La Fiscalía General de la República de Cuba advirtió este jueves a los organizadores de una marcha antigubernamental prevista para el próximo 15 de noviembre, declarada ilícita por las autoridades, sobre las consecuencias legales en caso de insistir en su realización.
«Teniendo en cuenta la intención expresada públicamente por los promotores de mantener la convocatoria, la Fiscalía General de la República, este jueves 21 de octubre, inició el apercibimiento a varios ciudadanos que, de incumplir la decisión de las referidas autoridades, incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente», expresa un comunicado del ente jurídico.
De acuerdo con la nota divulgada por medios locales, la advertencia legal hecha a un reducido número de ciudadanos en las provincias de La Habana (oeste), Villa Clara, y Cienfuegos (centro) y Holguín (este) «se sustenta en el artículo 156 de la Constitución que le atribuye a este órgano la misión, entre otras, de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales por los ciudadanos».
La movilización es convocada en 8 de las 16 provincias de la isla por la plataforma digital Archipiélago, sin reconocimiento legal en el país.
Según las autoridades, las movilizaciones procuran generar inestabilidad en la isla.
Prevista inicialmente para el 20 de noviembre, la marcha tuvo que ser adelantada por el anuncio gubernamental de la realización de tres días de ejercicios militares que concluirán precisamente ese día.
Para este fin, ya se habían entregado solicitudes ante los gobiernos municipales en diferentes provincias del país, con listas de firmantes –algunas apócrifas según denuncias realizadas-, y con una fuerte campaña propagandística desplegada en las redes sociales, fundamentalmente desde el sur de EEUU, donde se concentra el mayor número de opositores a la Revolución cubana.
Originalmente, el anuncio del Gobierno de realizar maniobras militares y entrenamientos de defensa popular fue interpretado por los organizadores como una respuesta de rechazo a su propuesta, hecho que definitivamente se concretó el pasado 12 de octubre, cuando las alcaldías de varias ciudades cubanas hicieron públicas sus negativas a la realización de la manifestación.
El comunicado agrega además que, de acuerdo con la Ley 83 de 1997 de la Fiscalía General de la República, en su artículo 7, se establece entre sus objetivos «preservar los derechos e intereses legítimos de los órganos, instituciones y dependencias estatales, contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas».
Según las autoridades, algunos de los organizadores de la marcha estuvieron vinculados con los disturbios violentos que sacudieron varias ciudades del país el pasado 11 de julio.
También se los acusa de tener estrechos vínculos con organizaciones y grupos de exiliados cubanos residentes en EEUU, que buscan derrocar por la fuerza al Gobierno de la isla, o a través de la aplicación de «golpes blandos», como los escenificados en varios países de Europa Oriental y el Medio Oriente.
Sputnik
