Cuba llama a embajador de Reino Unido y le pide no inmiscuirse en asuntos internos

El director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba, Emilio Lozada, convocó el jueves al embajador del Reino Unido en la isla, Antony Stokes, para recordarle la obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado cubano.

«Recordé (al embajador británico) la necesidad de respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece, en su artículo 41, la obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor», escribió el funcionario del Minrex en su cuenta de la red social Twitter.

El pasado 17 de agosto, el diplomático británico criticó la aplicación en Cuba del decreto-ley 35, que regula nuevas normativas de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, el uso del espectro radioeléctrico, y la ciberseguridad.

«El hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada hoy por el Decreto-Ley 35 silencian voces legítimas y violan convenciones internacionales», publicó el embajador Stokes en Twitter, lo que provocó la reacción de la cancillería cubana.

Lozada recordó al diplomático británico que el Reino Unido es signatario de la Convención de Viena desde el 11 de diciembre de 1961.

También le reiteró que las leyes de ciberseguridad no son exclusivas de Cuba, y puso como ejemplo el marco regulatorio del Reino Unido, que establece sanciones destinadas a promover la prevención de la actividad cibernética que debilite la integridad del país, cause pérdidas económicas o afecte a un número significativo de personas.

La nueva legislación puesta en vigor en Cuba el pasado 16 de agosto implementa la política sectorial y ordena y garantiza «el uso del espectro radioeléctrico, la planificación, instalación, operación, explotación, mantenimiento y comercialización de las redes y la adecuada prestación a las personas naturales y jurídicas de estos servicios, incluida su seguridad».

El Decreto-Ley 35/21 incluye en su contenido los decretos que aprueba el Reglamento General de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y sobre el uso del espectro radioeléctrico.

También aparecen incluidas las resoluciones que aprueban el reglamento de interconexión, acceso e instalaciones esenciales, las que establecen las regulaciones para la transmisión y recepción de los servicios de comunicaciones que utilizan satélites artificiales de la tierra; y sobre el modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad.

Entre los derechos y deberes para los usuarios de servicios de telecomuniaciones, el Decreto-Ley 35/21 establece: «impedir que los servicios de telecomunicaciones/TIC se utilicen para atentar contra la Seguridad y el Orden Interior del país, transmitir informes o noticias falsas», o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer actos ilícitos.

La cancillería cubana denunció el 16 de julio pasado en Twitter que el sitio web de la cartera de Estado «ha recibido un ciberataque de denegación de servicios (DDoS) desde el día 11 de julio de 2021», fecha en que se realizaron protestas ciudadanas denunciando la situación económica y sanitaria que vive el país.

Agrego que ese ciberataque generó accesos falsos en grandes cantidades comprometiendo nuestros servidores.

Mientras que en julio el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que tenía pruebas «irrebatibles de que la mayoría de los usuarios que participaron en esta campaña» contra el Gobierno de la isla se encontraban en EEUU y «utilizaron sistemas automatizados para la viralización de los contenidos, sin ser penalizados por la red social Twitter». 

Sputnik

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