PSOE y Podemos acuerdan impulsar una nueva la Ley de Secretos Oficiales

PSOE y Podemos han acordado este miércoles impulsar una nueva ley de Secretos Oficiales conforme a los principios de «legalidad, necesidad y proporcionalidad» y acorde con las normas europeas e internacionales en esta materia.

Una apuesta que ha quedado plasmada en una propuesta de resolución que ambos grupos han pactado en la Comisión de Defensa del Congreso y que se incluirá en el informe «Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso 2020» sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso.

La actual ley es preconstitucional, ya que data de 1968. En la actualidad, se encuentra bloqueada una proposición de ley para su reforma presentada por el PNV y que se tomó en consideración en el Pleno del Congreso el 23 de junio de 2020.

Hasta ahora, la iniciativa no ha conseguido avanzar más allá de plazo de enmiendas y, de hecho, desde septiembre pasado, ese plazo se ha ampliado hasta en cincuenta ocasiones.

Precisamente, una de las propuestas de resolución debatidas en la Comisión y presentada por ERC pretendía que se desbloqueara la proposición de los nacionalistas vascos, pero ha sido rechazada.

No así la enmienda pactada por los grupos Socialista y Unidas Podemos que, en suma, expresa el deseo de ambas fuerzas políticas de que sea el Gobierno el que elabore un anteproyecto de ley.

Ha sido el diputado de Unidas Podemos Juan Antonio Delgado quien en la defensa de las propuestas de resolución de su grupo ha abogado por esa nueva ley, que debe tener como base el principio de «transparencia» y garantizar que «todas las restricciones del derecho al acceso a la información cumplan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad».

Por lo demás, la sesión de la Comisión se ha centrado en la votación una a una de 104 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios al informe de exportación de material de defensa en 2020, que alcanzó un volumen de ventas para España de 3.622 millones de euros, un 10,4 por ciento menos que en 2019.

De esa cifra, 48 millones correspondieron a exportaciones a Arabia Saudí, un país que ha centrado un buen número de propuestas de algunos grupos que, como Unidas Podemos, proponían suspender las transferencias de armas a ese territorio, así como a Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Israel Irak o Turquía. Pero ha sido rechazado.

Como también ha sido rechazada la propuesta defendida por Delgado para «derogar o modificar» el acuerdo del Consejo de Ministros de 1987 por el que se declaró secretas las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU).

Delgado ha urgido a poner en marcha un grupo de trabajo en la Comisión de Defensa para avanzar hacia un modelo de control parlamentario de las exportaciones, en tanto que Begoña Nasarre, del PSOE, ha hecho hincapié en la necesidad de seguir aplicando criterios restrictivos en la venta de material de defensa a países que «no tengan en cuenta la situación de los derechos humanos».

Mientras, Manuel Mestre, de Vox, ha destacado el alto porcentaje (más del 80) que representan las exportaciones en la industria de defensa y ha pedido al Gobierno que sea «un aliado fiable» para esta industria que promueve la innovación y mejora la competitividad.

Desde el PP, Jesús Postigo ha abogado por el control a las empresas exportadoras porque «están en juego los derechos humanos y las vidas de las personas», pero ha insistido en la necesidad de compatibilizarlo con el fomento y las ayudas a la industria de la defensa, porque «también produce y desarrolla avances tecnológicos».

EFE

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