en servicios penitenciarios porque la gran mayoría, un total de 635, se encuentra con arresto domiciliario.

Historia

Los crímenes cometidos durante la dictadura permanecieron en la impunidad durante décadas y su avance ha sido muy accidentado.

En 1985, dos años después de recuperada la democracia, se llevaron a cabo los juicios a las Juntas Militares que gobernaron al país durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, el eufemismo utilizado para no usar la palabra «dictadura».

Familiares de desaparecidos argentinos durante un juicio por delitos de lesa humanidad.

En ese proceso fueron condenados los nueve militares que encabezaron el golpe de Estado de 1976 contra el Gobierno de Isabel Martínez de Perón y que después se alternaron en el poder durante el periodo más sangriento de la historia moderna de este país, en el que las violaciones a los derechos humanos fueron cotidianas y masivas.

Sin embargo, tres años más tarde los condenados fueron beneficiados con un indulto decretado por el expresidente Carlos Menem. El único crimen que siguió vigente fue el robo de niños, ya que una de las macabras características de la dictadura argentina fue que se apropiaban de menores de edad o recién nacidos en las cárceles clandestinas.

Antes, en 1986, habían sido aprobadas las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, rebautizadas como «leyes de impunidad» porque impidieron que fueran juzgados los miles de represores que habían desaparecido, secuestrado, torturado y asesinado a decenas de miles de opositores.

El pretexto era alcanzar la reconciliación nacional, dejar atrás los crímenes y no juzgar a los mandos menores de las Fuerzas Armadas, ya que «solo» habían obedecido órdenes de sus superiores.

En 2003, la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia significó el reimpulso de los juicios, ya que se declaró como parte de una generación diezmada por los represores que eran hijos y nietos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Más tarde, tanto el Congreso como la Corte Suprema anularon las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y en 2007 comenzaron los juicios que hoy han permitido más de mil condenas.

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