El chiringuito

Se dice del quiosco o establecimiento de bebidas, muchas veces con carácter provisional o estacional, donde se sirven refrescos u otros alimentos a los paseantes. Acostumbran a estar ubicados en la proximidad de las playas, para que los bañistas puedan solazarse en sus ratos de ocio. De construcción sencilla (para facilitar su montaje o desmontaje), dan una idea de fragilidad, que contrasta con sus precios, habitualmente por encima de los de mercado. Muchos operan en la economía sumergida, gracias al trapicheo con las autoridades locales.

Por Alfonso Durán Pich*

*https://www.alfdurancorner.com

Pero no todos están en las playas, ni tampoco entre las casetas de las ferias andaluzas. Los más importantes están en la capital del Reino, aunque vistan ropajes ostentosos, herederos de un espíritu colonial trasnochado. Hay muchos, pero hoy vamos a prestar atención a uno que se presenta como Tribunal de Cuentas.

Como venimos de la esfera de lo privado, de la economía de libre empresa, del frente antimonopolio, como nos sentimos discípulos de Smith, Ricardo, Say, Pigou y un largo etcétera de padres del pensamiento, no nos fiamos de la burocracia del Estado, en especial de un Estado que practica el intervencionismo y pone todo tipo de trabas al desarrollo normal de la actividad económica.

Porque la misión de los funcionarios que revisan las cuentas públicas ha de ser similar a la que realizan los auditores cuando revisan las cuentas de las empresas privadas. Es decir, deben auditarlas y nada más.

Lo que hace un auditor es inspeccionar y examinar los estados financieros de una empresa o institución, verificando las partidas, comprobando los activos físicos, chequeando las transacciones. Y lo hace en defensa de la propiedad, que la mayoría de las veces (excepto en las empresas familiares) no puede saber si los administradores han cumplido fielmente su rol como gestores de la sociedad. Es un seguro frente a las malas prácticas. Luego emite un informe y da su opinión. Y nada más.

El auditor no juzga, ni prejuzga. Trata de ser objetivo y racional. Está capacitado profesionalmente para este trabajo. Tiene las certificaciones que corresponde. Opera desde una organización privada, donde existen niveles de responsabilidad y compromiso.

Todo esto no se da en el chiringuito antes citado. Lo que resulta más llamativo es que se autocalifique como “tribunal”, cuando no está incluido en el sistema judicial. Su principal órgano de gobierno está constituido por una serie de ciudadanos y ciudadanas, nombrados a dedo por el duopolio PP-PSOE, a los que no se reconoce una trayectoria en el campo del audit. Sus antecedentes les llevan a imprimir un sello político a unos informes de naturaleza económica. Por eso no actúan de forma neutral y objetiva  –como sería su obligación–  sino que cargan subjetivamente los hechos, con interpretaciones que podrían ser redactadas por el servicio de inteligencia de cualquier cuerpo de seguridad. Es lo que el gran García Márquez describía como “realismo mágico”.

Si ponemos, a título de ejemplo, las a su juicio “malversaciones” del Diplocat  (consorcio público-privado dedicado a la proyección internacional de Catalunya), podremos constatar que su lectura del hecho económico es más propia del siglo XVI que del XXI. Gracias a instituciones como el Diplocat  -que a diferencia del mundo apolillado de la diplomacia española, se ha orientado desde el inicio a la promoción de los negocios-  Catalunya es hoy una de las economías más abiertas de Europa, en que tanto las exportaciones como las importaciones de bienes físicos crecen a ritmos constantes, seguidas de la compra y venta de activos de capital en los mercados financieros mundiales.

Pero, ¿qué saben de todo esto la presidenta del “tribunal”, señora María José de la Fuente, o la señora Margarita Mariscal de Gante, que al parecer actúa como ponente en este contencioso? ¿Cuáles son sus competencias para estar donde están? ¿Desde cuando un auditor o algo parecido tiene capacidad para imponer fianzas, embargar, multar, sancionar, atemorizar?

A lo largo de mi vida profesional he firmado muchas cuentas incluidas en los informes de los auditores. Esos informes correspondían a empresas muy diversas de una variedad de sectores, en las que la propiedad pertenecía en ocasiones a grupos familiares y en otras a inversores institucionales, fondos internacionales, unidades de capital riesgo de bancos de inversión y otros. Cuando el encargo de la auditoría era de mi competencia, mi vigilancia era extrema. Cuando no, depositaba o no mi confianza en quien tenía esa responsabilidad, y en virtud de esto las firmaba o no.

¿Desde cuándo un chiringuito sobrecargado de funcionarios, que agrupa a unidades familiares por cooptación y a los residuos siempre vivos del tardofranquismo (y como muestra veamos el pedigrí de las señoras de la Fuente y Mariscal), que está nutrido de notorios militantes del PP y del PSOE, y que cuenta con una unidad de mando que toma decisiones “a la búlgara” (por disciplinada unanimidad) se entromete en la sociedad civil catalana con pretensiones aleccionadoras?

¿O es que pretenden que todo reviente? La expulsión de judíos y moriscos significó en el siglo XVI la firma del acta de defunción de un capitalismo incipiente. Se impuso la Inquisición, la limpieza étnica, la malversación, la corrupción de una burocracia colonial, el freno a cualquier iniciativa innovadora.

Y de ahí no se mueven, por muchos kilómetros que construyan del Ave a ninguna parte. Se ha pasado del cortijo a la urbanización, de la corrala al building. Su proceso metabólico es disfuncional por naturaleza. Se consideran posmodernos porque usan Internet, pero su cultura continúa siendo la de la cabra.

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