Argentina recuerda a las víctimas de la represión y la impunidad del estallido de 2001

El 19 y 20 de diciembre de 2001 se desató en Argentina una revuelta popular y brutal represión policial. Fueron asesinadas 39 personas, centenares resultaron heridas y hubo 4.500 detenidos en todo el país. A 20 años del estallido, la sociedad recuerda a las víctimas y reclama justicia por los agentes y responsables que se libraron de condenas.

El 19 y 20 de diciembre de 2001, la sociedad argentina fue empujada al punto de quiebre. Las políticas de ajuste y hambre del modelo neoliberal encaradas por el Gobierno de la Alianza —coalición de la histórica Unión Cívica Radical (UCR) y el Frepaso, un espacio de centroizquierda— llevaron a la gente a la desesperación, y el Estado respondió con la peor represión registrada desde el regreso de la democracia en 1983.

El país acumulaba años de recesión desde 1998, que llevó a índices históricos de miseria y desocupación. El 1 de diciembre se había impuesto el corralito, que restringió el acceso a los depósitos bancarios y paralizó la economía. Días después, se anunció una reducción de 13% en sueldos estatales y jubilaciones.

Luego de días de huelga general y cacerolazos nacionales, los saqueos e incidentes se masificaron en todo el país el 19 de diciembre. El entonces presidente, Fernando de la Rúa (1999-2001), decretó el estado de sitio, que terminó por encender la furia social. Tanto esa noche como la jornada del 20, miles salieron a las calles a desafiar la medida y las fuerzas de seguridad dispararon a matar.

La madrugada del 20, la Policía desalojó las plazas del microcentro porteño arrojando gas lacrimógeno. En esas horas fue baleado Jorge Cárdenas, quien fue dado por muerto sobre las escalinatas del parlamento, cuya foto mediatizada retrató el inicio de la masacre.

«38 personas fueron asesinadas en el país, entre ellos nuestro compañero militante Carlos Petete Almirón, en la ciudad de Buenos Aires. En la mayoría de esas causas no se llegó a ningún tipo de sentencia», dijo a Sputnik la abogada María de Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Como consecuencia del estallido del Argentinazo murieron 39 personas, aunque una de ellas falleció semanas después. Entre los muertos hubo siete adolescentes de entre 13 y 18 años, víctimas de la represión policial, que en muchas ciudades tuvo evidentes componentes clasistas, y de la violencia desatada en medio del caos.

Represión e impunidad

La brutalidad institucional fue emblemática en la masacre de Plaza de Mayo del 20 de diciembre, en el área aledaña al centro cívico de la ciudad de Buenos Aires, donde la Policía asesinó a cinco personas, hubo cuatro intentos de homicidio y más de 200 heridos. Murieron siete personas por la violencia en la capital nacional.

La Policía atacó embistió y golpeó incluso a las Madres de Plaza de Mayo, quienes se acercaron a dar sus vueltas simbólicas al monumento central de esa explanada por la memoria y la justicia por los desaparecidos por la última dictadura cívico-militar (1976-1983), como cada jueves ininterrumpidamente desde 1980.

La segunda ciudad donde se vivió más represión fue en Rosario, importante centro urbano de la provincia de Santa Fe (este central), donde fueron asesinadas ocho personas. Dos más murieron en otras localidades de ese distrito.

«En Rosario la represión fue selectiva. En el centro se permitió que la gente se manifieste, pero en los barrios hubo policías con las caras tapadas, balas de plomo, bombas dentro de las casas, atacaron las movilizaciones para que la gente de la periferia no llegue al centro», dijo a Sputnik Diego Stabile, de la Asamblea del 19 y 20, que nuclea a sobrevivientes, familiares de víctimas y organizaciones que piden desde hace 20 años justicia.

En Rosario fue emblemático el caso de Claudio Pocho Lepratti, inmortalizado como el Ángel de la bicicleta en la canción del cantautor argentino León Gieco, al que el agente Esteban Velasquez fulminó con su escopeta cuando el militante social se había subido al techo de un comedor escolar en el barrio de Ludueña para pedir que no dispararan sobre el lugar donde almorzaban niños.

Además de las siete muertes de la capital nacional y las 10 de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires (este) fueron asesinadas 11 personas en nueve municipios del conurbano bonaerense, tres en Córdoba (centro), tres en Entre Ríos (este), dos en Corrientes (noreste), una en Río Negro (sur) y una en Tucumán (noroeste).

«En las provincias hubo un puñado de condenas no muy altas, en general no carcelables, contra los autores materiales, los policías y gendarmes que dispararon. No se avanzó sobre la responsabilidad de los mandos superiores y políticos. En el caso de la capital, recién ahora tiene una sentencia confirmada, que ocurrió la semana pasada», comentó Verdú.

El 13 de diciembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas al exsecretario de Seguridad, Enrique Mathov, que recibió cuatro años y tres meses de prisión, y el exjefe de la Policía Federal, Rubén Santos, sentenciado a tres años. No irán presos porque aún pueden recurrir a la Corte Suprema. Otros siete expolicías recibieron penas de hasta seis años, y siete exoficiales fueron absueltos o sobreseídos.

La autoría material se pudo comprobar solo en algunos casos. Entre quienes recibieron postas de escopeta, no hay manera de individualizar el arma de la que salió porque donde queda la marca de la aguja percutora es en el cartucho, explicó la abogada.

«Lo que marca la impunidad rampante es que son condenas por homicidio culposo y no doloso, es decir intencional, calificado por ser funcionarios públicos y por la alevosía de utilizar el aparato represivo estatal contra personas desarmadas», argumentó la titular de Correpi, conocida por su defensa de víctimas de la represión policial.

Durante la causa por la represión en el centro porteño, el exministro del Interior, Ramón Mestre, apuntado como responsable político del operativo, falleció en 2003, meses antes de realizarse la primera indagatoria, mientras que el expresidente De la Rúa fue sobreseído en 2012.

Las víctimas del estallido

Ciudad de Buenos Aires

Jorge Cárdenas (52 años).

Carlos «Petete» Almirón (23 años).

Gustavo Ariel Benedetto (30 años).

Diego Lamagna (26 años).

Gastón Marcelo Riva (30 años).

Alberto Márquez (57 años).

Provincia de Buenos Aires

Roberto Agustín Gramajo (19 años).

Víctor Ariel Enríquez (21 años).

Cristian Eduardo Legembre (20 años).

Damián Vicente Ramírez (14 años).

Ariel Maximiliano Salas (30 años).

Mariela Rosales (28 años).

Julio Hernán Flores (15 años).José Vega (19 años).

Carlos Manuel Spinelli (25 años).

Pablo Marcelo Guías (23 años).

Diego Ávila (24 años).

Córdoba

David Ernesto Moreno (13 años).

Sergio Pedernera (16 años).

Sergio Miguel Ferreira (20 años).

Corrientes

Juan Alberto Torres (21 años).

Ramón Alberto Arapi (22 años).

Entre Ríos

Rosa Eloísa Paniagua (13 años).

Romina Iturain (15 años).

José Daniel Rodríguez (25 años).

Río Negro

Elvira Avaca (46 años).

Santa Fe

Miguel Pacini (15 años).

Yanina García (18 años).

Ricardo Villalba (16 años).

Rubén Pereyra (20 años).

Ricardo Alvarez Villalba (23 años).

Walter Campos (17 años).

Juan Alberto Delgado (17 años).

Sandra Ríos (45 años).

Claudio Pocho Lepratti (35 años).

Graciela Acosta (35 años).

Graciela Machado (35 años).

Tucumán

Luis Alberto Fernández (27 años).

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