Corte guatemalteca impone hasta 40 años de cárcel a ex patrulleros por violencia sexual

Una corte de Guatemala impuso el lunes penas de 30 a 40 años de cárcel a cinco exmiembros de la proscrita Autodefensa Civil (PAC), por violar sistemáticamente a una treintena de mujeres de la etnia indígena Achí entre 1980 y 1983.

«Tribunal de Mayor Riesgo A condena con penas de 30 y 40 años de prisión a 5 ex patrulleros de autodefensa civil, por delitos de deberes contra la humanidad en contra de mujeres de la comunidad Achí, de Rabinal, durante el Conflicto Armado Interno», reportó la televisoras Canal Antigua.

Estos hechos ocurrieron durante la dictadura militar de Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983), y las víctimas, que tenían entre 12 y 53 años de edad entonces, vivían en las inmediaciones del destacamento militar de Rabinal, en el departamento de Alta Verapaz.

Casi todas habían perdido a sus esposos, padres, hijos o hermanos en ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas durante la guerra civil que desangró a Guatemala entre 1960 y 1966, y presentaron sus denuncias hace casi una década.

La abogada Lucía Xiloj, una de las defensoras de las mujeres achi, declaró a medios locales que esta sentencia condenatoria reivindica a las víctimas ante la sociedad y ante sus comunidades, y les trae una justicia que esperan hace casi cuatro décadas.

«Se establece además la responsabilidad del Estado de Guatemala en la creación de las PAC y en la implementación de la violencia sexual como un arma de guerra», agregó Xiloj.

Las demandantes Achí identificaron a los expatrulleros Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, y Damián, Gabriel y Francisco Cuxum Alvarado, este último extraditado por Estados Unidos en mayo de 2019, tras ser arrestado por ingresar ilegalmente al país.

Este proceso fue interrumpido el 21 de junio de 2019, cuando la jueza Claudette Domínguez, del juzgado de Mayor Riesgo «A», dejó en libertad a los sospechosos por supuestos errores en la acusación presentada en 2012.

El Ministerio Público pidió separar del caso a la jueza Domínguez, acusándola de prevaricato y denegación de justicia.

Según la declaración de los peritos, estas agresiones sexuales no fueron un caso aislado durante el conflicto armado, que dejó unos 200.000 muertos y 45.000 fueron desaparecidos, la gran mayoría indígenas mayas.

Sputnik

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