De Barcelona a Francia sin peajes

España se despide este agosto de más de 500 kilómetros de peajes con la liberación de cuatro autopistas de Cataluña que habían sido de pago desde hace medio siglo.

Por Nora Olivé*

El 1 de septiembre se agotan las concesiones del operador Abertis en el tramo norte de la autopista AP-7 hasta Francia, la AP-2 que lleva a Aragón, y las C-32 y C-33 que conectan Barcelona con varias localidades de su entorno.

Los conductores no deberán abonar ni un euro para viajar desde Barcelona a la frontera con Francia, o para dirigirse hacia al sur hasta Valencia y Alicante.

El mantenimiento que durante décadas costearon los ciudadanos mediante el abono en peajes pasará a ser responsabilidad de las administraciones públicas, algo que conductores y transportistas venían reclamando.

«Supone un alivio para los ciudadanos, transportistas y empresas de la zona que durante tantos años fueron los principales afectados», celebró en rueda de prensa la portavoz del Gobierno catalán, Patrícia Plaja.

UN DESCANSO PARA EL BOLSILLO

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estima que la liberación de los dos tramos de titularidad estatal (AP-7 y AP-2) van a suponer un ahorro de 515 millones de euros al año para los usuarios.

En estas vías, que suman 477 kilómetros, se producen más de 13 millones de desplazamientos anuales; y ahora, con su gratuidad, se prevé un aumento del tráfico que dispare el ahorro hasta los 752 millones de euros.

La AP-7 y AP-2 acumulaban concesiones de entre 47 y 55 años a las que se llegaron tras sucesivas prórrogas de hasta 26 años.

Según el Ministerio de Transportes, la supresión de estos pagos significará «un aumento del tráfico de estas autopistas con una mejor distribución del mismo que permitirá mejoras en la seguridad vial, la congestión y la contaminación».

«Todas estas actuaciones pretenden construir un modelo equilibrado, justo y sostenible que fomente el uso y aprovechamiento de estas infraestructuras dotadas de mejores condiciones de servicio y más seguras», aseguró este departamento en un comunicado.

Por lo que respecta a las C-32 y C-33, estas son competencia del Gobierno catalán y su mantenimiento ascenderá a 8,4 millones de euros de los presupuestos autonómicos.

Se trata de una decisión temporal ya que las autoridades catalanas no concretaron el modelo de explotación de estas vías a largo plazo, aunque están sobre la mesa alternativas como el sistema de la viñeta.

LA REGIÓN CON MÁS PEAJES

Cataluña era hasta ahora la región del país con mayor porcentaje de kilómetros de pago, un 52 por ciento del total, lo que había extendido un sentimiento de agravio entre sus ciudadanos.

En 2012 miles de conductores participaron en la campaña de protesta #novullpagar («no quiero pagar» en catalán), que consistía en cruzar la barrera del peaje sin pagar, que se saldó con 100.000 denuncias y 6.000 multas.

El vicepresidente de la región, Jordi Puigneró, exigió recientemente al Gobierno de Pedro Sánchez el traspaso de competencias de las autopistas que controla el Estado.

También pidió al Ejecutivo central el rescate de otras cuatro vías que seguirán siendo de pago, valorado en 1.500 millones de euros, recordando que actuó con las radiales de Madrid.

«Si las hemos estado pagando, entendemos que son infraestructuras que podemos gestionar desde Cataluña», afirmó el dirigente de ideología independentista, que calificó el medio siglo de concesiones «expolio» por parte del Estado.

CIRCULAR POR ESPAÑA, CADA VEZ MÁS BARATO

Además de la alegría extendida entre conductores particulares, la supresión de peajes era un escenario especialmente esperado por los transportistas, colectivo que durante décadas soportó a diario este pago.

El fin de la concesión de la AP-7 supone una importante liberación económica para los más de 12.000 camiones que cruzan cada día la frontera entre España y Francia.

Según los cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas (FENADISMER) en base a datos del Ministerio de Transportes, con este cambio los transportistas se ahorrarán hasta 1.900 euros al año por vehículo.

En la otra cara de la moneda, la liberación de las vías significa que los ayuntamientos de los pueblos y ciudades que cruzan dejen de ingresar más de 14 millones de euros de impuestos. Asimismo, la gestora Abertis tuvo que despedir a 340 trabajadores de los peajes.

Unos daños colaterales que no empañan los vítores que generó este adiós a las barreras en tramos tan importantes de las carreteras de España, por donde circular hoy en día es un 73 por ciento más barato que en 2017.

Aunque este alivio no es el fin de la historia, ya que Pedro Sánchez prepara un nuevo modelo de financiación de las autopistas de cara a 2024, en respuesta a las exigencias de la Unión Europea para que las vías de alta capacidad se paguen por su uso y la contaminación generada al circular.

*Sputnik

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