La nueva Ley de Memoria Democrática española prohibirá las fundaciones franquistas

La norma ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros y pretende mejorar la Ley de Memoria Histórica de 2007.

También prevé crear un banco de ADN, llevar la historia de la democracia a las aulas y crear una Fiscalía de Sala en el Supremo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Ley de Memoria Democrática que aspira a reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura e impedir que se ensalce el franquismo. Lo hace diez meses después de que el anteproyecto de la norma contara con el primer visto bueno por parte del Gobierno tras haber sido promovido e impulsado por la ya exvicepresidenta primera, Carmen Calvo.

El proyecto prevé mejorar y completar la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, cuyas carencias ha querido subsanar el Ejecutivo con una reforma que ha sufrido un largo proceso antes de ser remitida a las Cortes.

Entre otras cuestiones, el texto contempla extinguir las fundaciones franquistas que humillen a las víctimas, resignificar el Valle de los Caídos, declarar nulos los juicios represivos e impulsar exhumaciones.

«Homologar» la legislación española al resto de países europeos

En su primera intervención en una rueda de prensa tras la reunión del nuevo Gabinete de Pedro Sánchez, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado que el proyecto homologa la legislación española al resto de países europeos y cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria.

Los objetivos específicos, ha dicho, son «la recuperación, la salvaguarda y la difusión de los valores democráticos y los derechos fundamentales, de su historia y su reivindicación a lo largo de la historia contemporánea, así como el reconocmiento de todas las víctimas del golpe de Estado del 36 y de la posterior dictadura».

La norma, que contempla un extenso catálogo de medidas, está basada en tres ejes: el primero, poner a las víctimas en el centro de la acción política; el segundo, poner en valor el valor de las mujeres que «sufrieron la misma represión pero agravada por su condición de mujeres»; y el tercero, dar importancia al movimiento memorialista. 

Disolución de entidades que enaltezcan el franquismo

El proyecto que este martes avala el Gobierno es el resultado de las modificaciones sumadas al anteproyecto, entre ellas algunas sugeridas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como las referidas a los requisitos que podrán permitir la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador o prohibir actos públicos de exaltación del franquismo.

Siguiendo esa sugerencia, la ley permitirá extinguir las fundaciones que ensalcen a dirigentes de la dictadura y lo hagan «con menosprecio a las víctimas» del golpe de estado de 1936, la Guerra Civil o el franquismo. El anteproyecto ya establecía como «contrario al interés general» la «apología del franquismo», pero, en su informe, el CGPJ alertó de que este concepto «sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas» suponía la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero amparadas por la libertad ideológica y de expresión.

En el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para su tramitación, se especifica que se considerará apología del franquismo «que se ensalce el golpe de Estado y la dictadura o se enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de la víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo».

Este supuesto será aplicable, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco que, al enaltecer al dictador, quedaría extinguida cuando se apruebe la ley una vez concluya su tramitación parlamentaria.

Nulidad de juicios represivos y sanciones 

Como ha recalcado Bolaños, se trata de la primera ley que en la que se «condena y repudia expresamente» el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura.

Otra de sus claves tiene que ver con la nulidad de los juicios represivos del franquismo, un punto en el que también el CGPJ sugirió limitar la nulidad «a la existencia de un contenido específico de condena o sanción».

La Ley de Memoria Histórica no contemplaba el castigo con multa de los incumplimientos de la norma, algo que sí incluye la nueva legislación, con un régimen sancionador que con cuantías de hasta 140.000 euros para las infracciones más graves, como la destrucción de fosas o el menoscabo a los lugares de memoria democrática.

Resignificación del Valle de los Caídos y exhumación de Primo de Rivera

Una vez que se exhumaron los restos de Franco del Valle de los Caídos, la Ley de Memoria Democrática tiene previsto dar las pautas para transformar el enclave en un cementerio civil dedicado a rendir homenaje a los dos bandos de la contienda y permitirá extinguir la Fundación de la Santa Cruz, dirigida por benedictinos. 

Cuando quede extinguida esta fundación y considerando que los monjes benedictinos ya no podrán seguir regentando el lugar, el Gobierno deberá aprobar un nuevo real decreto que establezca la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de todo el complejo, una norma que se quiere negociar con la Iglesia. Mientras ese acuerdo llega, será Patrimonio Nacional quien tome las riendas de todo el Valle.

Otra novedad anunciada por el ministro de la Presidencia es que los restos del líder falangista José Antonio Primo de Rivera, que actualmente se encuentran en el altar mayor de la basílica del Valle, tendrán que dejar de estar en un «lugar preponderante» dentro de ese mausoleo. 

En cuanto al futuro de la enorme cruz del mausoleo, Bolaños ha señalado que «la ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión».

Exhumaciones, banco de ADN y retirada de símbolos y honores

Por otro lado, se impulsarán las exhumaciones de restos de las víctimas y se habilitará un banco de ADN para facilitar las identificaciones de los desaparecidos.

«Queremos que las miles de familias que siguen buscando los restos sepan que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión (…) Esta es una herramienta para que puedan descansar en paz», ha asegurado el ministro de Presidencia.

Otro propósito es culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la Ley de Memoria Histórica, al tiempo que algunos enclaves podrán ser declarados «lugares de memoria democrática».

Asimismo, apuesta por la retirada de honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura, incluidos los títulos nobiliarios.

Consejo Interterritorial y dos fechas conmemorativas

La ley también prevé creará un Consejo Interterritorial de Memoria Democrática para que exista cooperación entre administraciones y un consejo de memoria democrática en el que participarán asociaciones memorialistas.

La Ley de Memoria Democrática también tiene previsto establecer dos fechas conmemorativas: el 31 de octubre, cuando el Parlamento aprobó la Constitución española, se convertirá en el Día de las Víctimas de la dictadura, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, será el Día de las personas exiliadas, según ha confirmado el Gobierno.

Memoria democrática en las aulas

Se incluyen, asimismo, previsiones en el ámbito educativo para incorporar a los contenidos curriculares el conocimiento de la historia y la memoria democráticas, así como la obligación a la administración General del Estado de promover su conocimiento mediante programas divulgativos.

Concretamente, el Gobierno ha modificado el anteproyecto en los puntos relativos a la inclusión de la historia de la democracia en los planes de estudio de manera que, además de en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato, también se estudie memoria democrática en Formación Profesional, además de en la formación inicial y continua del profesorado.

Nueva Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes

Además de atender la opinión del CGPJ, el Gobierno ha incorporado también las sugerencias del Consejo Fiscal que hizo un informe favorable al anteproyecto, pero pidió que se perfilaran mejor las funciones del nuevo fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El proyecto incluye en este sentido una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dejar claras las competencias de esta nueva figura que se encargará de investigar los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y a la que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.

Bolaños ha precisado que la activación de esta Fiscalía no suspende las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales.

Nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española

Otra novedad es que se establecen dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española. Uno de ellos es el de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y que perdieron la nacionalidad española.

El otro supuesto, según ha detallado el ministro de Presidencia, es el de los hijos mayores que se les dio la opción de obtener la nacionalidad en la ley de memoria histórica del año 2007 y que únicamente afectó a los hijos menores: «Ahora abrimos la posibilidad a los hijos mayores de edad».

La ley se aprueba con Carmen Calvo fuera del Gobierno

Estaba previsto que el texto fuese aprobado para su remisión a las Cortes en la reunión previa del Gabinete de Sánchez, pero la remodelación en la que Calvo ha sido sustituida por Félix Bolaños en la Presidencia llevó al nuevo ministro a posponerla una semana más antes de su aprobación definitiva.

Así, el que ha sido uno de los proyectos legislativos más señeros del mandato de Carmen Calvo ve la luz coincidiendo con su partida del Gobierno y tras resolver algunas modificaciones sobre el anteproyecto visto en primera lectura, las más importantes a instancias del CGPJ.

El proyecto de ley se enviará a las Cortes para el inicio de su tramitación en el Congreso en el próximo período de sesiones, a partir de septiembre, y durante la cual los grupos parlamentarios podrán proponer más modificaciones.

El ministro de la Presidencia tiene previsto iniciar esta semana una primera ronda de contactos telefónicos con los portavoces parlamentarios en la que presumiblemente abordarán el calendario de tramitación de las principales normas que llegarán al Congreso, como el techo de gasto o los presupuestos.

Desde la derecha, el PP ya confirmó este lunes que si llega a Moncloa sustituirá esa Ley de Memoria por una Ley de Concordia mientras que Vox advirtió de que está decidido a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional.

La Fundación Francisco Franco ha difundido este mismo martes un comunicado en el que arremete contra esta «inconstitucional» norma y el «aquelarre antifranquista» que la promueve, y se compromete a seguir defendiendo la «verdad histórica» y el legado de Franco.

«Nadie podrá borrar la enorme trascendencia de Francisco Franco y su época, tanto por lo que evitó, como en los logros conseguidos», asevera la nota de la entidad, que podría ser extinguida al amparo de esta nueva legislación.

Por su parte, las asociaciones memorialistas consideran que la nueva norma se queda corta y tratarán de influir en las formaciones parlamentarias para cambiar algunos de sus términos a través de enmiendas en el Congreso y el Senado.

RTVE

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