El Gobierno español y agentes sociales alcanzan un principio de acuerdo para reformar las pensiones

Entre otras medidas, este primer bloque incluye la derogación del factor de sostenibilidad o la revalorización con el IPC.

Queda pendiente la ratificación formal de los órganos de dirección de la CEOE, algo que previsiblemente ocurrirá mañana.

El Gobierno y los agentes sociales han cerrado este lunes un principio de acuerdo para sacar adelante la primera parte de la reforma de pensiones, que previsiblemente llegará este mismo año, mientras que el grueso de las medidas se dejará para los siguientes. Este primer bloque incluye la derogación del factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013, supone que las pensiones vuelvan a revalorizarse con la inflación y plantea incentivos para acercar la edad real de jubilación a la legal. La idea del Ministerio de Seguridad Social es que la reforma aterrice en el Congreso en julio, que sería declarado mes hábil.

Fuentes sindicales han confirmado a RTVE que, tras un encuentro para resolver «los últimos flecos», el Gobierno ha logrado el ‘sí’ de las patronales CEOE y CEPYME y de los sindicatos UGT y CC.OO. a un acuerdo en el que llevaban meses trabajando y cuyos aspectos más importantes ya estaban cerrados desde hace semanas. No obstante, queda pendiente la ratificación formal de los órganos de dirección de la CEOE, algo que previsiblemente ocurrirá mañana, ya que los negociadores sindicales tenían el mandato para poder aprobarlo en la mesa.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este lunes que el acuerdo es «consistente» con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con el Plan de Recuperación remitido a Bruselas. Además, ha señalado que se trata de una reforma pensada para que dure 25 años, que se desplegará de «manera gradual», persiguiendo el mantenimiento activo de los trabajadores en el mercado laboral mediante incentivos.

Las principales claves del acuerdo

Uno de los principales escollos ha sido el denominado factor de sostenibilidad, un mecanismo incluido en la reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy que ligaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. Los sindicatos apostaban por su derogación y el Ejecutivo, promovido por Bruselas, se mostraba dispuesto a sustituirlo por otra fórmula que garantizase el control del gasto. Finalmente, se derogará en el momento en el que el Congreso apruebe la norma y, hasta entonces, se negociarán los detalles del mecanismo que lo sustituya, que aún no tiene contenido, pero sí nombre: Mecanismo de Estabilidad Intergeneracional (MEI), cuya puesta en marcha está prevista en 2027.

Otra de las grandes demandas de los sindicatos era la vinculación del cobro de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC). Según el acuerdo, las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año con el IPC de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. En caso de que el IPC resultase negativo, las prestaciones no se reducirían, se mantendrían igual.

Además, con el objetivo de acercar la edad real de jubilación a la efectiva, se implantarán penalizaciones a la jubilación anticipada: por cada mes que se adelante la jubilación habrá una penalización, cuya suma oscilará entre el 2,81 % y el 21 %. Por otro lado, el pacto contempla una bonificación extra de dos puntos, hasta el 4 %, en el pago de la pensión por cada año que se retrase la jubilación.

Quedan fuera de este primer paquete de reformas el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas. Estos puntos serán tratados en la segunda parte de la revisión del sistema de pensiones, que está previsto que se apruebe el próximo año.

Un acuerdo «antítesis» de la reforma de 2013

En un comunicado conjunto, los sindicatos han destacado que la reforma supone la inclusión del compromiso del Estado como «garante» público del sistema de pensiones, incluyéndose en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos por un 2 % del PIB, alrededor de unos 21.000 millones. Se culmina así el cumplimiento del principio de separación de fuentes y se garantiza cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará el sistema de pensiones para 2050, momento clave del incremento del gasto por la jubilación del denominado «baby boom», añaden.

El líder de CC.OO., Unai Sordo, ha calificado de muy relevante el acuerdo que se ha alcanzado hoy sobre las pensiones. “Termina con los factores que la reforma de 2013 introdujo para reducir las pensiones, vuelven a revalorizarse con el IPC e incluye un paquete de medidas muy relevantes para mejorar los ingresos de la Seguridad Social”, ha señalado en los micrófonos de RNE.

Según Sordo, el texto lanza certidumbre sobre las pensiones del futuro: “El acuerdo introduce nuevas fórmulas de financiación. Algunas ya están y otras están por negociar. Se modificará el régimen de cotización de los autónomos y en el futuro habrá que abordar otras fórmulas. Se quitan costes que no le correspondían a la seguridad social y se da una imagen más fidedigna. De aquí al año 2048 puede haber pensiones para todo”.

RTVE

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