Camisea: la historia del yacimiento de gas que Perú quiere recuperar

El Gobierno de Pedro Castillo quiere aumentar las utilidades recibidas por el Estado por la explotación de Camisea, el yacimiento de gas más importante del país. Desde que fue descubierto por Shell en 1984, la historia del proyecto ha tenido varios dueños privados y un intento de explotación estatal frustrado por Fujimori.

La intención del Gobierno peruano de renegociar las utilidades que el Estado recibe por el gas de Camisea o incluso su posible nacionalización constituyen la página más reciente en la historia del yacimiento de gas natural más importante de Perú, que a 37 años de su descubrimiento acumula varios traspasos de manos entre privados.

La historia del yacimiento se remonta a julio de 1981, cuando el Gobierno de Perú —en ese momento encabezado por Fernando Belaúnde (1963-1968 y 1980-1986)— firmó un contrato con la petrolera Shell para buscar y explotar petróleo y gas en los lotes 38 y 42, dos áreas definidas por el Ejecutivo en Camisea, una zona selvática del departamento de Cusco.

El resultado de la búsqueda llegaría en 1984, cuando Shell comunica que ha encontrado gas en uno de los pozos. El contrato firmado otorgaba a la empresa el derecho de, en caso de encontrar gas, explotar el recurso durante 40 años. En ese momento, la compañía tenía un plan para producir tanto gas seco como gas natural licuado.

Como el yacimiento se encontraba a 500 kilómetros de la ciudad de Lima, la empresa debía encargarse de gasoductos que trasladaran lo extraído hacia la capital, donde podría distribuirse entre los consumidores finales. Sin embargo, a mediados de la década de 1980 la firma internacional consideró que la magnitud del mercado doméstico no ameritaba la inversión y en 1988 confirmó su retiro del país.

El retiro de Shell dejó todos sus estudios técnicos en manos de PetroPeru, la petrolera estatal peruana fundada en 1969. La firma llegó a presentar un proyecto para retomar la explotación y distribución de gas en manos del Estado pero en 1990 el Gobierno de Alberto Fujimori, defensor de las privatizaciones y en neoliberalismo, lo descartó.

Con la intención de promocionar la participación privada en la explotación de hidrocarburos, el fujimorismo creó en 1993 la empresa pública de derecho privado Perupetro. En 1994, la empresa Shell regresó a Perú para firmar con Perupetro un contrato para explotar nuevamente el gas de la zona de Camisea.

Una reconstrucción histórica realizada por los ingenieros químicos Jaime Santillana y Julia Salinas de Santillana para el libro Ingeniería de procesos en la industria del gas natural, recuerda que Fujimori presentó públicamente el nuevo acuerdo con Shell como el «contrato del siglo«, mismo término que ese año se había utilizado para nombrar el acuerdo entre el Gobierno de Azerbaiyán y ocho petroleras internacionales para extraer crudo en ese país.

El nuevo acuerdo establecía una primera etapa de cuatro años, finalizada en 1998, en la que Shell haría cuatro nuevos pozos y un nuevo estudio de factibilidad. De forma similar a la década anterior, los estudios hicieron creer que la única forma de que el negocio fuera rentable sería exportar el gas a Brasil. Como no lo logró, y ante la pasividad del Gobierno peruano, la multinacional volvió a retirarse.

El proyecto actual

El retiro de Shell dejó a Perú con una enorme cantidad de informes técnicos, que en ese momento fueron conocidos en el país como un «regalo de Dios» en favor de la industria peruana. El país volvió a apostar por la participación privada, y en 1999 diseñó el Proyecto Camisea con tres llamados a empresas internacionales, uno para la explotación de los yacimientos, otro para el transporte y un tercero para la distribución de gas natural en Lima y Callao.

La explotación del yacimiento quedó entonces en manos de un consorcio integrado por la argentina Pluspetrol, la estadounidense Hunt Oil, la coreana SK Innovation, TecPetrol, propiedad del Grupo Techint de Argentina, la española Repsol. También participan la española Repsol y la argentina Sonatrach.

El proyecto comenzó a operar en 2004 con la obligación de pagar regalías anuales al Estado peruano y aportar un canon destinado a obras en la región de Cusco. Según datos de la propia empresa, entre 2004 y 2017 la firma pagó cerca de 27 millones de soles al Estado peruano (unos 6,5 millones de dólares) por concepto de regalías y 13 millones por canon (3,1 millones de dólares).

Un relevamiento de la red de organizaciones sociales Propuesta Ciudadana explica que las regalías surgen de aplicar un impuesto de 37,24% al valor de la producción. Se trata de un gravamen mensual que los gobiernos reciben cada 30 días. El canon, en tanto, es el 50% del Impuesto a la Renta que paga la empresa y se distribuye de forma anual.

Sputnik

About ELCOMUNISTA.NET (80063 Articles)
Síguenos en Twitter @elcomunistanet Síguenos en Facebook grupo: el comunista prensa roja mundo hispano Nuestro e mail: elcomunistaprensa@yahoo.com
A %d blogueros les gusta esto: