Ex presos de la dictadura uruguaya denuncian esfuerzo por «tergiversar» la historia

La apertura al público en Uruguay de la «Cárcel del Pueblo», centro clandestino en el que el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN) mantenía a sus secuestrados políticos en los años 60 y principios de los 70, es parte de una estrategia para «tergiversar» la historia reciente, según víctimas de la dictadura cívico-militar (1973-1985) que derrotó a esa guerrilla urbana y cometió numerosas violaciones a los derechos humanos.

Para ellos, la decisión del Gobierno de Luis Lacalle Pou de habilitar para visitas el sitio representa un tiro por elevación: la intención final sería «reescribir» los sucesos de la época para facilitar que exrepresores condenados por delitos de lesa humanidad recuperen su libertad u obtengan prisión domiciliaria.

La asociación de expresos políticos Crysol y la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en diálogo con la Agencia Sputnik, aseguraron que la noticia del inicio de las visitas públicas a la Cárcel del Pueblo omite el dato clave de que ese lugar fue utilizado también como centro de tortura por parte de los propios militares durante la dictadura.

«Pretenden cambiar la versión de la historia con la apertura de la cárcel. (…) Hay parte del Gobierno en este asunto (…) Esperemos que el ministro (de Defensa, Javier García) abra las puertas de todos los lugares donde hubo terrorismo de Estado, represión… porque hubo detenidos después del 72 (año en que fue derrotado el MLN). Hay un centro de tortura. Previo al 72 hubo detenidos, pero con un trato totalmente distinto. Si quieren mostrar eso, que muestren todas las cárceles que hubo, todos los lugares de detención que existieron durante el terrorismo de Estado», dijo a la Agencia Sputnik el vicepresidente de Crysol, Baldemar Tarocco.

Por su parte, Nilo Patiño, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo a la Agencia Sputnik que el Gobierno debería dar toda la información que rodea a la antigua cárcel tupamara.

«El problema es cuál es el contenido (de la promoción), porque no muestra toda la historia. (…) Fue una cárcel clandestina, donde en el 76 pasaron 100 presos, gente torturada, y también se usó para pinchar teléfonos durante la dictadura hasta el 85. Entonces, hay que ver qué es lo que van a hacer, si van a contar la mitad de la historia o toda. El discurso no nos agrada. No está bueno igualar cosas diferentes como es el terrorismo de Estado con una guerrilla y revindicar la teoría de los dos demonios», agregó.

Se conoce como «teoría de los dos demonios» a la interpretación histórico-política del pasado reciente uruguayo según la cual las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado de la dictadura son de algún modo equiparables con los actos de violencia de la organización guerrillera.

Desde que se anunció la apertura de la cárcel, el ministro de Defensa, Javier García, sostuvo que las visitas apuntaban a contraponer la historia del sitio con las denuncias sobre torturas, desapariciones y ejecuciones realizadas por la dictadura.

«Así como hay, desde hace ya mucho tiempo, visitas de ciudadanos uruguayos a lo que fue un centro de reclusión y de violación de derechos humanos en lo que era el Batallón de Infantería N.º 13, también aquí hay lo que fue un centro de reclusión clandestino y de violación de los derechos humanos que nunca se ha dado a conocer. Entonces puede haber uruguayos, como me consta que hay, que quieran conocerlo», dijo García en el Parlamento cuando dio a conocer el inicio de las recorridas.

«PRESIONES DE CABILDO ABIERTO»

Por otro lado, Tarocco, quien además es integrante de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, afirmó que se abrió este lugar por «presión» del partido Cabildo Abierto (derecha), integrante de la coalición de Gobierno, y del movimiento Foro Montevideo, que realiza una campaña para que exrepresores condenados sean liberados.

A principios de agosto, Cabildo Abierto, liderado por el excomandante del Ejército y actual senador Guido Manini Ríos, presentó en la cámara alta un proyecto de ley para que los exrepresores mayores de 65 años sentenciados por crímenes en la dictadura pasen a prisión domiciliaria.

Foro Montevideo señala que los exrepresores son «presos políticos».

El proyecto fue postergado el año pasado en el Parlamento, pero aún no se sabe si volverá a analizarse este año.

«Acá no hubo presos políticos, hay terroristas, quienes cometieron delitos de lesa humanidad y han sido juzgados con todas las garantías del debido proceso, cosa que no hubo antes. Ese relato de los militares lo viene haciendo (el expresidente Julio María) Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) de antes también, hablando de que hubo dos bandos enfrentados, pero no hubo una guerra, hubo un movimiento que intentó hacer política por las armas y fue reprimido», dijo Tarocco.

El vicepresidente de Crysol aseguró que existe un «intento por reescribir la historia» por parte de integrantes del gobernante Partido Nacional (centroderecha) y del Partido Colorado (centroderecha), también integrante de la coalición oficialista.

«Va a tener seguidores que van a repetir, como muchos de la prensa. Es lo que quiere Cabildo Abierto y no solo él, sino (también la escritora) Mercedes Vigil y todo un grupo de gente que hablaban de los ‘pobres viejitos presos’, y fueron torturadores, violadores, asesinos, secuestradores de niños y muchos de ellos saben dónde están los desaparecidos y no lo dicen», agregó.

En agosto, Vigil, en representación del Foro de Montevideo, se reunió con Lacalle Pou para pedirle la liberación de los exrepresores recluidos en la cárcel de Domingo Arena, ubicada en las afueras de la capital.

Por su parte, Patiño, dijo que «hay una campaña por una parte del Gobierno y algunos medios para mostrar a los militares como víctimas».

«Hay una parte del Gobierno que tiene el mismo ropaje que Cabildo Abierto. No me animaría a señalar a todo el Gobierno, pero sí Cabildo Abierto no me cabe ninguna duda que tiene toda una campaña reivindicativa, que está unida a la posible liberación o prisión domiciliaria de los militares que están en Domingo Arena», agregó.

PROPIETARIO

Por otro lado, Tarocco consideró que el lugar donde se encuentra la Cárcel del Pueblo sigue siendo propiedad del extupamaro José Luis Porras, quien la compró antes de vincularse al MLN, por lo que debería serle devuelta.

El vicepresidente de Crysol sostuvo que el anterior Gobierno, a cargo del Frente Amplio (izquierda), se «equivocó» al no retornar el sitio a manos de su propietario legal.

«La Cárcel del Pueblo es propiedad de un compañero que lo adquirió bastante antes de vincularse al MLN. Le presentamos toda la documentación a (el entonces ministro de Defensa, José) Bayardi (…) Bayardi no se animó hacerlo. Creo que fue un error del Frente de no haber devuelto esa casa a su dueño», agregó.

Como segunda opción, sostuvo, el sitio debería estar en manos de la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria.

«Pero este Gobierno no está respetando la Ley 19641. No te dejan entrar. Pero vamos a intentar que sea un sitio de memoria siquiera», agregó.

La Ley 19641 tiene por objetivo reconocer lugares donde las víctimas del terrorismo o de acciones ilegítimas del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales.

En Uruguay existen 370 causas presentadas ante la justicia por tortura, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestros y amenazas cometidos supuestamente entre 1972, poco antes del golpe de Estado, y 1978.

Sin embargo, solo un tres por ciento de las denuncias (11 causas) terminaron en una sentencia, según el Observatorio Luz Ibarburu.

Sputnik

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