Las claves de la ley española del ‘solo sí es sí’

El consentimiento será la clave y no la violencia para determinar si hay agresión sexual.

Se pone fin a la figura del abuso sexual, se tipifica el acoso callejero y se amplía la protección a las víctimas.

La ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ‘la ley del solo sí es sí’, pondrá el consentimiento en el foco de toda agresión sexual y acabará con la distinción entre abuso y violación. Redefinirá la tipificación de los delitos sexuales, ampliará la protección a las víctimas y perseguirá, entre otros, a la industria proxeneta.

Estas son algunas claves de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad:

El consentimiento expreso, la clave

El consentimiento expreso pasará a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y queda finalmente definido así en la ley: «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

«El modelo, de solo sí es sí, deja claro que el silencio o la pasividad no necesariamente significa consentimiento», explica el Gobierno. Con esta reforma, las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido para demostrar que ha habido agresión sexual.

Hasta ahora, solo se consideraba agresión sexual aquellos casos en que se haya podido probar que la violación se hizo mediante la fuerza o la intimidación, lo que llevaba a las víctimas a tener que probar durante el juicio su resistencia a la agresión, lo que supone para los expertos una revictimización al tener que revivir lo ocurrido. Esto ya no será necesario, en la línea de lo que marca el Convenio de Estambul, que exige a los Estados miembro poner el consentimiento en el centro.

El abuso sexual será agresión y habrá un delito de acoso callejero

Todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminan los abusos sexuales del Código Penal. Esta distinción entre agresión y abuso fue especialmente criticada tras el caso de la ‘manada’ de Pamplona y generaba gran malestar entre muchas mujeres, que se manifestaron con el lema “No es abuso, es violación”. Y es que hasta ahora, por ejemplo, se consideraba abuso y no agresión o violación que se usaran drogas para anular la voluntad de la víctima.

Con la ley, se considerará violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genial femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida.

Otra de las novedades en esta ley es que se crea en el Código Penal la figura de «acoso ocasional», que considerará como un delito leve aquellas «expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas» que pongan a la víctima en una situación «objetivamente humillante, hostil o intimidatoria». Este delito conllevará penas de localización permanente, trabajos comunitarios o multas para los agresores, y castigará así el conocido como acoso «callejero», situaciones que no tienen por qué darse en vía pública: pueden ocurrir en bares, fiestas privadas, conciertos, establecimientos.

Penas progresivas y hasta de 15 años con agravantes

La tipificación de los delitos sexuales se hace de forma progresiva y proporcional a la gravedad de los hechos y serán agravantes las agresiones grupales, la violencia grave, la especial vulnerabilidad de la víctima y el uso de armas o medios peligrosos como fármacos o drogas. La ley contempla así penas que van desde una multa, hasta 15 años para violaciones con dos circunstancias agravantes.

De esta forma, por ejemplo, la violación será una agresión sexual con penetración haya o no violencia y se penará con entre cuatro y diez años de prisión. Pero un solo agravante podrá sumar dos años más a la pena y, si concurren dos o más, hasta cinco. En el caso de la agresión sexual sin penetración, se penará con entre uno y cuatro años de prisión, aunque con dos agravantes la condena podría ascender a siete.

Red de asistencia y «centros de crisis» 24 horas

La nueva ley pondrá el foco en la prevención de las violencias sexuales, la sensibilización, el acompañamiento de la víctima en todas las fases del proceso y la reparación de las víctimas, así como en la garantía de no repetición.

Su aprobación también conllevará la creación de una red de servicios de información y asistencia integral especializada, con «centros de crisis» que atiendan a las víctimas de delitos sexuales las 24 horas del día.

Se amplía la protección de menores con las «casas de niños»

Hay cambios en la protección de los menores que sufren algún tipo de violencia sexual. Se introducen itinerarios específicos para la infancia con el fin de detectar estas violencias y ofrecer una atención integral y una justicia especializada y adaptada a estas víctimas. En concreto, la ley contempla la creación de “casas de niños”, centros en los que se lleven a cabo todos los procedimientos necesarios para la protección de los menores.

Por otra parte, la ley equipara la protección y ayudas de los hijos de las mujeres asesinadas por una agresión sexual a los hijos que han perdido a su madre por un caso de violencia de género. A efectos prácticos, esto supondrá una prestación de orfandad para los huérfanos por violencia sexual.

Se amplían las ayudas a las víctimas

La ley prevé también que las víctimas de violencia sexual puedan recibir las ayudas y recursos específicos que tienen las víctimas de violencia de género (maltratadas por su pareja o expareja). Esto afectará tanto a la atención policial específica que reciban, como a la atención en los juzgados.

Por otra parte, cuando las víctimas de algún tipo de violencia sexual perciban un salario inferior al salario mínimo percibirán una prestación económica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo.

Perseguir el proxenetismo

El Gobierno pretende además acabar con la impunidad de la industria proxeneta y para ello endurecerá el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce explotación sexual, la llamada tercería locativa.

RTVE

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