Trabajadores pobres en España: «No puedo permitirme dejar de trabajar ni un día»

España es el segundo país de la UE con más trabajadores pobres.

En «Instrucciones para subir una escalera», de Cortázar, algo aparentemente sencillo como subir un escalón se vuelve tremendamente complicado. Con tener trabajo en España ocurre algo parecido. Estar empleado debería bastar para pagar una vivienda, comer y cubrir necesidades básicas, pero la realidad es otra: trabajar no basta para escapar de la pobreza. Según los datos de Eurostat, España es uno de los países de la Unión Europea que más trabajadores pobres genera, tan solo por detrás de Rumanía.

Así pues, hay casi 2,5 millones de trabajadores pobres que, pese a estar empleados, no llegan a fin de mes. Son las conclusiones que se recogen en el Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Y así lo afirma Raúl Flóres, sociólogo de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada): «Lo que muestran estas cifras es que lo que significaba tener un empleo ha cambiado». Y añade: «El trabajo ha sido durante muchos años la forma para poder estar en la sociedad de manera normalizada, la puerta a tener derechos». El problema es que ese empleo que nos protegía social y económicamente, «ha dejado de tener esa capacidad», afirma el investigador.

Esclavas modernas

Dentro de los denominados «trabajadores pobres», las trabajadoras domésticas son las más desprotegidas. Según el último estudio de Intermón Oxfam en el que se analiza su situación, el 32,5 % de las trabajadoras del hogar es pobre. Cualquier situación de necesidad que atraviese un trabajador pobre, las empleadas del hogar lo sufren en un porcentaje mayor. Pagar el alquiler, llegar a fin de mes o conseguir una semana de vacaciones al año se vuelve una odisea para estas mujeres.

Es el caso de Klermany. Ella es una de las más de 550.000 trabajadoras empleadas del sector doméstico en nuestro país. Su salario queda por debajo del salario mínimo. «No puedo permitirme dejar de trabajar ni un día», afirma Klermany. Ella, como muchas otras trabajadoras domésticas, trabaja para no llegar a fin de mes.

Antes del coronavirus llegó a trabajar en 15 casas en la misma semana. Las noches las pasaba en el Gregorio Marañón cuidando a un anciano cuya familia no quería que se quedara solo. «Trabajaba día y noche. Era una cuestión de necesidad», recuerda.

Forman parte del sector más desprotegido de la clase obrera. Los márgenes de los márgenes. Su régimen especial no les da derecho a paro, apenas cotizan por su salario real y deben defenderse casi a diario de intentos de explotación. Edith Espínola, portavoz del Servicio Doméstico Activo, da fe de la situación que viven las mujeres que trabajan en domicilios: «Durante la pandemia se han disparado las contrataciones de internas que trabajan siete días a la semana por 600 euros» y enumera un sinfín de anuncios de internet. «Los anuncios se borran en cuestión de horas y luego es difícil perseguir esta explotación. Ningún inspector de trabajo va a entrar en una casa para comprobar que se está explotando a una trabajadora», denuncia.

Carolina Elías, presidenta de la Asociación para la Defensa de los y las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados es tajante con este tipo de ofertas: «El trabajo de interna es una forma de esclavitud moderna». Ahora mismo su esperanza es que el Gobierno apruebe el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que iguala los derechos de las trabajadoras y empleadas del hogar con el resto de trabajadores. «Si España aprobara este convenio, las trabajadoras del hogar tendrían por lo menos derecho a paro», afirma Carolina.

La precariedad tiene nombre de mujer

La temporalidad es otro de los aspectos fundamentales para comprender la pobreza de muchos trabajadores. También lo es la contratación a tiempo parcial. Según el Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, el 50% de los trabajadores que tienen un empleo a tiempo parcial no desean este tipo de relación con su empresa. Ambos fórmulas se suman a la precariedad laboral, que afecta (de nuevo) más a mujeres que a hombres.

Mar es una de ellas. Ella es lo que en Correos se conoce como sabadera. Uno de esos contratos eventuales que dan servicio a la empresa postal durante fines de semana y festivos y que se prorrogan durante unos cuantos meses al año. Navidades, veranos, algún mes suelto si hay suerte. A sus 50 años, lleva 17 encadenando este tipo de contratos. Nunca sabe cuando va a sonar el teléfono. «A veces he estado de vacaciones y me han llamado para firmar un contrato eventual el día siguiente», afirma Mar.

«Desde hace 20 años a Correos se le ha ido separando de la administración pública para convertirla en una empresa que trabaja con lógica privada», afirma Mario Murillo, portavoz de ‘Correos en lucha’. Según la plataforma, eso explica la precariedad laboral que atraviesa la compañía. «El objetivo es ser más competitivo en el sector, pero también se degrada el trabajo al cambiar la figura del funcionario por personal laboral, que tienen menos derechos», explica Mario.

Según los datos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el nivel de temporalidad en Correos es superior al 35%. Desde Correos en Lucha se oponen a este tipo de contratos. «No te permiten tener un proyecto de vida a ninguna edad. No te vale ni a los 25 años, que no puedes pagar ni la matrícula de la carrera ni te vale para tener hijos, ni para hipotecarse, ni para tener un proyecto que pase de pasado mañana. Es la incertidumbre absoluta», afirma Mario. Mientras, Mar espera la llamada de uno de estos contratos temporales, cobra un subsidio de desempleo de 212 euros. «Lo único que sé es que no puedo estar así toda la vida», lamenta.

Cuando el salario mínimo no basta

A pesar de que el Gobierno elevó en 2020 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 950 euros mensuales (lo que supone 13.300 euros al año si hablamos de una jornada completa durante un año entero), es insuficiente para que muchos trabajadores escapen de la trampa de la pobreza.

Gonzalo es uno de esos profesionales a los que hasta hace poco se aplaudía a las 20.00 horas desde los balcones de toda España. Trabaja en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid como TIGA (Transporte Interno y Gestión Auxiliar, anteriormente conocido como celador), uno de los servicios que se externalizó de los hospitales públicos y que gestiona una empresa privada.

Sobre el papel, son personal de limpieza, pero la realidad es otra. Sus labores van desde mover pacientes en la cama hasta llevarles a hacer pruebas, pasando por recoger muestras biológicas o llevar muebles a un punto limpio. Gonzalo roza el mileurismo. Algo más si el turno del mes correspondiente tiene un festivo. En una ciudad como Madrid, en la que el alquiler medio es de 780 euros al mes, admite que la mayoría de los meses no salen las cuentas: «El día 15 ves cómo el dinero desaparece y no puedes hacer nada», afirma con resignación asumiendo la precariedad de su sector. Y es que, según los datos del INE, el SMI no cubre los costes de la vida, al menos en ocho comunidades autónomas. Un sueldo legal para una realidad a la que se le rajan las costuras.

Pero la precariedad no es solo económica, también afecta a la salud y los derechos. Según la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores pobres son más proclives a sufrir enfermedades y están menos protegidos laboralmente, lo que aumenta su precariedad. Es lo que le pasó a Javier, un compañero de Gonzalo que murió encadenando contratos eventuales durante el coronavirus en el ejercicio de su profesión. «Suena muy crudo, pero a mi compañero le mató la precariedad laboral», afirma sin titubeos. «Llevaba mucho tiempo encadenando contratos pequeños, de un mes, porque lo necesitaba. Por miedo a que no le renovaran fue aguantando, fue aguantando… era diabético, no le dieron mascarillas y falleció». Luego hace una pausa larga y se despide. Hoy libra, pero mañana toca seguir trabajando.

RTVE

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