La Fiscalía del Supremo prepara el archivo de las investigaciones sobre el rey emérito

Según El Confidencial, la inviolabilidad hasta 2014, la prescripción de algunos delitos y la falta de pruebas son los argumentos.

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) estudia archivar las diligencias de investigación en torno al rey emérito y la finalización de las pesquisas. Esta decisión se baraja teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era inviolable, que otros habrían prescrito y que hay una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por alrededor de 5 millones de euros.

Según ha adelantado este miércoles El Confidencial y han confirmado fuentes del Ministerio Público a Europa Press, el equipo de fiscales, al frente del cual está el teniente fiscal del TS, Juan Ignacio Campos (que cuenta con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón), tomará una decisión en pocas semanas sobre la situación procesal del monarca.

Ante esta encrucijada, y después de que las pesquisas se hayan extendido durante más de un año, las fuentes consultadas señalan que es momento de tomar una decisión, es decir, es hora bien de presentar una querella ante el Supremo (Juan Carlos I es persona aforada) o bien de archivar estas diligencias previas y emitir un decreto desde el Ministerio Público anunciando que decae la investigación.

Sin embargo, otras fuentes fiscales indican que por el momento el equipo de Campo sigue trabajando en la investigación a Juan Carlos I con «rigor, eficiencia y exhaustividad».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido tras esta información la labor de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria, que han trabajado “con absoluta libertad y todos los recursos” para investigar “todos los hechos”. “Nosotros estaremos a lo que diga la Fiscalía”, ha señalado en rueda de prensa tras participar en la Cumbre de líderes de la Unión Europea, después de defender “la igualdad de todos los españoles, se llamen como se llamen y se apelliden como se apelliden”.

Dos regularizaciones fiscales y una investigación en Hacienda

En concreto la Fiscalía del Supremo indaga en tres asuntos relativos al emérito: el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado hasta dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

El pasado mes de mayo, Hacienda abrió una investigación sobre las dos regularizaciones, la primera relativa a las presuntas irregularidades fiscales del monarca, por las que abandonó España en agosto de 2020 y se instaló en Abu Dabi.

Y es que ambas regularizaciones surtieron dudas sobre su validez. El Código Penal establece en su artículo 305.4 que “se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria” antes de que la Administración Tributaria abra una investigación o antes de que la Fiscalía permita al deudor “tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.

Según informaron fuentes fiscales a RTVE, la Fiscalía había notificado al emérito en noviembre de 2020 que estaba siendo investigado, antes de que realizara la primera regularización fiscal, por lo que no se cumpliría esa condición del C.P..

Además, los expertos de Hacienda ya dejaron claro que la declaración voluntaria para regularizar su situación debe ser «completa y correcta», y esto es lo que debía analizar la Agencia Tributaria antes de emitir su decisión a la Fiscalía del Supremo.

RTVE

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