Gobierno de la capital argentina accedió a datos biométricos de 7,5 millones de personas

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires rastreó los datos biométricos de 7,5 millones de personas en el marco de una búsqueda de personas reclamadas por la justicia, lo que llevó a un juez a suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos, certificó a la Agencia Sputnik el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

«Ante el descubrimiento de que la ciudad pidió esta cantidad de datos masivos, y que no hay ningún sistema de control de qué estaba pasando, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad, Roberto Gallardo, ordenó que se suspendiera el sistema y se investigara para qué lo usaron», señaló la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky.

Entre abril de 2019 y marzo de este año, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la capital realizó 10 millones de búsquedas sobre 7,5 millones de habitantes, de los que se pidieron su información biométrica.

Ese rastreo se llevó a cabo a través del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRPF) y a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) suscrito en 2019 que solo les permitía abordar un universo de poco más de 40.000 personas.

Dicho acuerdo autorizaba a cruzar la base de datos de esa institución con el listado de personas que tienen una orden de captura judicial.

Así pudieron utilizar las 9.500 cámaras de seguridad distribuidas por la capital que cuentan con un software de reconocimiento facial y cuyas imágenes llegan al Centro de Monitoreo Urbano que tiene bajo su órbita el Ministerio de Seguridad y Justicia.

«La pregunta es para qué la ciudad necesitó hacer todas esas búsquedas y qué alcance tuvieron, algo sobre lo que no tenemos claridad todavía», manifestó la titular del CELS.

La entidad, como parte de la investigación judicial que se originó por una denuncia del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), trata ahora de descifrar para qué pudieron ser usados esos datos.

«Por eso le pedimos al juez que suspenda el sistema y revise para qué estaban usando el sistema de reconocimiento facial», señaló Litvachky.

El CELS sospecha que ese caudal de información tan masiva, adquirida de forma ilegal por el Gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta, «estaba siendo usado para algo distinto a la búsqueda de prófugos y a las averiguaciones que pidan fiscales o jueces», según su directora.

Cuando aprobó la Legislatura aprobó el sistema de reconocimiento facial en 2019, «dispuso que tenía que haber una comisión de control que nunca se creó», refirió Litvachky.

La Defensoría del Pueblo, que indagaba por su parte, le pidió información al Gobierno de Rodríguez Larreta para que justificara cómo estaban usando el sistema de reconocimiento facial, sin que obtuviera nunca respuesta.

Sputnik

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