Profesor chileno que fue a prisión tras una protesta hoy postula al Congreso

Un total de 56 días estuvo en prisión preventiva el profesor chileno Roberto Campos al interior de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, luego de que el Gobierno de Sebastián Piñera se querellara en su contra usando la Ley de Seguridad del Estado, una estricta normativa que tuvo su auge durante la represión de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Por Francisco Bravo Atias*

Campos fue detenido tras protestar por el alza de precios del pasaje del Metro de Santiago en octubre de 2019, protagonizando junto a miles de estudiantes una de las manifestaciones que dio inicio al proceso denominado «estallido social», que derivó en una serie de cambios políticos y sociales y que motivó la elección de una asamblea ciudadana que actualmente escribe la próxima Constitución del país.

La Fiscalía acusa a Campos de destruir un torniquete, uno de los aparatos de metal que controlan el ingreso de los pasajeros del Metro, mientras que su defensa alega que la máquina ya estaba rota y él solo golpeo los restos.

Debido a la índole de su delito, diversos líderes sociales, políticos e incluso jueces acusaron una desproporcionalidad en la medida cautelar que recibió el profesor. En diciembre de 2019 salió en libertad, quedando con arresto domiciliario nocturno a la espera del juicio. La Fiscalía ya anunció que pedirá ocho años de prisión para el docente de matemáticas.

La historia del profesor que hacía clases en la prestigiosa Universidad del Desarrollo (de la que fue despedido) y que terminó en prisión por protestar lo transformó en un ícono de las manifestaciones del estallido.

PUNTO DE REFERENCIA

«Me convertí en un punto de referencia para ejemplificar las desigualdades del sistema judicial. Cada vez que ocurre una injusticia, invocan mi nombre. Cuando murió Fernando Karadima (sacerdote que abusó y violó a mayores y menores de edad, fallecido hace dos semanas) la gente se preguntaba por qué él no pasó ni un día en la cárcel y yo, que golpeé un torniquete, me fui preso dos meses», comentó Campos a Sputnik.

El profesor es considerado uno de los primeros presos de la revuelta, que son aquellos manifestantes que fueron detenidos, apresados y que tiene medidas cautelares en su contra por delitos cometidos en el contexto de las protestas. Para la oposición política, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda, Campos y todos ellos son denominados «presos políticos» y actualmente impulsan en el Congreso un proyecto de ley para indultarlos a todos.

«Soy un preso político porque conmigo no se respetó el debido proceso. A pesar de que fui muy colaborativo en la investigación, dejando pasar a la policía a mi casa, entregando mis zapatillas y mi computador, la jueza Alejandra Apablaza consideró que yo era un peligro y me dejó en prisión. No tomó en cuenta que no tengo ningún antecedente penal», señaló.

Asimismo, explicó que su caso está estancado y a pesar de que su abogado ha pedido en reiteradas ocasiones que se le enjuicie, los tribunales han dilatado las audiencias. «En mi caso se violó el principio de proporción, la presunción de inocencia y no se siguió el debido proceso judicial», acusó.

Durante su estadía en la cárcel, Campos se dedicó a escribir un libro sobre su historia, texto que ya tiene casi terminado y que busca publicar en lo pronto. Además, a mediados de julio de este año subió un video a redes sociales anunciando una precandidatura a diputado, pidiendo firmas para concretarla ante el Servicio Electoral y poder estar en la papeleta en las elecciones de noviembre.

«Quiero llegar al Congreso porque quiero hacer cambios de verdad, con buenas intenciones. Abrir espacios a la ciudadanía y quitarle poder a los partidos hegemónicos, ser un canal abierto y que la política se nutra de los movimientos sociales, de los sindicatos y del pueblo», cerró.

INDULTO A LOS IMPUTADOS

El proyecto de indulto a los denominados «presos de la revuelta» fue presentado por parlamentarios de todos los partidos de oposición y cuenta con apoyo de la Convención Constitucional y de los movimientos sociales nacidos en el marco de la revuelta, quienes argumentan que gracias a esos manifestantes Chile pudo iniciar un proceso constituyente.

Pero aún hay un factor que no se ha logrado dirimir. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos manifestantes presos, imputados y condenados entrarían en la calificación para ser indultados.

Según el Grupo de Iniciativas por la Liberación de las y los Presos Políticos, una entidad que agrupa a 80 organizaciones sociales a favor de los manifestantes, actualmente hay 806 personas imputadas que podrían ser indultadas.

El Fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbott, acudió en julio de este año al Senado a argumentar en contra del proyecto argumentando que es imposible contabilizarlos a todos, asegurando que no existe ningún parámetro objetivo para separar a los manifestantes de los delincuentes. «Nos han pedido hacer un catastro, pero es un ejercicio imposible», afirmó.

Según Abbott, hasta julio de este año habían solo 25 personas cumpliendo prisión preventiva efectiva por delitos relacionados al estallido social. El Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y el Gobierno también han entregado cifras con estudios correspondientes, pero todas difieren entre sí.

El proyecto de ley está estancado en la Comisión de Constitución del Senado. El presidente de la instancia, el senador independiente Pedro Araya, es el encargado de decidir cuándo se comenzará a debatir el tema y muchos lo acusan de dilatar el asunto ya que es uno de los pocos líderes de la oposición que está en contra de indultar a los presos.

Sin embargo, esta semana Araya anunció en conferencia de prensa que a mediados de agosto dará inicio a la discusión y votación del proyecto.

*Sputnik

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