España se hace cargo de una entidad de gestión con una deuda de 35.000 millones de euros

La herida de la crisis financiera sigue sangrando en España. Este martes el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley para hacerse con el control de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), una entidad creada para gestionar los activos inmobiliarios tóxicos heredados de la crisis. Esto supone asumir la gestión de una deuda que supera los 35.000 millones de euros.

¿QUÉ ES LA SAREB?

La SAREB –conocida popularmente como el ‘banco malo’– se creó en 2012, bajo el Gobierno conservador de Mariano Rajoy, con un capital inicial de 4.800 millones de euros, aportados en un 45 por ciento por el Estado y en un 55 por ciento por los grandes bancos del país (Santander, Caixabank, Sabadell…) con excepción del BBVA.

Es decir, se trataba de una entidad de gestión mayoritariamente privada, por lo que sus movimientos quedaron al margen de las exigencias de transparencia del sector público.

Para cumplir su objetivo rescatar a las entidades financieras quebradas, la SAREB dedicó 50.781 millones de euros a la adquisición de los activos tóxicos, una cantidad diez veces mayor a su capital y que, según admitió después el expresidente de la entidad, suponía pagar un «sobreprecio».

¿Cómo lo hizo? Mediante un préstamo de 51.000 millones concedido por la Unión Europea, un préstamo que contaba con el aval del Estado. La idea era que la SAREB vendiera los bienes de las entidades rescatadas –viviendas, inmuebles, terrenos y créditos a promotores– para devolver el dinero en un plazo de 15 años.

En total, la SAREB adquirió 500.000 viviendas en el año 2012. Sin embargo, estas no fueron usadas con fines públicos, sino que la sociedad fue utilizada como un instrumento para canalizar su vuelta a manos privadas.

Al no tratarse de una entidad pública, estas operaciones de venta podían realizarse en condiciones opacas pese a que la sociedad se constituyó contando con un gran aporte de dinero público y que su deuda estaba avalada por el Estado, obligado devolver a la UE todo el dinero que la SAREB no consiguiera retornar, asumiendo el riesgo del proceso.

«Se construyó un andamiaje jurídico alrededor de SAREB para camuflar su verdadera naturaleza: que era pública. Así se evitaron mecanismos de transparencia que vigilan que los bienes se vendan al mejor postor», explica a la agencia Sputnik el abogado Manuel Gabarre, experto en la financiación de viviendas y otros bienes básicos.

TRAMPA CONTABLE

Pese a ello, asumirá ahora España la gestión de los activos de la SAREB en los cinco años que quedan para su liquidación. Tras el pago de una suma simbólica –un euro, según reporta la prensa local– se aumentará la participación del Estado en la sociedad por encima del 50 por ciento, convirtiéndola en pública.

¿Por qué sucede esto ahora? Porque la Comisión Europea, a través de su oficina estadística (Eurostat) exigió en febrero de 2021 a España contabilizar la deuda de la SAREB como pública, poniendo fin a una trampa contable que permitía dejar este pasivo fuera de las evaluaciones del Pacto de Estabilidad.

Según Eurostat, la deuda es de 35.600 millones, aunque las últimas cuentas de la propia SAREB, publicadas en 2020, la aumentan hasta 37.673. En cualquier caso, el cambio hizo que la deuda pública de España pasara del 117 al 120 por ciento del PIB.

Al oficializarse la asunción de esa deuda, el Gobierno decidió aumentar su participación en SAREB para «adecuar la gobernanza a la nueva realidad contable e institucional», explica un comunicado del Ministerio de Economía.

¿UNA OPORTUNIDAD PERDIDA?

Ahora, al igual que la deuda, los bienes de SAREB quedan bajo control público. Es decir, que las casas y terrenos aún por vender –no se sabe cuántas son– podrían dedicarse a fines sociales, dando un empujón a los intentos del Gobierno paliar los problemas de acceso a la vivienda.

Sin embargo, el Ministerio de Economía ya dejó claro que su intención es seguir vendiendo los bienes de SAREB a manos privadas para disminuir la deuda. De hecho, so pretexto de favorecer la agilidad, se mantendrá incluso la opacidad de las operaciones.

Según explica el Ministerio de Economía, la SAREB «dispondrá de un régimen societario específico con el fin de que pueda mantener la agilidad necesaria para llevar a cabo su función desinversora».

«Esto es un ejemplo de neolengua. En realidad lo que quieren decir es que el Estado pretende seguir llevando a cabo la privatización de SAREB de forma opaca a través de intermediarios financieros», responde Manuel Gabarre, quien lamenta que «no hay intención por parte del Estado de utilizar el patrimonio de SAREB, sufragado por la ciudadanía, con fines sociales».

A su modo de ver, todo lo relacionado con la creación y gestión de esta sociedad es un ejemplo de cómo la respuesta a la crisis financiera sirvió para colectivizar perdidas y privatizar beneficios.

«Al final gana la banca», resume, destacando además que la venta opaca de los bienes adquiridos por SAREB nunca fue gestionada por la propia sociedad, sino que se designó para ello a cuatro intermediarios, tres de los cuales eran las inmobiliarias de los propios bancos que pusieron el capital inicial, que podían cobrar comisiones por las operaciones.

«Esta gente se ha cobrado grandes sumas de dinero, compensando en mucha medida lo que pusieron al inicio», inisiste Gabarre, recordando que, mientras tanto, todavía no se sabe cuánto dinero acabará perdiendo el Estado al final del proceso, aunque asume que se tratará «seguro de decenas de miles de millones de euros».

Sputnik

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