El Govern catalán crea un fondo de 10 millones para pagar las fianzas que el Tribunal de Cuentas

El Govern catalán ha creado un fondo para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por un importe total de 5,4 millones de euros. El Tribunal de Cuentas considera que promocionaron el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público.

Este fondo, que llevará el nombre de Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), tendrá una dotación inicial de 10 millones de euros que se actualizará «anualmente». 

El conseller de Economía defiende la «solidez jurídica» de la medida

El fondo, al que podrán acogerse todos los funcionarios y altos cargos, «tiene como objetivo hacer frente a las obligaciones legales que no queden cubiertas por pólizas de seguros que la Generalitat tiene suscritas», explica el Govern en un comunicado. «El decreto se basa en el principio de indemnidad que obliga a las administraciones a defender a los trabajadores públicos mientras no haya sentencia firme».

Si se agotan las vías judiciales y «se confirma la existencia de responsabilidad contable o responsabilidad civil, la persona beneficiaria deberá devolver el dinero» y las costas puntualiza el comunicado.

Durante su presentación, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha destacado la «solidez jurídica» de esta iniciativa, y ha declarado que solo se trata de «bloquear dinero para un aval, «no de dar 10 millones a nadie». Giró ha especificado que los fondos saldrán del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). 

40 ex altos cargos de la Generalitat afectados

El Tribunal de Cuentas reclama un total de 5.422.879,48 euros a 40 ex altos cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos públicos a las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, para la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Una cantidad que se sumaría a los 4,1 millones de euros que el órgano fiscalizador calculó que costó la consulta ilegal del 1-O. La suma fijada es solidaria, pero a cada uno se le requiere una cantidad distinta según su actuación y el tiempo que estuvo en el cargo.

La cantidad más importante recae en el ex secretario general de Diplocat, Albert Royo, con 3,6 millones de euros. Le siguen el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, hasta 2,8 millones de euros, pero también se incluye al expresidente Carles Puigdemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los que exige más de 1,9 millones de euros.

RTVE

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