Las familias de los manifestantes asesinados en Colombia enfrentan una larga espera por justicia

Ha pasado un año desde que Carolina Hurtado se apresuró a ir a la morgue de un hospital cerca de la capital de Colombia para identificar el cuerpo ensangrentado de su hermano mayor Cristhian, pero aún no tiene respuestas definitivas sobre cómo fue asesinado.

Cristhian Hurtado, de 27 años, era uno de los al menos 13 grupos de derechos humanos y las familias dijeron que fueron asesinados por la policía en Bogotá y su ciudad satélite, Soacha, en medio de protestas que estallaron en septiembre del año pasado después de que dos oficiales agredieron y mataron al taxista Javier Ordóñez.

Desde 2019, una serie de manifestaciones contra el impopular gobierno del presidente Iván Duque han provocado más de 40 muertes de civiles, según cifras del gobierno. Las familias de las víctimas, sus abogados y grupos de derechos humanos afirman que muchas de las muertes se deben a una vigilancia policial de mano dura.

Aunque el ejército tiene un largo historial de abusos de derechos y homicidios ilegítimos durante las seis décadas de conflicto civil en Colombia, hasta hace poco se pensaba que las fuerzas policiales urbanas estaban mejor capacitadas y más profesionales.

A pesar de las protestas internacionales , incluidas las de las Naciones Unidas y la Unión Europea, y las garantías de Duque de que los responsables serán llevados ante la justicia, hasta ahora solo un oficial de policía ha sido detenido, bajo arresto domiciliario, por los asesinatos durante las protestas de hace un año.

María Helena Meneces, madre de Cristhian Hurtado Meneces, quien murió en las protestas contra la brutalidad policial en 2020, llora frente a la fotografía de su hijo en la instalación artística "Vidas Robadas" en Bogotá, Colombia el 2 de junio de 2021. REUTERS / Luisa González

Las investigaciones sobre la muerte de otros seis manifestantes, incluido Cristhian, aún se encuentran en una etapa inicial de indagaciones, dijo la oficina del fiscal general. No respondió a preguntas sobre si había investigaciones sobre la muerte de las dos víctimas civiles restantes identificadas por grupos de defensa.

Como otras familias de los asesinados esa noche, Carolina y su madre, María Elena, insisten en que Cristhian ni siquiera participó en las protestas. Su novia les dijo que salió a comprar ingredientes para el desayuno para la mañana siguiente.

«No se ha verificado quién es el responsable y es muy probable que esa persona todavía esté en la policía y aún lleve el uniforme», dijo Carolina. Su familia y sus abogados dicen que Cristhian fue asesinado por una herida de bala en la cabeza.

La falta de avances en las investigaciones es un mal augurio para las familias que buscan respuestas sobre las muertes más numerosas en las protestas que estallaron en abril de este año por reformas fiscales impopulares, dicen los abogados de las familias y los grupos de derechos humanos.

El gobierno dice que al menos 29 personas murieron durante los dos meses de protestas: esas cifras incluyen a tres policías y varios manifestantes asesinados por civiles, según las autoridades. El grupo colombiano de derechos humanos Temblores ha dicho que la policía es responsable de hasta 44 asesinatos.

La policía está bajo el mandato del Ministerio de Defensa, lo que significa que los casos de homicidios cometidos por policías que tienen lugar en el cumplimiento del deber, incluidos los que se producen en las protestas, a menudo son manejados por el sistema de justicia militar en la forma del JPM, en lugar del civil. .

Eso, dicen los defensores de los derechos humanos y los abogados, contribuye a la impunidad.

Desde 2017, solo 23 casos de asesinatos policiales manejados por el JPM han terminado en condenas, mientras que 355 han sido archivados, dijo la unidad a Reuters.

Además, tiene un retraso considerable. A fines de junio, el JPM tenía 860 investigaciones abiertas sobre homicidios cometidos por oficiales, dijo.

La oficina del fiscal general dijo a Reuters que ha abierto 172 investigaciones relacionadas con asesinatos cometidos por agentes desde 2017, lo que dio lugar a 52 investigaciones y ocho condenas. Solo se archivaron tres casos.

Las familias de las víctimas, los defensores de los derechos y los abogados dijeron a Reuters que creían que los procedimientos en el tribunal militar eran más favorables para los oficiales.

«El sistema de justicia militar carece de independencia y tiene un largo historial de cubrir, en lugar de investigar, los abusos en Colombia», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El director ejecutivo de JPM, Fabio Espitia, se negó a comentar si el JPM es más indulgente que los fiscales habituales. La oficina de prensa del JPM no respondió a las preguntas.

Los investigadores policiales internos, mientras tanto, carecen de independencia y autoridad, dijo Vivanco.

Un portavoz de la policía nacional dijo que los investigadores disciplinarios están bien calificados, pero que el departamento está congestionado debido a la gran cantidad de casos.

Dijo que Vargas ha presionado por mejores estándares de derechos humanos este año y que los casos delicados serán manejados por el principal investigador interno de la policía.

La ira en Colombia por la violencia policial ha aumentado constantemente desde que el adolescente de Bogotá Dilan Cruz fue asesinado por un proyectil disparado por oficiales durante una protesta contra las rumoreadas reformas al salario mínimo y las pensiones en noviembre de 2019.

En septiembre de 2020, un video viral del taxista Ordóñez retorciéndose en el suelo mientras la policía lo golpeaba repetidamente mientras les gritaba que pararan, provocó nuevas manifestaciones. La policía dijo que había violado las reglas de distanciamiento del coronavirus.

Reuters

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