Euskadi asume la gestión de sus prisiones en un día «histórico» para el Gobierno vasco

Se hace efectivo el acuerdo entre el Gobierno de España y el Ejecutivo vasco el pasado mes de mayo.

El Estatuto de Gernika de hace 41 años ya contemplaba esta gestión, que Cataluña ejerce desde hace 30 años.

El Gobierno del País Vasco ha asumido este viernes la competencia de la gestión de las tres cárceles ubicadas en Euskadi, «en un día histórico al hacerse realidad, cuarenta años después, una muy significativa competencia del Estatuto de Gernika».

El traspaso se deriva del acuerdo entre el Gobierno de España y el Ejecutivo vasco del pasado diez de mayo, que el entonces ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, celebró por haberse saldado una «deuda». El Consejo de Ministros del pasado 29 de junio aprobó cuatro reales decretos que formalizaban nuevos traspasos de competencias al País Vasco, entre ellos la gestión de las instituciones penitenciarias que se ubican en su territorio.

Este jueves, la Cámara vasca aprobó la creación de un nuevo ente público, denominado «Aukerak» (Oportunidades), que se encargará de organizar todos los asuntos relacionados con la reinserción sociolaboral de los presos.

Con esta medida, desde este 1 de octubre, las cárceles de Basauri, Martutene y Zaballa, pasan a denominarse prisiones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, respectivamente, y mantendrán al frente a los mismos directores que venían ejerciendo ese cargo. El cambio simbólico se aprecia desde ya en las fachadas de las cárceles, que lucen el escudo del Gobierno Vasco donde antes estaba el logotipo del Ministerio del Interior.

Echa a andar el «modelo penitenciario vasco»

La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha celebrado este «día histórico» para el País Vasco. Lo ha dicho desde la prisión vizcaína de Basauri en su primer acto oficial como gestora de los centros penitenciarios vascos, acompañada del director de Justicia, Eugenio Artetxe, y el asesor en materia penitenciaria, Jaime Tapia.

En su intervención, la consejera ha asegurado que la Administración vasca va a aprovechar «el trabajo bien hecho en los centros penitenciarios vascos desde hace ya tiempo» y, desde esa base, acometer «las mejoras que una gestión más cercana tiene aparejada».

Además, ha afirmado que con este traspaso «empieza su andadura el modelo penitenciario vasco», aprobado «con amplio» respaldo en el Parlamento vasco, que apuesta por «medidas de carácter terapéutico y educativo», en el impulso de un programa de Justicia Restaurativa y que se irá aplicando «sin prisa pero sin pausa» y de manera progresiva.

El acto para escenificar ese traspaso se ha desarrollado en la prisión vizcaína, que abrió sus puertas en 1964 y acoge a 326 reclusos, mientras en Zaballa hay 778 y 283 en Martutene, de manera que la población interna en los tres centros penitenciarios vascos suma a día de hoy 1.387 personas. Del total, 80 son mujeres -56 en el centro alavés y 24 en el guipuzcoano-. En cuanto al régimen abierto, en Martutene son 99 condenados, en Zaballa 90 y en Basauri 185.

Un traspaso previsto en el Estatuto de Gernika

La transferencia de las competencias en materia de prisiones estaba prevista en el Estatuto de Gernika, hace 41 años, y Cataluña ya la ejerce hace más de 30 años, aunque la parte legal -normas y reglamentos penitenciarios- sigue siendo la misma para toda España.

Esta legislación establece que son las juntas de tratamiento de cada prisión las que deciden proponer traslados o la progresión de grados, todo ello bajo la supervisión del juez de vigilancia penitenciaria.

Hace diez años, en octubre de 2011, ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad terrorista y precisamente el tratamiento penitenciario a los presos de la banda en Euskadi ha sido el punto que más polémica política ha causado por las sospechas de partidos, como el PP, en torno a que esta transferencia les pudiera beneficiar.

El Gobierno Vasco ha rechazado esas sospechas y ha insistido en que su intención es potenciar la reinserción de todos los reclusos, objetivo que figura en la Constitución.

La transferencia ha generado también «incertidumbre» entre los trabajadores de esos centros que han denunciado que aún hoy, día del traspaso efectivo de la gestión, no conocen cómo va a afectar a sus condiciones laborales. La plantilla actual de prisiones es de 593 personas, de las que 469 son hombres y 124, mujeres.

RTVE

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