Indígenas brasileños, a las puertas de una votación clave en el Supremo

«No al marco temporal», «Nuestra historia no empieza en 1988″… son frases habituales en las pancartas que ondean en las manifestaciones de los indígenas brasileños. Detrás de ellas hay una votación clave, que arranca mañana miércoles en el Tribunal Supremo Federal y que definirá el futuro de las poblaciones nativas del país.

Por Joan Royo Gual*

Los indígenas son frontalmente contrarios al llamado «marco temporal», pero ¿de qué se trata? Empecemos por el principio: este miércoles, los jueces de la máxima corte judicial del país decidirán sobre una demanda del Gobierno del estado de Santa Catarina (sur) contra el pueblo Xokleng para apropiarse de la Tierra Indígena Ibirama-Laklãnõ, donde también viven los pueblos Guaraní y Kaingang.

Aparentemente se trataría de un caso aislado, pero en 2019, el Supremo dio estatus de «repercusión general» al proceso, lo que significa que la decisión judicial servirá de directriz para el Gobierno y todas las instancias de la justicia a la hora de abordar los procesos de demarcación de tierras indígenas, cuando el Estado reconoce la «propiedad» de una comunidad nativa sobre un área concreta.

Los territorios legalmente reconocidos como Tierras Indígenas (TI) actualmente ocupan el 13 por ciento de la superficie de Brasil (alrededor de 117,3 millones de hectáreas). Suelen ser bastiones de la conservación, ya que actividades como la tala, la minería, la ganadería y la agricultura extensiva no están permitidas. Las presiones para que eso cambie son cada vez más fuertes.

EL CONCEPTO DE «MARCO TEMPORAL»

En el centro de la actual disputa está el concepto del «marco temporal», una tesis político-jurídica que defienden principalmente el lobby agrícola y ganadero y empresarios y políticos interesados en explotar las tierras indígenas con intereses económicos. Según esta interpretación de la ley, los pueblos indígenas sólo tendrían derecho al reconocimiento oficial de las tierras que estuvieran ocupando el 5 de octubre de 1988, cuando se aprobó la actual Constitución.

La Constitución brasileña, no obstante, no estableció ningún límite de tiempo para solicitar un proceso de demarcación, por lo que los indígenas consideran que el concepto de «marco temporal» es inconstitucional y el Supremo debe darles la razón.

«La tesis es injusta porque no tiene en cuenta las expulsiones, desplazamientos forzados y todas las violencias sufridas por los indígenas hasta la aprobación de la Constitución. Además, ignora el hecho de que hasta 1988, ellos eran tutelados por el Estado y no podían recurrir a la Justicia para luchar por sus derechos», destacó en un comunicado el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), una de las organizaciones contrarias al «marco temporal».

Si los jueces dan la razón al Gobierno de Santa Catarina marcaría un precedente que podría poner en riesgo la futura demarcación de tierras indígenas, ya que en muchos casos sería muy difícil comprobar que las comunidades estaban presentes antes de 1988.

CAMPAMENTO INDÍGENA EN BRASILIA

Sería un golpe prácticamente definitivo a la demarcación de tierras, que ya languidece desde que Jair Bolsonaro llegó al poder. Durante la campaña electoral, el líder ultraderechista prometió no demarcar «ni un centímetro más» de tierra indígena, un mecanismo legal que él y sus simpatizantes ven como un obstáculo para el progreso económico.

Según datos del Instituto Socio Ambiental, del total de 725 tierras indígenas que hay en Brasil, solo 487 fueron efectivamente homologadas y convertidas en reservas. El resto está en diferentes fases del proceso de demarcación. Con una derrota en el Supremo, probablemente los indígenas verían todos esos procesos no concluidos naufragar en un mar de recursos judiciales.

Para presionar a los jueces, desde el 22 y hasta el 28 de agosto, más de 6.000 indígenas de todo el país están acampados en el centro de Brasilia. En la plataforma Change.org, más de 160.000 personas ya firmaron una carta pública en contra del «marco temporal».

«El Supremo tiene en sus manos la oportunidad de corregir este error histórico y, finalmente garantizar la justicia que la Constitución determinó para los pueblos originarios», dice el documento.

*Sputnik

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