Barcelona detecta que la mayoría de sus inmobiliarias discriminan por motivos raciales

El Ayuntamiento de Barcelona detectó que la mayoría de las inmobiliarias que operan en la ciudad discriminan por motivos raciales o consienten en excluir a población inmigrante a petición del propietario.

Según un estudio elaborado para detectar las prácticas excluyentes en el sector, «el 86 por ciento de las peticiones discriminatorias de la propiedad obtienen el resultado esperado de excluir a la población ‘inmigrante’ como inquilina del inmueble».

Esto significa que ocho de cada diez agentes inmobiliarios aceptan o facilitan apartar a personas del acceso a una vivienda en función de su origen, si así lo solicita el propietario.

La investigación se llevó a cabo mediante 350 llamadas telefónicas en nombre de una propiedad ficticia que buscaba alquilar su vivienda con la condición de excluir a inquilinos de origen inmigrante.

De las respuestas obtenidas se desprende que un 62 por ciento de los agentes aceptaron la demanda «dejando fuera del proceso de selección a la población inmigrante».

Otro 24 por ciento no accedió a discriminar de forma directa, pero se mostró abierto a facilitar candidatos de acuerdo con el criterio del propietario.

Solo un 10 por ciento de los agentes rechazaron llevar a cabo la práctica planteada, mientras que un 4 por ciento evitó responder a la petición.

En las respuestas recogidas en el estudio se observó una «banalización de la discriminación», equiparando la petición de apartar a personas por su origen a otras preferencias como alquilar solo a familias o evitar la presencia de animales.

Asimismo, el término ‘inmigrante’ utilizado por el propietario ficticio fue asociado por los agentes «de manera casi inequívoca» a personas de determinados países, sin contemplar por ejemplo a extranjeros del resto de Europa.

El Ayuntamiento de Barcelona ya reveló en otro estudio, publicado en 2020, la discriminación que afrontan las personas con apellidos de origen árabe a la hora de acceder a un inmueble.

El pasado mes de agosto, el Gobierno municipal sancionó con 45.000 euros al dueño de una vivienda y a la inmobiliaria con la que trabajaba por negar el alquiler a un ciudadano marroquí, y desde entonces impuso otra multa por motivos similares.

Sputnik

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