Tribunal Supremo confirma condena a España por no defender a periodista asesinado en Irak

El Tribunal Supremo de España confirmó este miércoles la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios ocasionados a la viuda y los hijos de José Couso, reportero gráfico asesinado en Irak por un proyectil de un carro de combate estadounidense lanzado contra un hotel donde se alojaban periodistas.

«La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia recurrida que reconoció el derecho a una indemnización de 182.290 euros a la familia del cámara (99.430 euros para la viuda y 41.430 para cada uno de los hijos)», informó el Supremo en un comunicado.

En enero de 2020 la Audiencia Nacional condenó a la administración pública a indemnizar la familia tras constatar el Estado que no realizó ninguna gestión diplomática en defensa de los intereses de Couso.

En concreto, el fallo recordaba que Couso falleció en un ataque injustificado contra la población civil y que España «se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración de los Estados Unidos» sin emprender ninguna acción en busca de justicia o reparación.

Ahora, el Tribunal Supremo confirma –tal y como señalaba esa sentencia– concluye que «el Estado español (…) estaba obligado a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos» que «pudiera dar como resultado la reparación del daño ocasionado».

Es decir, España tenía la obligación de «no dar la callada por respuesta y no limitarse a dar por buenos los argumentos dados en contra de la ilicitud por el Estado que lo ocasionó», que en este caso es EEUU.

La decisión del Supremo fija jurisprudencia, estableciendo que los ciudadanos españoles «tienen derecho a la protección diplomática por parte de la Administración nacional para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un hecho ilícito conforme al Derecho Internacional ocasionado directamente por otro Estado».

La Administración mantendrá la obligación de intervenir, matiza el fallo, siempre y cuando «el propio perjudicado no haya podido obtener la reparación por los mecanismo de Derecho interno del Estado productor del daño».

En su sentencia, el tribunal rechaza la alegación del abogado del Estado de que los recurrentes no agotaron los recursos internos de reclamación ante los tribunales de los Estados Unidos.

En este sentido, el fallo afirma que una pretensión de esa naturaleza requiere una importante disponibilidad económica de la que no consta que pudieran asumir los recurrentes.

Además, la sentencia destaca que la Administración también se desentendió de esos procedimientos, ya que no se hizo ningún movimiento destinado a «facilitar los medios para dicha reclamación».

Javier Couso, hermano del reportero asesinado (y antiguo eurodiputado por el partido Izquierda Unida) celebró el fallo del Tribunal Supremo destacando que la decisión se produce «para pesar» del actual Gobierno de España, que recurrió la sentencia anterior.

Desde hace años la familia Couso trabaja para intentar llevar a la justicia a los justicia a los responsables del regimiento de blindados nº 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada de Ejército de los EEUU, al que pertenecía el tanque que disparó el proyectil.

Sin embargo, la Audiencia Nacional –en una decisión posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional– decretó el archivo de la causa bajo la premisa de que los límites a la justicia universal establecidos en reforma judicial del Gobierno del conservador Mariano Rajoy en 2014 impedían la búsqueda de los responsables desde España.

El archivo de la causa se produjo pese a que en el año 2016 el Tribunal Supremo reconoció que «la muerte de un profesional de la información» en esas circunstancias supone un «ataque no justificado por parte de la fuerza armada a la población civil».

Sputnik

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