En el siglo XIX fue el filibusterismo y la economía de enclave con acompañamiento directo (en diversas ocasiones) de los marines norteamericanos que invadían los países latinoamericanos (su traspatio, su América para los americanos) o propinando, ya en el siglo XX, golpes de estado a petición de parte; tal como le ocurrió a Jacobo Árbenz (1954 ) por afectar tierras que habían sido concesionadas (décadas atrás) a la United Fruit en Guatemala; de similar forma, cuando se intentó, con la invasión a Bahía de Cochinos, derrocar a Fidel Castro (1961). Dos embarcaciones de la frutera fueron usadas para aquella operación.
Por Jorge Luis Oviedo*
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En H(j)onduras la seguridad jurídica de la época la obtenía la United Fruit a través de la compra de dibbutados, porque entonces eran “más baratos que las mulas”.
Con plantaciones en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica (Colombia y Ecuador) la United Fruit, con Samuel Zemurray a la cabeza, controlaba la vida de estos países con la omnipresencia de las divinidades. Neruda en El Canto General, dice: “la Compañía Frutera se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América”.
Por su parte, Ernesto Cardenal, en Hora 0, escribió:
«…La condición era que la Compañía construyera el Ferrocarril,
pero la Compañía no lo construía,
porque las mulas en Honduras eran más baratas que el Ferrocarril,
y «un Dibutado mas bbarato que una mula»
-como decía Zemurray-
aunque seguía disfrutando de las exenciones de impuestos
y los 175.000 acres de subvención para la Compañía,
con la obligación de pagar a la nación por cada milla
que no construyera, pero no pagaba nada a la nación
aunque no construía ninguna milla (Carías es el dictador
que más millas de línea férrea no construyó)
y después de todo el tal ferrocarril de mierda no era
de ningún beneficio para la nación
porque era un ferrocarril entre dos plantaciones
y no entre Trujillo y Tegucigalpa… «
La “seguridad jurídica” de empresas mineras y fruteras estuvo, pues, asegurada de esa forma.
Después fueron los sobornos millonarios, generalmente, a los coroneles y generales convertidos en jefes de estado por largos períodos, el mecanismo predilecto para asegurar la inversión extranjera con «sólida seguridad jurídica».
Sin embargo, desde hace unas tres décadas la frase “seguridad jurídica” se escucha con insistencia por parte de voceros de las organizaciones de empresarios.
Debido a que el filibusterismo y los golpes de estado militares que se extendieron hasta inicios del siglo XXI (si consideramos el que le propinaron a Hugo Chávez –2002–; pero que finalmente fue revertido) ya están caducos, la seguridad jurídica, la exigen para garantizar jugosas utilidades en detrimento de los trabajadores.
La inversión extranjera, por cierto, a la mayoría de países, los mantiene altamente endeudados y abusivamente dependientes.
La inversión externa (y muchos otros artilugios financieros creados por la banca privada internacional), cuando no se la puede usar a favor (como ha hecho China) ha sido, pues, uno de los principales mecanismos hegemónicos de los que se han válido USA y algunos países europeos para perpetuar el saqueo de nuestros recursos naturales y mantener dominados a los gobernantes y en servidumbre a los pueblos a través de sus “inversionistas más exitosos”, es decir, de sus mayores Homo rapax u Homo depraedator.
A final de cuentas se trata de asegurar la explotación laboral y la optimización de las utilidades financieras, mercantiles y comerciales que se esconden bajo ese ropaje de la inversión externa.
Lo que hay en todo esto es la consolidación del colonialismo a través de vías menos visibles para los países periféricos dominados.
El auténtico fondo del asunto reside, como ya lo hemos señalado en más de un escrito, en la estafa continuada en que está basada la emisión monetaria a través del esquema de deuda pública que la origina; y en la posterior reproducción del dinero ( préstamos a empresas y a personas naturales) a través de todo el resto de la cadena del sistema de banca de reserva fraccionaria y demás mecanismos financieros especulativos del capitalismo que, finalmente, se tornan todavía más invisibles por medio de la niebla de los fondos de inversión y los fondos de cobertura.
Todo esto ha ocurrido debido a la falta de politización de la clase trabajadora.
Si bien, en las dos últimas décadas, ha vuelto a resurgir, con gran ímpetu, la protesta de calle, todavía se está lejos de consolidar una auténtica cultura de la autodeterminación soberana que dé organización y sentido a las demandas populares; pero, sobre todo, que permita a las comunidades organizarse y decidir por sí en complementariedad unas con otras a través de las institucionalidad tradicional, mientras se consolida una nueva, distinta y conveniente institucionalidad de acuerdo con las aspiraciones y la forja de nuevos sistemas de producción y distribución de bienes y servicios que garanticen equidad de acceso a todos los integrantes de las naciones.
Es inaceptable esa demanda empresarial de «seguridad jurídica» para beneficio exclusivo de unos pocos, como derecho para explotar impunemente a todas las demás personas.
La Ley debe garantizar justicia.
La seguridad jurídica que se necesita es la que sirva para eliminar la explotación de la clase trabajadora; se necesita seguridad jurídica para que cese la exclusión en todos sus ámbitos; se requiere seguridad jurídica para que se acabe con los desplazamientos forzados como consecuencia de concesionar cuencas hidrográficas, bosques u otros territorios para minería a cielo abierto, por ejemplo; claro que urge la seguridad jurídica para que se acabe con la migración forzada que divide las familias e incrementa el desempleo, mientras unos pocos grandes importadores se enriquecen de forma obscena con la divisa que generan, vía remesa, los migrantes; se necesita también seguridad jurídica para garantizar acceso al 100% de la población a salud y educación de calidad, en fin.
Lo reitero una vez más, se necesita LA SEGURIDAD JURÍDICA para acabar con esas deudas públicas innecesarias que se impusieron, como pesadas cargas, después de la Segunda Guerra Mundial y que dieron origen a esos innecesarios impuestos fiscales.
Por ello es urgente, para la clase trabajadora, discutir: LA CONTRIBUCIÓN REFLEJA* para, con ella, garantizar que el trabajo se convierta en patrón monetario, que se eliminen los impuestos fiscales y que el dinero público se genere como reflejo de los salarios y el resto de la actividad productiva de toda la sociedad.
Así no habrán más deudas públicas y se podrá garantizar pleno empleo con remuneración digna y acceso equitativo a todos los servicios públicos necesarios y convenientes.
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