El grupo parlamentario remite un escrito a la Comisión de Venecia -órgano consultivo del Consejo de Europa- y pide que se adopten “las medidas oportunas a su alcance” para reiterar tanto a PP, Vox y Ciudadanos como a los representantes policiales las recomendaciones que han realizado las instancias europeas para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana y defender las libertades, que van en la misma línea de los cambios que plantea Unidas Podemos.
El grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso ha remitido hoy un documento a la Comisión de Venecia -órgano consultivo del Consejo de Europa- para informar y trasladar su “preocupación” a este organismo sobre la virulenta reacción de las formaciones de derecha y ultraderecha en España, junto a determinados sindicatos y asociaciones policiales, en contra de la profunda reforma puesta en marcha de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’, impuesta por el Partido Popular en 2015.
El contenido del detallado escrito -de 16 folios- ha sido coordinado por el portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, y lleva también la firma del portavoz del grupo, Pablo Echenique. En concreto, tras informar sobre lo que ocurre en nuestro país y cómo desde los ámbitos señalados se ponen en riesgo libertades y derechos fundamentales para la ciudadanía, se solicita a las instancias europeas que adopten “las medidas oportunas a su alcance para reiterar tanto a las citadas asociaciones profesionales policiales como a las fuerzas políticas indicadas -PP, Vox y Ciudadanos-, las recomendaciones contenidas en el Dictamen de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, instando al Gobierno español a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana”.
Esta comisión emitió el pasado mes de marzo un informe muy duro y crítico con el contenido y el uso contra las personas que se está haciendo de la ‘ley mordaza’ en vigor desde hace más de seis años. Estas advertencias las viene haciendo ya la Europa desde 2018.
Unidas Podemos recuerda que las enmiendas que ha planteado en el Congreso para reformar esta ley van estrictamente en la línea de lo que marca la Unión Europea, que aconseja de forma reiterada que la revisión de la ‘ley mordaza’ “sea acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos debido a su potencial represivo y a fin de que se pueda ajustar al mismo objeto de la ley así como a los mandatos constitucionales”.
Enrique Santiago ha lamentado esta mañana en declaraciones a los medios la “falta de neutralidad” de los sindicatos policiales, algo que crea un “precedente peligroso”, ya que estas asociaciones “están haciendo política” más allá de movilizarse legítimamente en defensa de sus condiciones de trabajo, como siempre ha defendido y defenderá Unidas Podemos que hagan.
Para el portavoz adjunto de Unidas Podemos, “las posiciones de los sindicatos son de pérdida de neutralidad y de coordinación con las fuerzas políticas de la derecha y de la ultraderecha”, en este y otros asuntos, como ha quedado demostrado ya en diferentes temas y ocasiones.
“No es asumible -recalcó- que pidan que no se amplíen los derechos” para el resto de la ciudadanía que sí reclaman para ellos, e insistió en que eso no es en absoluto parecido a “protestar por sus condiciones laborales, unas reivindicaciones sobre las que les apoyamos totalmente”.
Recordó que este Gobierno ha subido en los últimos años el sueldo de los funcionarios policiales cerca de un 24%, en función de la equiparación salarial aprobada para la Policía y la Guardia Civil con otros cuerpos policiales autonómicos, mientras que la derecha, en especial el PP durante su larga etapa de gobierno, no movió un dedo por ello, a pesar de que ahora se apuntan los primeros a las manifestaciones para dirigirlas contra el actual Ejecutivo.
Para Santiago, “este país no puede normalizar que los sindicatos de la policía condicionen al Gobierno cuando tienen un papel en el que se les exige neutralidad”. De hecho el escrito presentado hoy destaca que las modificaciones a la ‘ley mordaza’ con las que han sido más críticos los representantes de los agentes son, precisamente, las que coinciden con los planteamientos de la Comisión de Venecia en defensa de las libertades.
En concreto, los cambios que menos gustan a la derecha, la extrema derecha y a las asociaciones policiales son los dirigidos a la eliminación de las sanciones por la grabación y difusión de las actuaciones policiales cuando no afecten a la intimidad o seguridad de los agentes o a la referencia a la presunción de veracidad de los agentes respetando el principio de presunción de inocencia.
También los que tienen que ver con realizar manifestaciones pacíficas sin necesidad de comunicación previa en determinados supuestos o la propuesta de protocolizar y reducir la lesividad del material antidisturbios, principalmente las balas de goma.
Además del informe de la Comisión de Venecia de marzo pasado, hubo un dictamen de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España con fecha 27 de julio en el que expresa su ‘preocupación’ e ‘inquietud’ sobre determinados aspectos de la ‘ley mordaza’, en concreto sobre los ‘principios de proporcionalidad, no discriminación, eficiencia y respeto de los derechos y libertades’.
Unidas Podemos advierte en su escrito que debido a la acción interesada de las derechas en este asunto “está germinando en España una interpretación contraria al consolidado acervo jurídico y cultural europeo de protección de los derechos humanos”.
El documento enumera con detalle las acciones y declaraciones realizadas al unísono en las últimas semanas por los líderes de PP, Vox y Ciudadanos -Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas-, y otros dirigentes de sus respectivas formaciones. Recuerda como Casado, por ejemplo, tachó de ‘grillete’ la reforma de la ley y auguró que ‘generará que los agentes estén completamente atados y se queden vendidos a los delincuentes’.
Para Unidas Podemos la derecha busca con esta manipulación difundir “de forma consciente y demagógica el falso argumento de que esta reforma busca acabar con la seguridad pública y privar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los mínimos elementos y herramientas necesarios para cumplir su trabajo”.
El grupo parlamentario recuerda también que actuaciones así “están expresando concepciones sobre el uso y finalidad de la legislación sobre seguridad ciudadana que son antagónicas a las recomendaciones” hechas por las distintas instancias y organismos europeos.
