Fiscalía boliviana ratifica que caso de fraude electoral está «cerrado y resuelto»

La Fiscalía General de Bolivia restó importancia a una auditoría hecha por la Organización de Estados Americanos (OEA) y ratificó el martes que el proceso por un supuesto fraude electoral en 2019 estaba «cerrado y resuelto», con los acusados sobreseídos por falta de pruebas.

«Vamos a ser claros: el Ministerio Público tiene por cerrado y resuelto este tema; por tanto, no vamos a entrar al debate de este tema con nadie», dijo el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.

El también portavoz de la Fiscalía hizo la afirmación en conferencia de prensa al día siguiente de que la OEA reabriera el debate sobre las elecciones de 2019 con un comunicado en el que calificó a esos comicios como una «vergüenza» por haber estado supuestamente plagados de «irregularidades dolosas».

Esa votación fue ganada en primera vuelta por el entonces presidente Evo Morales, pero el resultado terminó anulado tras protestas alentadas por denuncias de fraude y el informe de la OEA que sembró dudas sobre la imparcialidad de las autoridades electorales.

SOLO UN INDICIO

Quispe dijo que, para la Fiscalía, «el informe de la OEA viene a ser un indicio más dentro del proceso de investigación y no es vinculante», por lo que al cabo de un año y medio de una pesquisa sin hallar pruebas materiales suficientes, esa oficina dictaminó el sobreseimiento de los acusados.

La decisión de cerrar el caso siguió a la divulgación de una pericia informática, encomendada por la Fiscalía a la Universidad de Salamanca, España, que detectó «negligencias» en los sistemas electorales pero descartó la posibilidad de manipulación de datos por la existencia de varios controles cruzados.

El secretario de la Fiscalía aseguró que en el desarrollo del ahora cerrado proceso penal «no se recibió aportes de carácter probatorio por parte de actores que hoy observan este trabajo», en alusión a opositores conservadores disconformes con el sobreseimiento de las exautoridades electorales acusadas.

Sobre el comunicado emitido el lunes por la oficina electoral de la OEA, que repitió el criterio de que hubo fraude en 2019, Quispe dijo que la Fiscalía «no se va a referir a ningún pronunciamiento o documento de carácter político y parcializado, mucho menos a documentos de autores anónimos».

El vocero dijo que, frente a un informe de la OEA que era producto de pactos políticos, la Fiscalía realizó investigaciones técnicas y jurídicas para determinar la «verdad material» de lo sucedido en las elecciones de 2019, por lo que habría sido «incongruente» tomar decisiones sobre la base solo de la auditoría del organismo continental.

Quispe defendió en cambio la pericia informática de la Universidad de Salamanca, que calificó como «una investigación penal, integral, pública, objetiva y transparente, cuya validez e importancia son incuestionables (…), realizada con honestidad y libre de presiones».

Las exautoridades electas que se beneficiaron con el siobreseimiento de la Fiscalía anunciaron que prevén denunciar ante organismos internacionales la injerencia de la OEA y la persecución de la que, según dijeron, fueron objeto durante el año siguiente a la anulación de las elecciones de 2019.

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