Juez confirma indicios para juzgar al exministro del Interior de España por espionaje

El juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional de España desestimó este miércoles el recurso presentado por el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, contra el auto que acordó el procesamiento de la cúpula de su ministerio por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, extesorero del conservador Partido Popular (PP).

En concreto, el juez argumenta que existen indicios de que Fernández Díaz «ejerció la responsabilidad» del operativo ilícito y se ocupó de su financiación «con cargo a partidas de fondos reservados».

En total, el juez rechazó este jueves los recursos presentados por siete de los procesados argumentando que «el proceso arroja un escenario fáctico que descansa con rotundidad sobre un andamiaje indiciario».

Esta decisión acerca la apertura de juicio oral al exministro, a su número dos y nueve altos mandos policiales –entre ellos el polémico comisario José Manuel Villarejo– por desplegar entre 2012 y 2013 un operativo para espiar a Luis Bárcenas y robarle información relacionada con la trama Gürtel.

Según refleja el auto donde se acordó el procesamiento de estas personas, el Ministerio del Interior recurrió al comisario José Manuel Villarejo –uno de los brazos ejecutores de las llamadas «cloacas del Estado»– para poner en marcha el espionaje parapolicial.

El caso Gürtel es uno de los más relevantes en la historia reciente de España. De hecho, la sentencia sobre la primera época de la trama creó el clima necesario para la caída del expresidente Mariano Rajoy después de que de que el Partido Popular fuese condenado en como partícipe a título lucrativo de un entramado corrupto en el que políticos otorgaban concesiones de obra pública a empresarios afines.

La operación puesta en marcha en 2012 para sustraer documentación sobre la trama al extesorero del Partido Popular consistió en captar al chofer de Bárcenas, una persona de máxima confianza del entorno del extesorero, al que se le ofrecieron 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados del Estado y se le dio un trabajo en la Policía Nacional para comprar su voluntad.

A cambio, la labor del chófer era proporcionar información que permitiera sustraer cualquier documentación comprometedora contra el Partido Popular que Bárcenas tuviera en sus manos. Según la instrucción, el operativo consiguió su objetivo, sustrayendo documentos que Bárcenas escondía en el doble fondo de un armario en un local comercial utilizado por su esposa.

El análisis del juez instructor apunta a que la responsabilidad de la operación correspondió exclusivamente al Ministerio del Interior, pese a que en sus declaraciones Villarejo llegó a afirmar que tenía contacto directo con el expresidente Mariano Rajoy.

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