EDITORIAL.- La cara oculta de la Constitución española

Últimamente, la derecha española, heredera del franquismo, viene lanzando ladrillos a diestro y siniestro con la Constitución española. Lo hacen frente al conflicto de la España plurinacional que no reconocen y que, sin embargo, está contenido en el texto constitucional, reivindicando la unidad de España desde una óptica anacrónica y alejada de toda realidad. Luego se niegan a la renovación de los órganos del Poder Judicial que les encomienda la propia carta magna.

El estado de alarma ante una Pandemia, es decir, un gravísimo problema de salud pública es, para las franquistas modernos, anticonstitucional. Salir de copas a cualquier hora del día y de la noche es más acorde con lo que ellos entienden por libertad constitucional.

La sanidad, la educación, la dependencia y prácticamente todos los servicios públicos en manos de sociedades anónimas es la lectura que  dan a la Constitución española y el neoliberalismo económico la interpretación de la libertad que atribuyen a la primera de las leyes del Estado.

En esa dialéctica de una de las lecturas de la Constitución ha navegado lamentablemente también el PSOE, durante toda la etapa del bipartidismo y hasta la actualidad.

Tras la Constitución de 1978, especialmente a partir de los gobiernos de Felipe González y a instancias de los poderes económicos internacionales, comenzaron a producirse privatizaciones de amplios sectores públicos, y no precisamente ruinosos.

Fruto de aquellas políticas, continuadas hasta hoy, encontramos un panorama en el que las telecomunicaciones, las energías  y la banca, entre otros sectores estratégicos, están en manos de monopolios que han contribuido al encarecimiento de la vida y el desempleo, aumentando mucho más las desigualdades sociales con respecto a la época citada.

La otra lectura textual del texto normativo principal sigue ahí, esperando que un Gobierno la desarrolle en políticas cotidianas.

El derecho a la vivienda (Art.47), al trabajo (Art.35) o a la salud (Art.41). el Art.129, el uso de la economía social, tutelada por el Estado, como alternativa  a la urdimbre empresarial de provecho privado. La implantación de cooperativas, cuyos trabajadores sean previamente formados y dotados de los medios necesarios para la producción,  en cualquier sector económico, constituye, una vía alternativa empresarial, de provecho colectivo, que garantiza mucho más el empleo y el reparto de riqueza y, por lo tanto, la cohesión social.

A pesar de todo, se ha venido externalizando (poniendo los servicios púbicos en manos de empresas provecho privado), en todos los ámbitos institucionales.

En el contexto actual nos encontramos, una vez más, con abusos de la gran banca, las telecos y especialmente  las eléctricas acosando al bolsillo de los ciudadanos.

Asistir a esa marea neoliberal es más de lo mismo que los ciudadanos han venido padeciendo durante décadas y que ha empobrecido a amplios sectores de la población.

Un Gobierno de coalición progresista  debería optar también por  aplicar el Art.128.2: “Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

Y el Art. 129.2: “Los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

Por lo tanto, las bases jurídicas sobre las cuales puede construirse una sociedad más justa están en la mismísima constitución, aquella que sólo se levanta parcialmente para justificar precisamente, lo contrario.

Si se quiere esta Carta Magna, aplíquese, y si no, refórmese, pues no es un texto exclusivamente válido para justificar una caduca monarquía.

Las grandes empresas de este país, incurren en un enriquecimiento injusto que siendo punible deviene impune con el aval cómplice del propio Estado si éste no actúa en defensa de los ciudadanos, es decir, del interés general y el bienestar de la inmensa mayoría de la población..

Si los moradores actuales de la Moncloa tienen urticaria a lo público, que se vayan, y  si no que simplemente lleven a cabo lo establecido en esa otra cara de la Constitución española, aunque sólo sea por imperativo legal.

About ELCOMUNISTA.NET (79103 Articles)
Síguenos en Twitter @elcomunistanet Síguenos en Facebook grupo: el comunista prensa roja mundo hispano Nuestro e mail: elcomunistaprensa@yahoo.com
A %d blogueros les gusta esto: