La Fiscalía indica que «no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito».
También argumenta que el Tribunal de Cuentas no ve que se produzca perjuicio a las arcas públicas.
La Fiscalía de Madrid ha dirigido un escrito al juzgado que investiga la conveniencia del rescate acordado por el Fondo de Ayuda a la aerolínea Plus Ultra, en el que señala que procede desbloquear el pago de los 34 millones de euros pendientes al no apreciar delito.
En un escrito, la Fiscalía indica que «no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna».
Además, el Ministerio Público argumenta que el Tribunal de Cuentas no ve que se produzca perjuicio a las arcas públicas y, como consecuencia de eso, inadmitió la denuncia de Cs.
También dice que la necesidad de los 34 millones se aprecia en el plan de viabilidad aportando por la empresa y que hay mecanismos de control suficientes en el caso de que se libere el préstamo.
El juzgado de instrucción nº 15 de Madrid suspendió el pasado 22 de julio el rescate a la aerolínea, a la espera de las alegaciones de la Fiscalía y de la justificación del mismo por parte de la empresa.
Solo si se incumpliera la devolución del préstamo habría daño real
En opinión de la Fiscalía, no hay peligro de incurrir en mora procesal, ya que la ayuda consistió en dos préstamos -uno participativo por 34 millones y otro ordinario por 19-, por lo que sólo en el momento en el que se incumpliera el vencimiento de la obligación de devolución se podría producir un daño real.
Hay mecanismos de control, añade el escrito, para asegurar la devolución del préstamo, ya que la ayuda se ha canalizado a través del Fondo de Ayuda, organismo sujeto a la fiscalización de la Intervención General de la Administración del Estado.
Asimismo, recuerda que existe un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que concluye que la concesión y desembolso del préstamo a Plus Ultra «no supone un quebranto patrimonial para el Fondo».
El pasado 9 de marzo el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
Una pérdida de empleo directa para más de 400 personas
En su plan de viabilidad, la compañía ha aportado garantías adicionales, que la Fiscalía considera «adecuadas y suficientes para la preservación de los fondos públicos», señala el ministerio público, que recuerda que existe además un contrato de prenda sobre acciones equivalentes a la mayoría del capital social del beneficiario.
La fiscal considera que «debe tenerse en cuenta que la necesidad del desembolso del préstamo participativo de 34 millones de euros pendientes de entrega se deduce del plan de viabilidad» aportado al expediente administrativo, y que ha sido examinado por los asesores independientes.
En estos informes, añade, se concluye que la ayuda pública «es imprescindible para el mantenimiento de la compañía», un principio fundamental a la hora de conceder el rescate y que ha sido estudiado por el asesor DC Advisory.
El Ministerio Público se remite a las conclusiones de aquel trabajo, y señala que el cese de la actividad «generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2700 trabajadores». Todo ello redundaría en un impacto de «365 millones de euros en términos de facturación».
La aerolínea Plus Ultra ha valorado positivamente que la Fiscalía de Madrid haya pedido a la juez la conveniencia de su rescate público, según ha epresado en un comunicado, en el que muestra su satisfacción, y lamenta la falta de fundamento de las «falsas acusaciones y tergiversaciones» vertidas en los últimos meses sobre Plus Ultra, la cual ha sido «injustificadamente como arma arrojadiza en una batalla política contra el Gobierno de España».
RTVE
